En la Corte Constitucional

Discusión de la JEP, el "corazón" del Acuerdo de Paz

El próximo miércoles se realizará la audiencia pública sobre la Jurisdicción Especial para la Paz. Se trata de un debate fundamental para el futuro de la implementación del acuerdo Gobierno - Farc. 

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El Acuerdo de Paz con las Farc se firmó el 24 de noviembre del año pasado en el Teatro Colón, en Bogotá.
Cristian Garavito - El Espectador

El corazón del Acuerdo de Paz está en cuidados intensivos en la Corte Constitucional. Los magistrados de este alto tribunal tienen en sus manos el estudio de la esencia del proceso de paz: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), es decir, el modelo de justicia bajo el cual se negociaron la dejación de armas y el fin del conflicto armado con esta guerrilla de más de 50 años. Del resultado del examen final que haga la Corte del expediente dependerá, en pocas palabras, el futuro de este proceso. De los magistrados depende que este órgano imprescindible del Acuerdo salga de la sala de cuidados especiales y pueda aplicarse.

A partir del miércoles de la próxima semana empieza la recta final para saber qué va a pasar con la JEP. Para ese día, la Corte Constitucional convocó una audiencia pública que durará un día y medio y en la que participarán desde miembros del Gobierno, la Cruz Roja Internacional, académicos, organizaciones sociales y militares, hasta víctimas de las Farc y del Estado. Se trata de una cita histórica y de las mayor importancia para este proceso, pues será allí en donde los magistrados escucharán los argumentos en pro y en contra de la más alta calidad teórica y argumentativa, sobre por qué es necesario o no darle el visto bueno constitucional a este sistema de justicia.

Para entender la dimensión de este debate, Rodolfo Arango, profesor de la Universidad de los Andes y doctor en derecho constitucional y filosofía, uno de los académicos que la Corte escuchará, le explicó a este diario que el Acuerdo de Paz está construido como un trípode para una cámara. “En una pata está todo lo que tiene que ver con las tierras y la reforma que hay que hacerle al campo. En la segunda está la inclusión política de la guerrilla. Y en la tercera, y es el corazón del proceso de paz, están las víctimas y la justicia, que tiene como tarea establecer los responsables de los crímenes más atroces. Este es el tema sensible y es ahí en donde todo el proceso puede saltar en pedazos”, señala Arango.

La cita está pactada para el 5 de julio a las 8 a.m. A esa hora, el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, abrirá el micrófono de los intervinientes, luego de una breve presentación a cargo del presidente de la Corte, Luis Guillermo Guerrero, quien además es el magistrado encargado de la ponencia del expediente. Las intervenciones estarán divididas en tres núcleos temáticos. El primero de ellos se dedicará a la revisión de la naturaleza y el alcance que puede tener la decisión de la Corte, pues es la primera vez que este tribunal tiene la tarea de hacer un control automático a este sistema que, en el mundo jurídico, se conoce bajo el nombre de acto legislativo 1º de 2017 (vea el cronograma completo en http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Auto%20Audiencia%20P%C3%BAb...).

El segundo núcleo temático está previsto para hablar sobre el impacto del diseño que tiene la JEP sobre la Constitución y, especialmente, en la labor que tendrán la Comisión de la Verdad y la Unidad para la Búsqueda de Personas Desaparecidas. El tercero y último panel de intervenciones, que está programado para comenzar el jueves 6 de julio a las 8:00 a.m., está organizado para tratar el tema de cuáles y cómo van a funcionar los instrumentos judiciales y extrajudiciales para la materialización de la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición de la guerra. Cada una de las tres partes de la audiencia tendrá espacio para debatir las ponencias de los invitados y para que los magistrados les formulen preguntas.

El contenido de las intervenciones se ha mantenido reservado. Los invitados a la Corte han trabajado desde el pasado 23 de junio en el documento que presentarán en la audiencia. Lo que sí se sabe es que hay puntos de extrema sensibilidad. Por ejemplo, está el hecho de que la Corte Constitucional no esté facultada, según la JEP, para revisar las tutelas que se presenten dentro de este sistema de justicia. “Aunque estamos esperanzados en que no se va a tocar la esencia de la JEP, sí nos interesa que se discuta a profundidad el hecho de que la Corte ya no sea el organismo de cierre, como lo plantea la Constitución”, le explicó a El Espectador uno de los intervinientes.

Otro tema crucial, señalaron otros convocados, será el artículo 28 del Estatuto de Roma, que habla sobre la responsabilidad de mando de miembros del Ejército. Se trata de un concepto definido internacionalmente así: “El jefe militar o el que actúe efectivamente como jefe militar será penalmente responsable por los crímenes que hubieren sido cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo, o su autoridad y control efectivo, según sea el caso, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esas fuerzas”, si sabía o si debía saber que se estaba cometiendo o se iba a cometer un crimen, o si no hizo lo suficiente para evitar que el crimen fuera ejecutado.

“El acto legislativo en el Congreso dejó muchos vacíos en este aspecto. Por un lado, no es explícito si esa responsabilidad del mando también será aplicada a jefes guerrilleros como se estableció en el Acuerdo Final. Por otra parte, no son claras las exigencias para comprobar cómo funcionaba la cadena de mando. Eso nos preocupa mucho, pues de ello depende que en Colombia se condena efectivamente a los máximos responsables de las atrocidades que ha vivido el país”, indicó otro académico que participará en la audiencia. De cumplir con el cronograma pactado, al mediodía del jueves habrán terminado la audiencia.

Fuentes del alto tribunal calculan que el proyecto de fallo estará en todos los despachos en las próximas semanas para empezar el debate en Sala Plena, pues este proceso además tiene suspendidos todos los debates relacionados con la JEP, como la Ley de Indulto y Amnistía y la Comisión de la Verdad. Asimismo, la Corte anunció hace ocho días que sólo se dedicaría al estudio de los 40 casos relacionados con el proceso de paz y que el resto, los temas ordinarios, quedaban postergados. Por los pasillos del tribunal se siente ya que el tiempo apremia y que los ojos del país entero están puestos en el resultado de este debate y en si la JEP, el corazón del Acuerdo de Paz, queda finalmente en pie.

El conteo de votos

Aunque todavía no ha empezado el debate de este expediente, y el resto de los 29 casos relacionados con la paz están suspendidos, en la Corte ya se están calculando los votos. Funcionarios del alto tribunal señalaron que por un lado hay tres magistrados comprometidos con blindar la JEP contra cualquier amenaza: Alberto Rojas, Alejandro Linares y Antonio Lizarazo. “Luis Guillermo Guerrero y Gloria Ortiz son los jueces que presentarían más reparos en contra del acto legislativo y son ellos los que tienen más nerviosos a quienes apoyan este proceso”, señaló una fuente a El Espectador. Aún no se conoce la posición del magistrado encargado Iván Escrucería y hasta el próximo martes, cuando se defina su impedimento, no se sabrá si la magistrada Diana Fajardo podrá participar en la discusión de la Ley de Amnistía. 

Mientras que los impedimentos de Cristina Pardo y Carlos Bernal ya fueron presentados y ninguno de los dos hará parte de la discusión de la JEP, por haber participado en la elaboración del acto legislativo, el voto de Fajardo sería clave para consolidar la mayoría de magistrados en favor o en contra de la JEP. Lo que se espera, en todo caso, es que la Sala Plena consiga una votación mayoritaria y no sea necesario llamar a un conjuez para desempatar.

Nota de la editora: la primera versión de este artículo decía que la magistrada Diana Fajardo había presentado un impedimento para participar en la discusión del Acto Legislativo 1 de 2017. Sin embargo, el recurso que estudia el alto tribunal es si esta magistrada debe o no estar en el debate de la Ley de Amnistía.