Son tres delegados de la fiscal Bensouda

CPI regresa a Colombia: ¿abrirá investigación a generales?

Fuentes diplomáticas dicen que volvieron a Colombia por información que permita abrir investigaciones contra al menos 10 generales implicados en asesinatos de civiles que fueron presentados como guerrilleros muertos en combate.

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La Corte Penal Internacional tiene en la mira a 23 generales y seis coroneles activos y retirados del Ejército. / Archivo

No es normal que, en menos de seis meses, un organismo como la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) realice más de una visita oficial a un país. Pero Colombia es la excepción. Luego de que la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, pisara suelo nacional en septiembre de 2017 para solicitar información, entre otras cosas, sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la implicación de 29 altos mandos del Ejército en ejecuciones extrajudiciales, esta semana llegaron tres de sus delegados. ¿La razón? Fuentes diplomáticas señalaron a este diario que la intención de la CPI es abrir investigación formal en contra de algunos de estos oficiales cuestionados.

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Desde noviembre de 2012, cuando sacó el primer reporte interino sobre Colombia, la Fiscalía de la CPI tiene los ojos puestos en el país. El documento resaltó el interés especial de la Corte en hacer seguimiento a los casos de ejecuciones extrajudiciales en los que aparecen involucrados altos oficiales del Ejército. A inicios de 2017, la CPI hizo llegar al Gobierno un documento de 36 páginas en el que condensó su intención de investigar cinco casos potenciales en los que están implicados 23 generales y seis coroneles activos y retirados en 1.228 hechos conocidos como falsos positivos.

Con la entrega de ese documento al país llegó también la solicitud de Bensouda de acceder directamente a los archivos de la Fiscalía para revisar en qué habían avanzado las investigaciones en contra de personajes como los generales (r) Mario Montoya, Jaime Lasprilla, Óscar González, Luis Pico Hernández, Paulino Coronado y José Joaquín Cortés. Acompañada de un grupo de fiscales e investigadores de la CPI, Bensouda llegó a Colombia la segunda semana de septiembre del año pasado, para conocer de primera mano la información requerida. Se reunió con presidentes de las altas cortes, el secretario ejecutivo de la JEP, los ministerios de Justicia y Defensa, y el fiscal general, Néstor Humberto Martínez.

Al final de su visita, las expectativas de la fiscal Bensouda y su equipo no se cumplieron. En rueda de prensa dijo que no habían recibido información precisa por parte de la Fiscalía. A su vez, Fabricio Guariglia, director de la división de fiscales de la CPI, expresó: “Necesitamos información tangible y específica que demuestre la existencia de pasos investigativos concretos adecuados para llevar esos casos a la justicia. La ausencia de información específica nos deja en una posición muy incómoda”. Es Guariglia justamente quien esta semana comanda la delegación de la CPI que retornó al país a revolcar los expedientes que reposan en la Fiscalía y buscar la información que solicitan.

“El Gobierno ha sido ingenuo al permitir esta visita”, sostuvo una alta fuente diplomática que insistió en que la CPI tiene la firme intención de abrir investigación contra 10 o más generales retirados del Ejército implicados en ejecuciones extrajudiciales. Una situación con la que miembros del cuerpo diplomático no están de acuerdo, porque existen investigaciones en curso en la Fiscalía y la JEP será el tribunal donde la mayoría de estos casos se resuelvan para que no queden en la impunidad. Además, insisten, la Fiscalía colombiana puede negarse a entregar esta información, porque tiene reserva judicial.

Sin embargo, la CPI tiene una interpretación diferente. Le ha dicho al Gobierno colombiano que es su obligación entregar toda la información que requiere. Y además tiene la tesis de que las ejecuciones extrajudiciales no se perpetraron con ocasión del conflicto armado, sino que en su mayoría fueron crímenes que respondieron a incentivos que se ofrecían o beneficios personales que nada tenían que ver con el desarrollo de la guerra. Una postura que comparte el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien insiste en que estos casos deben ser atendidos por la justicia ordinaria.

El Gobierno, en cambio, sostiene que, si bien no todos los casos responden a las dinámicas del conflicto, no hay duda de que las ejecuciones extrajudiciales se debieron a la misma guerra que vivió Colombia durante medio siglo. Por eso, la JEP debe ser el escenario ideal para resolver estos casos, pues parte fundamental de lo acordado en La Habana es que militares y excombatientes de la guerrilla accedan a los mismos beneficios. Este sistema de justicia transicional apenas abre sus puertas y ya es claro que una de sus preocupaciones principales es juzgar a los responsables de asesinar civiles y de hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate.

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Pero las críticas de la CPI a la JEP abundan. La fiscal Bensouda, en documento enviado hace cinco meses a la Corte Constitucional, sostuvo que no hay claridad frente a la concepción de la responsabilidad de mando (figura con la que se juzgaría a altos mandos militares) y las sanciones que se impondrán no satisfacen el derecho a la justicia para las víctimas. Algo directamente ligado al juzgamiento de generales y coroneles involucrados en ejecuciones extrajudiciales. Estos argumentos inquietan al Gobierno, pues consideran que la posible intervención de la CPI a la hora de juzgar estos casos puede tener implicaciones letales para lo que se acordó en La Habana.