¡Vuelve y juega! Los archivos militares del conflicto

Como parte del "Caso 003", que trata sobre los homicidios en persona protegida −conocidos mediáticamente como falsos positivos−, el magistrado Óscar Parra Vera, de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, profirió recientemente el auto OJPV-003-0001 en el que requiere a la cartera de Defensa el envío de información de cuatro divisiones del Ejército.

Hasta ahí nada fuera de lo común, si no fuera porque los archivos emplazados corresponden a la bobadita de 33 años (1983-2016), con algunos periodos puntuales (2000-2010 y 2000-2016) que, curiosamente, coinciden con los gobiernos de Álvaro Uribe y su sucesor Juan Manuel Santos.

De no ser por el escaso margen de tiempo entre esta solicitud y una similar de la Comisión de la Verdad, el asunto pasaría de agache. El ciudadano desprevenido podría suponer que es mera coincidencia, a la que, por arte de magia, se suma la entrega al sistema de justicia transicional de 80 informes y 10 balances autoría del Centro Nacional de Memoria Histórica −CNMH− con datos del conflicto desde 1958 a la fecha.

Es en este punto donde rondan en mi cabeza una serie de dudas no resueltas. ¿Será que el sistema de justicia transicional unió esfuerzos para probar, lejos de toda duda, que el Estado, sus agentes y los terceros en aquiescencia con este, deben ocupar un sitial de privilegio en el banquillo de los acusados dispuesto para los falsos positivos y otras conductas contrarias a derecho?

Quisiese pensar que estos requerimientos no se apoyan en las tesis del derecho penal alemán que tanto extasiaban al ex Fiscal Montealegre. Me refiero a la teoría de “el hombre de atrás” o “el autor detrás del autor”, propias de la autoría mediata por dominio de la voluntad y el control de aparatos organizados de poder, idea del jurista Claus Roxin en los 60 y cuyo punto de partida deviene de su colega Hans Welzel en el 39.

Para el rol estelar de hombre de atrás en los falsos positivos, ¿la JEP estará pensando en un expresidente en líos jurídicos y/o en un alto mando militar que últimamente puso su causa a merced de los tribunales de la transición? ¿El Ejército sería ese aparato de poder organizado dispuesto para tan perversa causa?

Surgen más dudas. Si Parra Vera profirió este auto para priorizar los falsos positivos, ¿por qué no pidió documentos militares específicos sobre los procesos que le allegó la Fiscalía, cerrando la brecha en términos de geo-referenciación (dispositivo militar) y temporalidad (fechas específicas)? ¿Lo animará la idea de pescar en río revuelto?

Al tratarse de un requerimiento judicial, el auto da plazo perentorio de cinco días a partir de la recepción de la solicitud para que el Mindefensa allegue la documentación exigida. Ante el volumen y la calidad de lo pedido, me pregunto ¿por qué un término tan exiguo? ¿Estará nublado su juicio en razón de su activismo en el pasado?

Para terminar, reflexionaré brevemente sobre el trabajo que publicitó el CNMH. Según Andrés Suárez, en los 80 informes y 10 balances sobre el conflicto, su equipo determinó el qué, el quién, el cómo y el cuándo y “el por qué −en referencia a los componentes del sistema− deben responderlo ustedes”.

De ser esto cierto, la Comisión de la Verdad debería disolverse ipso facto −no sin antes fungir como simple notario de lo actuado por el CNMH−. Así, el dinero que los colombianos gastamos en el funcionamiento de la Comisión podría tener mejor destino. 

La afirmación de Suárez es falaz.  La memoria histórica no constituye per se verdad absoluta, pues se teje de relatos de las víctimas, que −si bien tienen valor desde la vivencia y contribuyen a los procesos de resiliencia− jamás alcanzarán el rigor que exige la investigación histórica.

Este dossier es en realidad una suma de relatos y contextos deshilvanados entre sí. Configuran una aproximación a lo ocurrido en el conflicto, pero nunca la verdad revelada como se dijo en algunos medios. Al dividir 80 informes entre los años de labores del CNMH, se obtiene una media de 10 trabajos por año, que, ni siquiera, satisface los estándares de la investigación social en términos de tiempo. 

El trabajo del CNMH, verbigracia, presenta sesgos marcados y olvidos imperdonables sobre la violencia ejercida por las organizaciones armadas ilegales contra diferentes sectores de nuestra sociedad.

Sería sano que el nuevo gobierno, respetando la autonomía de los poderes públicos, bajo la egida del imperio de la ley y preservando el espíritu misional, revisará los procedimientos y las actuaciones del sistema de justicia transicional. ¡Presidente, tome usted cartas en el asunto!