“Vamos a investigar en territorio, a pesar del presupuesto limitado”: fiscal de la JEP

Al margen del enfrentamiento entre la Fiscalía y la JEP, Giovany Álvarez, fiscal de ésta jurisdicción, asegura que adelanta más de 300 solicitudes de excombatientes de las Farc y miembros de la Fuerza Pública y preparan su primera exhumación.

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Giovanni Álvarez, fiscal de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). / Mauricio Alvarado

La Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) es la encargada de garantizar los derechos de las víctimas, de investigar los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio, cuando no haya reconocimiento de la responsabilidad y, de ser necesario, acusar ante el Tribunal de Paz a las personas que investigue la magistratura. Giovanni Álvarez, el director, explica que el trabajo de investigación en esta fase inicial se lo han repartido en siete grupos: de protección, de investigación de violencia sexual, de género, de asuntos étnicos, técnico forense, de análisis, contexto y estadística, y policía judicial.

Actualmente, adelantan más de 300 solicitudes sobre la conductas de excombatientes de Farc y miembros de la Fuerza Pública, preparan la primera exhumación, que se realizará en los próximos días, y adelantan reuniones con víctimas y con gobiernos regionales para, a final de año, tener funcionando tres sedes de la Unidad en distintos territorios.

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¿Cómo ha sido su comunicación con la víctimas?

El proceso de comunicación con las víctimas de todos los sectores es lo más activo que hemos hecho desde que nació la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), debo decirlo. Uno de los principales mandatos que se le impusieron a la UIA fue la elaboración del protocolo de comunicación con las víctimas, incluso antes de mi posesión, en octubre o noviembre del año pasado, ya me empecé a reunir con las organizaciones de víctimas para escuchar sus inquietudes y ver cómo se construía el protocolo, que de hecho ya se está terminando de hacer.

¿Qué dice ese protocolo y cómo se ha construido?

Buscamos que esa comunicación sea acorde con la filosofía que tiene el proceso de la JEP, es decir, no revictimización, reconocimiento de las víctimas, participación en el proceso dialógico que se va a desarrollar, los criterios de interacción, etc. Eso varía. Nosotros somos un país multiétnico y multicultural, por eso convocamos a las comunidades étnicas, a la comunidad LGBTI, a las mujeres víctimas del conflicto, a los representantes de los menores, los desaparecidos... porque cada uno tiene una visión distinta. Incluso, si hablamos de comunidades étnicas, su cosmovisión es diferente a la nuestra.

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La magistratura de la JEP ya les ha hecho solicitudes, ¿de qué se tratan? ¿En qué han avanzado?

Tenemos más de 300 solicitudes ya en camino, son de diferentes clases. Unas relativamente sencillas, propias de la policía judicial, relacionadas con la investigación de conductas de excombatientes de las Farc y miembros de la Fuerza Pública; otras son un poco más complejas, de trabajar con un magistrado, a proyectar qué y cómo se harán investigaciones.

¿Por qué hicieron una solicitud para proteger los bienes de las Farc que deben usarse para reparar a las víctimas?

La Unidad de Investigación y Acusación es la que tiene que representar y garantizar los derechos de las víctimas en todos aquellos casos donde no haya aceptación individual o colectiva. Esa construcción parte de que haya con qué reparar a las víctimas y la Corte Constitucional fijó unos parámetros, diciendo que los bienes de las Farc deben ser dedicados exclusivamente a la reparación de las víctimas y nosotros queremos asegurar que eso sea así.

¿En qué va esa solicitud?

Ya se pidió que se fijara fecha para la audiencia. Los magistrados hicieron unos requerimientos a unos organismos del Estado. Estamos esperando que transcurran los 30 días que tenían, para que los magistrados convoquen a la audiencia.

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¿Qué están investigando en esta primera fase, en la que todavía no hay reconocimiento o no reconocimiento de verdad?

Los magistrados han priorizado varios casos y nosotros estamos trabajando en eso, pero adicionalmente estamos en un proceso de preparación para efectos de abordar las investigaciones que ha futuro vamos a tener. Eso parte de recopilar información de hechos del conflicto a nivel nacional, en algunos temas fundamentales desde el Acuerdo de Paz, como la violencia sexual, reclutamiento y utilización de menores y otros temas que nos van a permitir entender y adelantar rápidamente las investigaciones cuando las recibamos.

¿Cómo están recopilando la información dentro de la Unidad?

Tenemos varios grupos. Tenemos la policía judicial; un grupo que analiza las solicitudes de protección que se hagan; el grupo de enfoque diferencial y de género, el grupo de asuntos étnicos, que está en comunicación permanente con el grupo étnico de la magistratura; el grupo especial de investigación de casos de violencia sexual, donde hay psicólogos, médicos, investigadores, abogados que se van a encargar exclusivamente de estos asuntos; el grupo técnico forense; y tenemos el grupo de análisis de contexto y estadística (Grance). Esto es importante porque nosotros vamos a adelantar investigaciones en contexto.

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¿Cómo se articulan estos grupos?

Los grupos tienen que trabajar en forma articulada con el Grance, porque se va a convertir en el depositario de la información que recaude todo el equipo de la UIA y, por supuesto, en la medida de lo posible, de toda la Jurisdicción, en apoyo de los magistrados cuando así lo requieran. Ellos serán los encargados de analizar la misma de acuerdo con los requerimientos que se le hagan por los magistrados, como por los fiscales de la Unidad.

¿Cómo trabaja el grupo Técnico Forense con la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos?

Ese es un tema que estamos hablando con la doctora Luz Marina Monzón, entendiendo que ellos tienen una función humanitaria y nosotros una función judicial. En aquellos casos en los que se requiera la participación del componen judicial, trabajaremos juntos. Lo mínimo a lo que tenemos que llegar es que si nosotros tenemos información de un cuerpo de una persona que haya que exhumar y la familia quiere que eso se haga a través de los mecanismos humanitarios y no judiciales, pues simplemente lo pondremos en conocimiento de la Unidad de Búsqueda, para que ellos hagan el procedimiento y le respeten los derechos a las víctimas. Esperamos que pase lo mismo de allá para acá, Habrá muchas personas que dirán: ‘yo sí quiero esto, pero quiero que se adelante el proceso judicial’. Entonces estaremos en comunicación permanente con ellos.

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Ustedes han anunciado que estarán en 18 lugares a nivel nacional, ¿cómo será el despliegue territorial?

Quisiéramos 18, pero solamente van a ser 10. Dividimos esto por regiones y por algunos criterios: donde el conflicto fue bastante fuerte, donde haya mucha aglomeración de víctimas y atendiendo las vías de comunicaciones y los diferentes apoyos que necesitemos.

¿Que ya no sean 18 sino 10 es un problema presupuestal?

Exacto. Eso fue lo que se autorizó cuando se hicieron los requerimientos de personal y de sedes, solo se autorizaron 10.

¿Cómo van a garantizar la investigación territorial, a pesar del presupuesto?

Como hemos tenido el problema presupuestal, estamos buscando el apoyo de alcaldes y gobernadores para que nos faciliten sedes donde pueda la JEP despachar en las diferentes regiones. Antes de que termine este año, aspiramos a tener tres o cuatro sedes. Los gobiernos locales nos han dicho que ellos quieren apoyar la atención a las víctimas en las diferentes regiones y eso va a facilitar el funcionamiento de las sedes. Esa investigación territorial se va a hacer como tenga que hacerse, va a ser la única forma en que funcione la jurisdicción.

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