Perfil

Un magistrado con cosmovisión totoró y yanacona

La historia de Miller hormiga, un indígena totoró que será magistrado de la Justicia Especial para la Paz. Un comunero que defendió a los aborígenes en la guerra y que conoce del derecho propio de los ancestrales. 

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José Miller Hormiga Sánchez, magistrado de sala de justicia en la JEP. / Henry Caballero.

No es un magistrado que domina el inglés, al contrario, poco sabe de la materia. Su esfuerzo todo lo concentra en las lenguas propias de los indígenas del Cauca, por lo que dice ser un bilingüe jurídico. De los nasas, guambianos, yanaconas, coconucos, emberas, totoroes, inganos y guanacos. Los ocho pueblos ancestrales que perviven en ese departamento del sur de Colombia.

Se llama José Miller Hormiga Sánchez, con el apellido de su madre, una indígena yanacona que vive en las montañas del macizo colombiano, donde nace el río Magdalena. Hormiga nació en el pueblo de su padre, Totoró, el 9 de febrero de 1968 hace 49 años. Fue el abogado que defendió al líder indígena Feliciano Valencia, acusado de secuestrar a un soldado en medio de una minga en el norte del Cauca y declarado inocente por la Corte Suprema de Justicia en junio de este año.

Ese es su pasado más visible y no lo niega. “Uno cuando es indígena, es indígena todo el tiempo”, responde cuando se le pregunta la fecha en que inició a trabajar con las comunidades aborígenes. En últimas, esa es su mayor carta de presentación ante una justicia especial de paz que tiene como principio la pluralidad. “Soy abogado de causas sociales y fui asesor jurídico de las comunidades negras e indígenas”, subrayó en la motivación ante el comité de escogencia de los magistrados que juzgarán todos los delitos relacionados con el conflicto que ocurrieron antes del 1° de diciembre de 2016.

Otrora, Hormiga trabajó 16 años como obrero del acueducto de Popayán, donde fue presidente del sindicato de la empresa municipal, cargo que lo llevaría pronto a ser el líder principal del sindicato nacional de servicios públicos. A la par, desarrolló sus estudios de literatura y lengua española en la Universidad del Cauca. En 1995 obtuvo el título, pero empezando el nuevo siglo renunció al overol del acueducto y se dedicó a ejercer su profesión de licenciado en literatura en la Escuela de Administración Pública (Esap). En 2002 se graduó de abogado, también de la Universidad del Cauca, tiempo en el cual fue personero del municipio de Timbio hasta 2004. Hormiga también se desempeñó como defensor público en el municipio de Piendamó (centro del Cauca) hasta 2008.

Con todas las complejidades que vivía este departamento del Pacífico para esa época, trabajó en la segunda etapa del Laboratorio de paz en Colombia, un proyecto financiado por la Unión Europea y que estuvo por más de una década en el país, en medio de la guerra. Lo hizo para fortalecer la gobernanza en los cabildos indígenas.

El primero de mayo de 2009 inició su labor de frente con el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), y entonces llegaría con una interpretación jurídica para un momento crítico en la vida de esas comunidades en sus territorios: consolidar el programa de derechos humanos del Cric, con el fin de registrar todos los hechos victimizantes que pasaban en las tierras de los aborígenes y que estaban afectando la gobernabilidad.

En Cauca el conflicto tuvo sus picos más altos entre 2001 y 2003. Luego, entre los años 2008 y 2011, la situación se agudizó e imperó lo que ya era una costumbre en la guerra: el confinamiento, la muerte, el hambre y, en algunos casos, el exterminio de pueblos aborígenes. “Esa es una de las razones para iniciar con el programa de derechos humanos. El objetivo era tener en cuenta a las víctimas para acompañarlas y representarlas judicialmente”, dijo el nombrado magistrado Hormiga, quien aseguró que fue el defensor de los comuneros que resultaron afectados por la guerra.

Dicho programa se soportó en la promoción por el respeto a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, para que los actores armados no involucraran a la población civil en la confrontación. Entonces, Hormiga se convirtió en el primer coordinador que tuvo el programa de Derechos Humanos del Cric.

Ahí conoció todos los dolores de las víctimas y con esa información construyó, junto a la organización, una base de datos para luego proyectar informes internacionales como los que presentó en 2009 y 2010 ante los relatores de las Naciones Unidas que visitaron el Cauca: el de pueblos indígenas, el de la independencia judicial y el de los defensores de derechos humanos.

Junto al movimiento indígena, Hormiga también incidió en 2011, tras aprobada la Ley de Víctimas, para que el Gobierno expidiera tres decretos con fuerza de ley y con enfoque diferencial para tratar a las víctimas de comunidades indígenas, Rom (gitano), negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros.

“Mi conocimiento como indígena sobre el derecho propio, el origen de los usos y costumbres y los procedimientos las comunidades, me dan la posibilidad de entender esta situación y tratar de manejarla en un marco del respeto, del cumplimiento de los estándares internacionales y, desde luego, en coordinación entre las dos jurisdicciones, buscando que haya garantías tanto para las víctimas como para los procesados con un enfoque diferencial étnico”, respondió Hormiga a la pregunta de si su presencia garantizaba la armonía entre la JEP y la justicia indígena.

El Cric ha respaldado desde un principio su postulación. De hecho, ante el comité de escogencia, la organización ancestral envió un escrito en el que exaltaron las capacidades y experiencia del abogado Hormiga para ser magistrado de una de las salas de justicia de tribunal especial de paz. “…Con sus acciones, Ha logrado en la práctica la materialización de los derechos con enfoque diferencial étnico”.  

Igualmente, el texto pone de presente por qué es necesario un magistrado indígena en esta justicia: “La justicia para la paz no puede desconocer la realidad cultural que enmarcó el conflicto armado, en especial, porque las confrontaciones se desarrollaron en nuestros territorios, porque dejó muchas víctimas y afectaciones territoriales, como también terminó involucrando a nuestros comuneros con los grupos armados legales e ilegales”.

Su fortaleza es la experiencia vivida dentro de las comunidades indígenas y afro. Con esta última, en agosto de 2013 tuvo contacto cuando empezó su labor en la Unidad de Restitución de Tierras en el Cauca. Asesoró al Consejo Comunitario Renacer Negro, de Timbiquí, y ganó la pelea para que les restituyan los derechos territoriales a esta población del Pacífico colombiano, que sigue teniendo como verdugo a las retroexcavadoras de los mineros ilegales.

Miller Hormiga es un magistrado particular, pues quienes historicamente han dirimido las copetencias de las dos jurisdicciones, en casos de indígenas involucrados en el conflicto, siempre fue la justicia ordinaria, donde nunca ha habido un togado ancestral. “Lo que es claro es que nosotros tenemos que aportar a la justicia y a la paz. Entonces hay sopesar esas dos cosas”, puntualizó el magistrado del pueblo Totoró.