Sin información no se puede pasar la página del conflicto

A raíz de la iniciativa para limitar a la justicia transicional el acceso a información, expertos consultados coinciden en que podría ser contraria a la Constitución y vulneraría los derechos de las víctimas.

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La iniciativa busca que “bajo ninguna circunstancia” el sistema de justicia transicional acceda a información reservada. / Getty Images

Atarle las manos a la justicia transicional para acceder a información es, una vez más, motivo de controversia. La semana pasada trascendió que la bancada del Centro Democrático en el Congreso radicó un proyecto para incluir un artículo en la Constitución que busca impedir que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas puedan solicitarles a instituciones del Estado cualquier tipo de documentos, expedientes reservados o de cualquier índole que les permitan cumplir con su misión.

Los congresistas han esgrimido todo tipo de razones: desde el posible riesgo de “romper la seguridad y defensa del Estado”, pasando por el eventual deterioro de los protocolos en protección a la información, e incluso la desconfianza que les genera que esos datos sean analizados por personas con una tendencia ideológica “de izquierda”. Por otra parte, expertos consultados por Colombia 2020 aseguran que la iniciativa legislativa puede tener reparos desde distintas perspectivas.

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Para el profesor alemán Kai Ambos, un referente académico mundial en temas de justicia transicional y consejero extranjero de la JEP, este proyecto es el “ataque más frontal a un sistema jamás visto en el mundo”, en virtud a que se requiere del acceso de información para contribuir, por ejemplo, al esclarecimiento de la verdad. “El eje central de cada sistema de justicia transicional es el establecimiento de la verdad histórica y, sobre esta base, la creación de la memoria histórica. Esta memoria es importante para la sociedad (colombiana) en su conjunto y así igualmente para víctimas y victimarios, pues ambos grupos pertenecen y siguen viviendo en la sociedad”.

A juicio de Kai Ambos, de lograrse esta iniciativa se acabaría con las instituciones que componen el sistema de justicia transicional. En ese mismo orden, Juan Carlos Ospina, coordinador de Incidencia Nacional de la Comisión Colombiana de Juristas, considera que el hecho de que esas instituciones no puedan acceder a cualquier tipo de información es como “tener un carro sin gasolina”. Coincide en que la base de todo el sistema radica en la posibilidad de conocer lo que pasó en el conflicto y que los mecanismos que la componen buscan cumplir esa misión: la JEP, desde el punto de vista penal; la Comisión de la Verdad, a través de la construcción de una narrativa que esclarezca patrones de violencia, y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, con un carácter humanitario y extrajudicial. (Lea acá la columna completa de de Kai Ambos)

“Es un proyecto que destruiría el núcleo esencial del sistema de justicia transicional: que en cualquiera de los tres mecanismos la base de todo es la verdad. Acceder a información que les permita establecer con un grado de certeza la responsabilidad penal, las responsabilidades colectivas o la ubicación de las personas desaparecidas es el único camino para poder encontrar la verdad sobre lo ocurrido”.

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Ospina llama la atención también sobre los posibles efectos de este proyecto. Asegura que, de aprobarse, se crearía un “nuevo paradigma para el acceso a la información en Colombia”. Es decir que, por estar en la Constitución, este artículo derivaría en una serie de interpretaciones que podrían obstaculizar el acceso de información para cualquier ciudadano o cualquier otra entidad. “Aunque el proyecto dice que es para el sistema de justicia transicional, se convierte en un parámetro constitucional para todo el tema de acceso de información”, afirma Ospina.

Heidi Abuchaibe es docente de la Universidad Externado y consultora en temas de justicia transicional. Ella asegura que la iniciativa, como está planteada, tiene distintos problemas, porque no distingue entre los tipos de entidades a los que hace referencia, y que hay precedentes internacionales que protegen los derechos de las víctimas a acceder a la información. “Hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece la responsabilidad del Estado de México sobre todo por fijar reservas que impliquen una negación absoluta del derecho de las víctimas a conocer la verdad, a que los hechos puedan ser investigados. Ese tipo de reservas, internacionalmente, son prohibidas. Entonces habría que verlo, no sólo a la luz de la legislación nacional, sino también de la internacional”.

De acuerdo con la investigadora, existe una limitación no solo en materia de transiciones sino frente a graves violaciones internacionales a los derechos humanos e infracciones  al DIH, "que prohibe fundamentar en reservas la no obtención de información para develar lo sucedido y garantizar los derechos de las víctimas". "El establecimiento de reservas debe ser constitucional y legal y sometida a control. No es absoluto y debe obedecer a razones de garantía de derechos y temas de seguridad".

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Sobre los cuestionamientos del proyecto a los integrantes del sistema, Kenneth Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, considera que esto debilitaría el sistema de justicia transicional, “pues sus funcionarios estarían cubiertos por un manto de desconfianza”, y se constituiría en un obstáculo para las víctimas en la búsqueda de la verdad por los hechos más graves del conflicto. “El proyecto, de ser aprobado, generaría una antinomia con las normas constitucionales de la JEP en materia de acceso a la administración de justicia de las víctimas y su derecho a informarse. Con este acto legislativo, el Estado se estaría negando a sí mismo información, desconociendo derechos fundamentales originados en la política estatal de paz”.

Hasta ahora, el artículo que se busca introducir en la Constitución es una iniciativa de 11 congresistas y, para ser realidad, requiere de ocho debates (cuatro en un período legislativo y cuatro en el siguiente). Eso quiere decir que, de surtirse todo el trámite sin obstáculos, entraría en vigor durante el segundo semestre de 2019. Mientras el debate político se desarrolla, el sistema de justicia transicional sigue teniendo luz verde para acceder a la información que requiera para esclarecer lo ocurrido durante el conflicto armado.

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