Respaldo a la Justicia para la Paz en la Corte Constitucional

La mayoría de los altos funcionarios que expusieron en la Corte Constitucional el miércoles le pidieron a ese tribunal que declarara la JEP acorde a la Carta Política del 91. Este jueves habrá más intervenciones.

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Este jueves, ante la Corte, hablará la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc. / EFE

La prueba de fuego que atraviesa la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) arrancó este miércoles en la Corte Constitucional, a donde fueron citados delegados del Gobierno, la academia y organizaciones sociales para debatir públicamente si ese sistema de justicia se ajusta a la Carta Política del 91. La discusión seguirá un día más. Es un asunto complejo: lo que está en manos de la Corte es probablemente, junto con la participación política, el punto que más le interesa a las Farc. Y no solo a ellos. De la JEP también se están beneficiando miembros de la Fuerza Pública, que encontraron en ella —a través de la libertad condicionada— un camino de regreso a casa a pesar de sus cuentas pendientes con la justicia.

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“Se equivocan quienes sostienen que esta reforma se reduce a otorgar beneficios judiciales a guerrilleros de las Farc. Al contrario, dota al Estado de una institucionalidad robusta dirigida a imponer sanciones de diferentes tipos a todos los actores del conflicto armado”, sostuvo ante los nueve magistrados de la Corte (ocho titulares y uno encargado) Enrique Gil Botero, ministro de Justicia, uno de los primeros en intervenir en nombre del Gobierno. “Este nuevo modelo está ajustado a los parámetros de la Constitución Política, por lo que pido que se declare constitucional”, manifestó.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, también defendió la JEP como era de esperarse. Señaló que el Acto Legislativo 01 de 2017, con el cual se agregó a la Constitución temporalmente el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, “permitirá ahora más que nunca la terminación del conflicto armado”. Rivera agregó que este sistema de justicia transicional establece los mecanismos para que “nadie tenga otra vez excusa para empuñar las armas” y, además, se refirió en específico a un interrogante que sembró el fiscal general, Néstor Humberto Martínez: “No hay razones para decir que se van a entorpecer las investigaciones que adelante la justicia ordinaria”, aseguró Rivera.

El fiscal, sin embargo, no está del todo convencido de que los límites entre jurisdicciones hayan quedado claros y así se lo expresó a la Corte. Martínez, una vez más, centró sus inquietudes en el tema de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y arguyó que tal como quedó la JEP, no se sabe qué organismo será el competente para investigar a quienes hayan financiado a la guerrilla o se hayan enriquecido con ella. “(La JEP) nada se dice de los auxiliadores”, reclamó el alto funcionario, quien agregó que se le abrirá la puerta a la impunidad porque no se podrá determinar gracias a qué terceros las Farc pudieron actuar y fortalecerse. “Colombia tiene derecho a hacer tránsito a una paz sosegada”, dijo Martínez.

La Procuraduría, por su parte, le pidió a la Corte especialmente que mantuviera “la competencia de intervenir en defensa de los derechos de las víctimas”. El viceprocurador, Juan Carlos Cortés explicó así de esta manera la importancia de que esa medida se mantenga: “Ello genera un efecto de control general en todos los procesos, frente a los derechos fundamentales y las garantías procesales, en la medida que no habría proceso cerrado al escrutinio del Ministerio Público, como guardián y promotor de los derechos humanos y la protección del interés público, según lo establece el artículo 277 de la Carta”.

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En general, la mayoría de quienes expusieron en la Corte Constitucional respaldaron la existencia de la JEP. Después de que sentaran sus posturas el Congreso, la Fiscalía, la Procuraduría y el Gobierno; la Corporación Excelencia en la Justicia y la Comisión Colombiana de Justicia; y algunas voces individuales como Rodolfo Arango o Humberto Sierra Porto; este jueves hablarán la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Human Rights Watch y el Centro Internacional para la Justicia Transicional, entre otros. Ya después la Corte Constitucional hará su propia deliberación. Están en juego el Tribunal Especial de Paz, las comisiones de la Verdad y de Búsqueda de Personas Desaparecidas, y la Ley de Amnistía. En pocas palabras, el motor que hace que el Acuerdo de Paz funcione.