Por determinaciones de la Corte Constitucional y el Senado

¿Renegociando la JEP?

El régimen de inhabilidades de los magistrados del sistema de justicia transicional, que definió el Senado, provocó un aluvión de críticas al considerar que se está incumpliendo con lo pactado en el Acuerdo de Paz. 

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La creación de la Jurisdicción de Paz (JEP) va a paso lento y en medio de decisiones polémicas. / Cristian Garavito - El Espectador

Cuando Sergio Jaramillo, excomisionado de Paz, advirtió que la coincidencia del calendario electoral de 2018 con el primer año de implementación del Acuerdo de Paz con las Farc iba a ser explosiva, nadie alcanzó a dimensionar las implicaciones del presagio. “Esa coincidencia es una verdadera maldición y desaparece el sentido de responsabilidad, pues mucho de lo que se dice obedece a un pequeño y egoísta interés político”, dijo. Y hoy, a ocho días de que se conmemore el primer año de la firma del Acuerdo Final del Teatro Colón, las decisiones de la Corte Constitucional y el Senado tienen al borde del colapso el sistema de justicia transicional, al que se acogieron cerca de 11 mil excombatientes de la desmovilizada guerrilla.

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De un lado, la aprobación de la ley estatutaria de la JEP, en su segundo de tres debates en el Congreso, ha prendido las alarmas sobre una serie de modificaciones que parecen ser contrarias al espíritu de lo pactado en La Habana. Una, por ejemplo, estableció un desequilibrado régimen de inhabilidades para los recién seleccionados magistrados de esa justicia transicional que, de quedar en firme, lanzaría por la borda la elección de la mayoría de juristas que integrarán el Tribunal de Paz y las salas que conforman el sistema, y le daría un golpe mortal al trabajo del Comité de Escogencia que se pactó en el Acuerdo, y del que hicieron parte, nada más ni nada menos, que el secretario general de la ONU, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entre otros.

Del otro, la lectura reposada de la decisión de la Corte Constitucional que declaró exequible el acto legislativo que creó la JEP, deja más dudas que certezas sobre el futuro del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición. La exclusión de los civiles de la obligación de comparecer ante el Tribunal de Paz, la limitación de sus competencias como órgano de cierre y solución de competencias —devolviéndole la última palabra a la justicia ordinaria— parecen más una renegociación de lo pactado en Cuba, que un acto de implementación de la paz.

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Frente a lo decidido por el Senado sobre el régimen de inhabilidades, de entrada se afectaría a por lo menos 15 de los 38 elegidos para ser parte del sistema de justicia transicional. Según esta corporación, no se podrán posesionar las personas que de cinco años para acá hayan ejercido representación judicial o administrativa en hechos del conflicto armado y que hayan sido defensores de derechos humanos, o pertenecido a organizaciones de defensa de víctimas, o hayan adelantado reclamaciones contra el Estado como defensores de derechos humanos o en representación de organizaciones sociales.

En pocas palabras, se cerró de un portazo la posibilidad de que defensores de derechos humanos e importantes abogados con trayectoria en el derecho penal internacional fueran magistrados de la JEP. Una inhabilidad sin precedentes en el país y que va en contravía de lo dispuesto, pues según la misma Corte Constitucional, en su reciente fallo que avaló el acto legislativo que le daba vida a la JEP, estableció que el régimen de inhabilidades y competencias que regirá para los magistrados de ese nuevo sistema de justicia transicional será el mismo que aplica para los altos jueces de la justicia ordinaria. Precisamente, ese régimen en ningún momento establece que quienes hayan ejercido la defensa de derechos humanos estén inhabilitados para llegar a una alta corte.

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Ya el Gobierno, a través del ministro del Interior, Guillermo Rivera, anunció que buscará en la Cámara de Representantes, en el último debate, revocar lo dispuesto por el Senado. “Si esta disposición es reafirmada en la Cámara y en la conciliación (los dos pasos que faltan) “quedaríamos mal ante la comunidad internacional (...) nos parece que es  inconstitucional, se abrió una convocatoria para que quienes querían ser magistrados se inscribieran y las reglas de juego no se pueden modificar a la mitad del mismo.  El argumento no es sólido y existe un sesgo ideológico hacia algunos de los magistrados que fueron elegidos”, señaló Rivera en diálogo con W Radio. En otras palabras, se impusieron nuevas condiciones luego de haber elegido a los magistrados, que  no se han posesionado  por las demoras de las maniobras dilatorias en el Legislativo. Si antes no se tenía una ley pero sí magistrados, ahora se corre el riesgo que sea al contrario.

El expresidente de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán sostuvo que la decisión del Senado sobre las inhabilidades e incompatibilidades de los magistrados es contraria a la Constitución. “No lo digo por capricho. Esa justicia especial fue creada en virtud del Acto Legislativo 01 de 2017, que ordenaba crear un Comité de Escogencia que debía verificar que los magistrados que tendrían esas responsabilidades debían tener las mismas calidades para ser magistrados de las altas cortes. Además, debían cumplir con profundizaciones en estudios de derechos humanos, conflicto armado, entre otros. Al final de la selección quedaron personas de todos los matices y que representan a la sociedad. Es imposible suponer que una persona no tenga valores, una filosofía e ideología, esas son posturas legítimas para garantizar la democracia”, expresó.

A su vez, Patricia Linares, quien recientemente fue escogida como magistrada y presidenta de la JEP, envío un comunicado en el que apoya la tesis de que las inhabilidades planteadas en el Senado deben caerse en los próximos debates en la Cámara o ser declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, una vez aborde su estudio. “Las inhabilidades que aprobó el Senado para los magistrados de la JEP parecen darse a partir del ejercicio lícito de la profesión de abogado. Esa disposición sería inconstitucional (…) El proceso de implementación de la JEP sigue adelante y esperamos que esté en pleno funcionamiento a más tardar a mediados de enero de 2018”, enfatizó.

“El Estado viene cometiendo una serie de equivocaciones y está haciendo las cosas al revés. Eligieron a los magistrados de la JEP sin establecer antes el régimen de inhabilidades, como ha debido ocurrir. Y ahora, cuando ya están nombrados, vienen a cambiarles las reglas de juego y decirles que van a estar inhabilitados para posesionarse. Eso es injusto con ellos y desestabilizador frente a los efectos del Acuerdo de Paz. Lo mejor que podría pasar es que la Cámara no acepte lo que propone el Senado.”, afirmó el constitucionalista José Gregorio Hernández.

Las “reflexiones” de la FARC

Aunque la ahora llamada Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común considera positivo el concepto de exequibilidad proferido por la  Corte Constitucional sobre el acto legislativo que creó la JEP, al mismo tiempo ve aspectos de dicha decisión que, en su concepto, generan consecuencias adversas. Y ni qué decir frente a lo aprobado el miércoles en la plenaria del Senado sobre la ley estatutaria. En concreto, según dijo Iván Márquez  en rueda de prensa, se desvertebra el concepto negociado en La Habana, que fue concebido para todos los actores del conflicto, para quedar como una justicia concebida exclusivamente para la exguerrilla.

“Todo el esfuerzo por construir un régimen con autonomía propia quedó sepultado. La solución de recursos de tutelas contra fallos quedó en manos de la Corte Constitucional. La solución de conflictos de competencia queda manos de la justicia ordinaria; lo mismo el régimen disciplinario de los magistrados de la JEP. En contravía de lo pactado, se impide la participación de extranjeros en las deliberaciones de las salas y tribunales”, expresó Márquez, leyendo un comunicado a nombre de la organización.

Para la FARC, si bien es positivo que se habilite su participación en política, también es cierto que, al mismo tiempo, se está estableciendo un régimen de condicionalidad que sólo aplica para los exguerrilleros, rompiéndose así la simetría y al mismo tiempo dejando puertas para perder fácilmente los beneficios. Y sobre el tema de los terceros y los agentes civiles del Estado, aseguran que lo que se está estimulando es un “régimen de impunidad”.

“La idea de establecer la JEP no era sólo para habilitar el tránsito de la guerrilla a la vida civil y contribuir a la solución política del conflicto. También lo era para superar el régimen de impunidad que se deriva de la justicia ordinaria. Al sacar a los civiles y agentes del Estado, se preserva la impunidad y se desprecia a las víctimas. No contribuye en absoluto al esclarecimiento de la verdad”, agregó  Márquez. Incluso, la FARC cree que con lo aprobado en  Senado, cuando se señala que el incumplimiento de cualquiera de las exigencias del régimen de condicionalidad conlleva a la pérdida de tratamientos especiales, beneficios, renuncias, derechos y garantías, según el caso, se abre  posibilidad a su extradición.

De hecho, Enrique Santiago, abogado español que asesoró el proceso de negociación de La Habana, considera también que lo que hizo la Corte Constitucional y el Senado fue modificar elementos esenciales de lo pactado, que seguramente no pasará inadvertida para la comunidad internacional. “Que el Congreso se le ocurra convertir lo que es un deber jurídico, como la defensa de los derechos humanos, en una causa de inhabilidad, es vergonzoso”, dijo, haciendo alusión al régimen de inhabilidades para los magistrados de la JEP que decidió el Legislativo.

Un asunto que, enfatizó Enrique Santiago, implica ni más ni menos que “criminalizar” a los defensores de derechos humanos tachándolos de imparciales. “En cambio, no se tiene en cuenta algo que debería ser natural en el derecho que es la defensa de los derechos humanos, es decir, que cualquier jurista debe respetar los derechos humanos, eso no es una opción, sea como magistrado, académico o fiscal, se debe defender a las víctimas”, sostuvo. Además, en su criterio, la exclusión de civiles o terceros de la JEP, involucrados en el conflicto armado, implica también “bendecir la fiesta de impunidad que ha habido en el país”. Como quien dice, la ley estatutaria avanzó, pero todavía le queda un camino culebrero en la plenaria de la Cámara y la conciliación. Es claro que la última palabra no está dicha todavía.