“Quiero contar las relaciones del empresariado en el conflicto": David Char

En diálogo con El Espectador, el excongresista de Cambio Radical, procesado por parapolítica, habla de lo que quiere contarle a la Jurisdicción Especial para la Paz. 

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El exsenador David Char Navas dice que quiere entregar predios para reparar a las víctimas. / Archivo El Espectador

Una cosa es cierta: el exsenador David Char Navas se comprometió ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a contar el rol que tuvieron los empresarios en el conflicto colombiano y a aceptar las consecuencias que ello implique, incluida una condena. Y aunque todavía está a la espera de que la JEP defina su petición, es claro que se trata del primer caso en el cual un excongresista y reconocido empresario, investigado por parapolítica, busca la justicia transicional que quedó del Acuerdo con las Farc y pacta con esta una forma de reparar a las víctimas del conflicto.

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Char Navas es procesado por supuestos vínculos con el frente José Pablo Díaz de las autodefensas, que lideraba Édgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio, mano derecha del exjefe paramilitar Jorge 40. Fue representante a la Cámara en 2002 por el Partido Liberal y luego se lanzó al Senado por Cambio Radical para el período 2006 a 2010. Proviene de una tradicional familia política de Barranquilla: su tío es Fuad Char, exsenador y padre del actual alcalde de esa ciudad, Alejandro Char.

Las implicaciones de su caso pueden ser muchas. Si la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas lo acepta como empresario, sería el primero, y si lo acepta como excongresista, se abrirían las puertas de la JEP a la parapolítica, tal y como lo están esperando otros exparlamentarios, como Juan José Chaux y Julio Manzur, quienes están en juicio por parapolítica, pero no están condenados aún.

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El caso Char, incluso, ya propició la primera tutela resuelta por la Sección de Revisión del Tribunal Especial de Paz. En la decisión, incluso llamó la atención del saliente secretario ejecutivo, Néstor Raúl Correa, “al no dar respuesta o remitir a la dependencia competente las solicitudes presentadas por el accionante”. Desde que fue detenido en octubre pasado, esta es la primera entrevista que Char da a un medio de comunicación. Desde La Picota respondió a un cuestionario enviado por este diario.

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¿Por qué decide someterse a la JEP?

Por dos razones: en la JEP, por ser una justicia única y transicional, prevalece la verdad y estoy comprometido con que se conozca hasta dónde llegaron las relaciones del empresariado en el conflicto, para ayudar a ese tránsito legal de la guerra a la paz. Y dos, porque en la Corte Suprema de Justicia estoy en un sistema arcaico de única instancia, donde prevalece la cárcel y la verdad es reducida, y donde la Corte es juez y parte.

¿Con la sentencia anticipada usted está aceptando responsabilidad en los hechos de parapolítica que se le endilgan?

Más allá de los hechos, quiero ir a la JEP para aportar verdad en el contexto del conflicto armado.

¿Usted tuvo relación con alias “Don Antonio”? ¿Le entregó armas?

Me acusan de que las Auc tuvieron intención de apoyarme con votos, de dar un supuesto aporte de $8 millones y una caja de municiones. Esa historia, en lo cierto, será conocida íntegramente por la JEP.

¿Qué es lo que usted sabe sobre el rol de los empresarios y la guerra?

Se ha hablado de complicidad empresarial directa, indirecta, activa, pasiva, y ante la JEP hablaré de mi caso concreto. Un estudio de la corporación Dejusticia aporta un buen contexto de ese fenómeno.

Usted señaló a la JEP que va a explicar los conceptos de sesgos cognitivos, dinámicas de grupo, ignorancia deliberada, casos de ceguera voluntaria. ¿Qué significan?

En materia penal, el empresariado tiene una responsabilidad diferente y debemos actuar con mayor celo que el ciudadano del común. El empresario debe darse cuenta del movimiento en su entorno, de las dinámicas de grupo que se mueven alrededor de una actividad, cumplir con deberes de selección y no desatender la información que va circulando… en fin, es un fenómeno que va más allá de la simple responsabilidad penal y que interesa a la JEP.

¿Por qué propone una inhabilidad de por vida?

Me presenté en mi doble condición de empresario y agente del Estado y los políticos deben ser responsables de lo que pudo ocurrir en sus movimientos. En Colombia, la responsabilidad política no existe y debemos dar ejemplo y actuar como garantes en la actividad electoral.

¿Cuál es la propuesta para reparar a las víctimas?

En mi caso, no hay víctimas directas. Sin embargo, quienes nos vimos envueltos en el conflicto desde una posición de privilegio tenemos que concurrir a la JEP con una reparación efectiva y, por eso, tan pronto la JEP decida mi ingreso, se propuso disponer de algunos predios para proyectos productivos de las víctimas.

¿Qué pasa si la JEP dice que su caso debe seguir en la Corte Suprema?

Por supuesto, la decisión es de los jueces. Pero no se puede ignorar que mi caso está vinculado con el conflicto armado, una inadmisión a la JEP equivale a un incumplimiento del Acuerdo de Paz e impedir que las víctimas y la sociedad sean resarcidas. Si llegare ese evento, seguiremos reclamando ante la ONU que todos los investigados por el conflicto colombiano tengamos los mismos derechos y garantías procesales.

¿Por qué pide medidas cautelares ante la Comisión Interamericana?

No es contra los magistrados, es contra el Estado. No hay derecho a que, desde el 18 de enero, los aforados constitucionales seamos los únicos a los que no nos reconozcan y apliquen la doble instancia y que el acusador sea distinto al juez. La reforma constitucional puso fin a que la Corte fuera juez y parte en única instancia y con nosotros no se ha cumplido. Para ser sinceros, a muy pocos les preocupa que los congresistas tengamos los mismos derechos que un colombiano en un proceso normal, y razón tendrán, pero no es justo ni legal y defenderse así,. es imposible.

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