Más de 2.000 archivos de derechos humanos podrían ser informes para la JEP

La Dirección de Archivos del Centro Nacional de Memoria Histórica logró identificar dónde están, qué contienen y cuáles son los riesgos de estos documentos que dan cuenta de graves violaciones a los derechos humanos y al DIH.

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Las organizaciones tienen un plazo de dos años para entregar informes a la JEP. / Archivo El Espectador.

Durante el conflicto armado cientos de organizaciones sociales y de víctimas se dedicaron a documentar cómo habían sido violentados. Cada caso, con sus particularidades étnicas, de género, de hecho victimizante o de territorio, constituye una parte de la verdad del conflicto armado. Ahora, cuando la justicia transicional debe investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de las violaciones a los derechos humanos, los archivos pueden contar la historia.

Son 2.043 los archivos de organizaciones sociales, de víctimas y de líderes sociales los que están ingresados en el Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos (Readh), un mecanismo que tiene como propósito la búsqueda, localización, identificación y caracterización de los documentos que hablan de los hechos de violencia ocurridos en los diferentes territorios de Colombia.

Este registro es especialmente importante en este momento porque las funciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se activan en la medida en que este organismo reciba los informes de parte de las instituciones del Estado y de la sociedad civil. “Los informes son la materia prima para la priorización y la investigación”, dice la magistrada María del Pilar Valencia. Es decir, quienes tengan información sobre graves violaciones ocurridas con ocasión del conflicto armado tienen dos años para presentar sus informes y que estos sean tenidos en cuenta para juzgar a los perpetradores. Y la JEP ya empezó a abrir casos. Por ejemplo, el caso 001 de la esta jurisdicción es sobre las retenciones ilegales, y pudo abrirse gracias a la información que entregó la Fiscalía General de la Nación y la Fundación País Libre.

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Entonces, la identificación de estos archivos es significativa porque pueden llegar a ser informes para la JEP, pues la Dirección de Archivos del Centro Nacional de Memoria Histórica puso en marcha una estrategia para recoger información conjuntamente con la Jurisdicción. O sea que las organizaciones que ya están registradas en el Readh pueden hacer parte de los ofrecimientos que hace la JEP y la Comisión de la Verdad al CNMH para intercambios seguros y confidenciales de manejo de la información, explica Margoth Guerrero, directora de la Dirección de Archvios del CNMH.

Además, el CNMH entregó a la JEP una copia de seguridad del Archivo Virtual de Derechos humanos. Esto contiene 344.345 documentos que hablar de cómo el conflicto tocó a  comunidades campesinas, afrocolombianas, indígenas y LGBTQ+.

¿Cómo llegaron a identificar los archivos?

Este fue un trabajo en territorio. Guerrero explica que el primer paso fue identificar a las personas que posiblemente tenían archivos, es decir, que hubieran documentado sus procesos. Así se pusieron en contacto para identificar de qué se trataban esos documentos, qué estaban contando y cuáles riesgos había. “También fue explicar que no se trataba de ir y traernos los archivos. Esto es una gran base de datos que termina siendo como un censo en el que pretendemos también que las organizaciones sociales no pierdan su autonomía sobre la información, que encuentren una garantía en el Centro de Memoria y en su archivo”. 

Además, identificar los archivos que pueden tener verdades sobre el conflicto ayuda a mitigar los riesgos, no solo de tecnologías mal aplicadas o riesgos ambientales, sino también los que tienen que ver con la integridad de sus custodios. “En este último riesgo son susceptibles de pérdida. Con una estrategia como esta lo que pretendemos es que haya una mayor difusión. Experiencias internacionales nos han demostrado que entre más se sepa que existen, es menor el riesgo de pérdida”, explica Guerrero.

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El paso a seguir, entonces, es que “las organizaciones tienen que organizarse internamente para entender la incidencia que pueden tener sus informes”, dice Guerrero. Luego, todas tendrán que seguir los parámetros que estableció la JEP para la entrega de los informes dependiendo de la comunidad y de la violación de derechos humanos del que dé cuenta el documento.

Por ahora, la JEP ha recibido más de 115 informes: 80 informes  y 11 balances del CNMH, 5 informes de la Fiscalía, uno de la Procuraduría, 15 informes de organizaciones sociales y de víctimas, y 10 organizaciones registradas en el Readh han presentado sus informes.