Madres de Soacha rechazan que los falsos positivos lleguen a la JEP

El colectivo de víctimas rechazó que el caso llegue a la JEP. En la audiencia 14 militares implicados en la muerte de cinco jóvenes comparecen ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Entre ellos se encuentra el coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado.

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Luz Marina Bernal, madre de Farid Leonardo Porras, ejecutado extrajudicialmente. / Gustavo Torrijos - El Espectador.

Bajo estrictos controles de seguridad, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió sus puertas en la mañana de este viernes para dar inicio a la audiencia, denominada de condicionalidad, en la que comparecen 14 militares implicados en cinco casos de los llamados falsos positivos de enero y agosto de 2008. 

A las 9:30 de la mañana, en silencio, el colectivo de las madres de Soacha ingresó a la sala de audiencias con camisetas blancas con las fotografías de sus hijos. Cinco de ellas que fueron citadas podrán intervenir al término de la diligencia. Blanca Nubia Monroy, madre de Julián Oviedo Monroy, rechazó el hecho de que los casos de ejecuciones extrajudiciales lleguen a la justicia transicional. “No estamos de acuerdo que estos procesos lleguen a la JEP, porque esto es una impunidad que va a haber sobre los casos de los falsos positivos. Nosotros no somos víctimas del conflicto armado, somos víctimas del Ejército Nacional. A estas personas que mataron a nuestros hijos no deben darles ninguna clase de privilegios”. 

 

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En esta audiencia, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas verificará si los militares comparecientes, que fueron condenados a más de 40 años de prisión en la justicia ordinaria, ratifican su compromiso de aportar al esclarecimiento de la verdad, a diseñar un plan de reparación y a comprometerse a no incurrir de nuevo en estas conductas, a cambio de recibir los beneficios de la JEP, como libertades condicionadas o traslados de los lugares de reclusión. 

Edilma Vargas (madre de Julio César Mesa Vargas); Luz Edilia Palacios (madre de Jader Andrés Palacios Bustamante); Carmenza Gómez (Víctor Fernando Gómez Romero), e Idaly Garcerá (Diego Alberto Tamayo Garcerá) podrán intervenir en esta instancia. 

El militar de más alto rango que comparece en la diligencia es el coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, quien fue condenado por el juzgado especializado de Cundinamarca a 46 años de cárcel. La justicia, en primera instancia, logró probar que Rincón Amado conocía del plan criminal que derivó en el reclutamiento, desaparición y posterior asesinato de jóvenes que fueron llevados hasta Ocaña (Norte de Santander) mediante engaños y falsas promesas de trabajo. 

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Los demás militares que asisten a la diligencia son Henry Mauricio Blanco Barbosa, Jhon Anderson Díaz Ortega, Medardo Ríos Díaz, Richard Armando Jojoa Bastidas, Mauricio Cuniche Delgadillo, Ricardo Eliud González Gómez, Eider Andrés Guerrero Andrade, Geiner Fuertes Billerno, Pedro Johan Hernández Malagón, Luis Alirio López, Ferney Grijalba Flor, Nixon Arturo Cubides Cuesta y José Adolfo Fernández Ramírez.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía en justicia ordinaria, en agosto de 2008 los militares se aliaron para reclutar a las víctimas, trasladarlas vía terrestre hasta Ocaña y entregarlos a los uniformados adscritos a la Brigada Móvil 15 en un falso retén. Posteriormente, los subieron a un camión y los llevaron hasta zonas rurales en donde los asesinaron. Los testimonios dentro del proceso indican que el costo por cada joven reclutado era de $1 millón y que las unidades militares se encargaban del armamento. La sentencia fue apelada por los militares y está siendo estudiada por el Tribunal Superior de Cundinamarca.

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