Los miembros de la fuerza pública condenados que respaldan la JEP

La mayoría fueron sentenciados por casos de  falsos positivos. Aseguran que el tratamiento especial de la justicia transicional, como quedó en el acuerdo, les dará seguridad jurídica.

Un grupo de exmilitares, que fueron condenados por delitos graves ocurridos durante el conflicto, cerraron filas alrededor de la Jurisdicción Especial para la Paz. En un grupo de Whatsapp, del que hacen parte 118 personas entre soldados, suboficiales y algunos oficiales que han recibido los beneficios de la justicia transicional, lanzaron alertas sobre la posibilidad de que el Congreso de la República cambiara las reglas de juego para su juzgamiento. “Esta justicia nos permite reemplazar las condenas en cárceles por medidas restaurativas y nos garantiza seguridad jurídica”, aseguró el teniente en retiro Julio Alejandro Salazar Valencia.

Él es uno de los más de 1.500 militares que han quedado en libertad en el marco de la aplicación de este sistema. En la justicia ordinaria Salazar fue condenado a 24 años de prisión por un caso de falsos positivos registrado en 2004 en Santa Rosa de Viterbo (Boyacá). “En esa operación tuvimos un enfrentamiento corto y cuando llegamos al sitio no encontramos sino equipos de campaña, armamento y otros elementos. Ahí en la zona estaba un joven solo y tomamos la mala decisión de que esa persona era un combatiente que nosotros creíamos de las Farc y lo dimos de baja”. 

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La justicia penal militar había cerrado el proceso en su contra, pero en 2007 la Fiscalía reabrió el caso y logró su condena. Permaneció seis años, diez meses y dos días detenido en el Centro de Reclusión Militar de Puente Aranda, en Bogotá, y hace un año, luego de pedir pista en la JEP, le concedieron la libertad condicional. “Los que tenemos esos beneficios pedimos que la JEP se implemente. Los militares que pagamos cárcel, que fuimos condenados y que hemos pagado, sí nos hemos beneficiado”.

Un caso similar sucede con el teniente Javier Danilo Páez, contra quien pesan cuatro procesos por delitos graves durante el conflicto. “El más gravoso es el de ejecuciones extrajudiciales entre 2007 y 2008”. Uno de ellos, ocurrido en el municipio de Cantagallo, en el sur de Bolívar, tuvo que ver con el secuestro, tortura y homicidio de un hombre, identificado como Parmenio Manuel Hernández Anaya, a quien señalaban de ser colaborador de las Farc. Por este hecho, fue condenado a 28 años de cárcel y recibió la libertad condicional de la JEP.

“Queremos someternos a la jurisdicción especial porque, como está inicialmente planteada, es lo mejor para nosotros. A mí me permite quitarme más de 59 años, cambiarlos por una justicia restaurativa y darme seguridad jurídica de por vida. Además, será un ciclo que se va a cerrar diciendo la verdad, participando en la reconciliación del país, reparando a las víctimas y poniéndole la cara al país. Nosotros nos equivocamos y la asumimos. Queremos pasar la página”, agrega el exoficial, quien estuvo en el Ejército durante 15 años.

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Tania Parra es la directora de la Fundación Fuimos Héroes, que representa a más de 6.000 integrantes de la fuerza pública. Su posición consiste en que la ley de procedimiento debe ser acorde a la reforma constitucional que creó el Sistema Integral de justicia transicional y que le da seguridad jurídica (actos legislativos 1 y 2 de 2017). “Apropósito de la ponencia del Centro Democrático, no compartimos su posición de crear una sala especial para que juzgue a los militares. Primero, porque ya existen los actos legislativos y pretender echarlos para atrás. Es absurdo. La ley de procedimiento reglamenta la comparecencia, pero no puede cambiar la JEP. Segundo, existe en grado extremo un peligro fehaciente si esa sala a la que deben comparecer los militares debe fijarse reglas de justicia penal militar porque se debe recordar que Colombia aprobado instrumentos internacionales como la convención interamericana de derechos humanos y que ha sido clara en decir que la Justicia Penal Militar no puede juzgar temas como ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas”.

Este miércoles, la cúpula militar aseguró, en defensa de la aprobación de la ley de procedimiento, que la línea procesal de las actuaciones de la JEP es indispensable para blindar la seguridad jurídica de los miembros de la fuerza pública, no solo a nivel nacional sino también internacional. “La paz es la victoria”, escribieron.

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