Los informes que motivaron la primera diligencia de Farc en la JEP

Exintegrantes del Secretariado y del Estado Mayor de la guerrilla de las Farc comparecen este viernes ante la JEP por el delito de retención ilegal de personas en la Jurisdicción Especial para la Paz. Detalles de los informes de la Fiscalía y País Libre que motivaron este llamado. 

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La magistrada Julieta Lemaitre presidió la audiencia. / JEP

Uno de los capítulos más trascendentales de la Jurisdicción Especial de Paz empezó este viernes. Ante las magistradas y un magistrado de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR) comparecieron exintegrantes del Secretariado y del Estado Mayor de la guerrilla de las Farc para responder por uno de los delitos más graves dentro del conflicto armado: la retención ilegal de personas, que incluye el secuestro, la tortura, el homicidio y la desaparición de personas.

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La mayoría de exjefes citados no estuvieron presentes y fueron representados por un grupo de juristas. Iván Márquez y Hernán Darío Velásquez, el Paisa, por ejemplo, se quedaron en la vereda Miravalle de San Vicente del Caguán (Caquetá) por “razones de seguridad” y Márquez allegó poderes de representación, mientras que Velásquez será representado a través del Sistema Autónomo de Defensa. Asimismo, Jesús Santrich siguió la diligencia a través de una videoconferencia, sosteniendo un cartel que decía: “Por obstrucción del fiscal no pude atender personalmente esta diligencia”. La Fiscalía no autorizó su traslado desde la cárcel La Picota, donde está detenido luego de ser solicitado en extradición por autoridades de Estados Unidos, debido a su presunta participación en una conspiración para enviar cocaína después de la firma del Acuerdo de La Habana.

El informe de la Fiscalía

La Sala de Reconocimiento, en un auto del 8 de julio, citó a 31 exjefes guerrilleros y especificó que lo hizo con base en el informe que presentó la Fiscalía General de la Nación a la Sala. El documento, conocido por este diario luego de su arribo a la JEP, señala que esta entidad cuenta con 6.162 investigaciones atribuibles a las Farc por estos hechos, que agrupan 8.163 víctimas y 4.314 procesados. De estas, la Fiscalía sólo conoce 275 sentencias condenatorias en la justicia ordinaria, proferidas contra 614 personas, incluyendo miembros del Estado Mayor Central de las Farc y del Secretariado.

La cifra representa el alto grado de impunidad que ha tenido este delito dentro de la justicia ordinaria. Es más, la mayoría de los procesos permanecen en etapas preliminares. Por ejemplo, en la Ley 600 de 2000, 1.627 investigaciones, que corresponden al 72 %, se encuentran en investigación preliminar. Según el informe, el bloque Noroccidental de las antiguas Farc, comandado en su momento por Pablo Catatumbo y cuyo jefe de bloque fue Édgar López, o Pacho Chino, retuvo a 1.564 víctimas (el 44 % del total de casos).

De acuerdo con el ente investigador, la principal motivación para estas retenciones por parte de las Farc fue económica. Al menos ese fue el hallazgo que arrojaron 850 investigaciones, que representan el 57 % del total. Esto habría significado, en plata blanca, el recaudo de $3’625.608’297.250 y US$1.233’898.000 entre 1996 y 2012.

En el primer período, establecido entre 1965 y 1993, la retención se utilizó como fuente de financiación de la organización guerrillera y de sus planes de expansión. Es de este momento que la Fiscalía conoció de 432 casos (el 7 % del total) que tuvieron como principales víctimas a grandes y medianos propietarios del sector rural y a campesinos de las zonas históricas en las que operó la guerrilla.

Pero fue entre 1994 y 2002 que estas retenciones, según la Fiscalía, se incrementaron significativamente, llegando a un total de 3.942 casos (el 64 % del total). Y aunque el secuestro siguió siendo una importante fuente de financiación para las Farc, también tuvo fines políticos como mecanismo para presionar un intercambio humanitario y una interlocución con el Estado. Estos son los años de los ataques indiscriminados contra civiles, conocidas como “pescas milagrosas”, y las tomas a poblaciones: en 1996, Las Delicias (Putumayo); en 1997, Patascoy (Nariño) y Caloto (Cauca), y en 1998, Billar (Caquetá) y Miraflores (Guaviare).

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Entre 2003 y 2017, el último período analizado, el secuestro por las Farc descendió considerablemente, aunque continuaron presentándose casos, más relacionados con formas de control social y territorial de las comunidades que habitaban en sus zonas de influencia, asegura la Fiscalía. Aquí se pasó de una retención de años a una de meses e incluso de días, especialmente en Antioquia, Meta, Caquetá, Chocó y Norte de Santander.

La información de la Fiscalía no suele coincidir con los registros de otras entidades u organizaciones que le han hecho seguimiento a este fenómeno, y la razón de ello radica en que el 74 % de estos hechos fueron denunciados seis y hasta 20 años después de que ocurrieron estos delitos.

Los 282 casos de País Libre

A la información que recibió la JEP de la Fiscalía se suma la que aportó la Fundación País Libre, una organización que durante 25 años se ha encargado de documentar casos y acompañar a las familias de los secuestrados. De hecho, según ellos, todavía hay 282 familias que no saben qué pasó con sus seres queridos secuestrados durante el conflicto. Estos son los casos que, luego de depurar y comparar información con otras entidades, lograron establecer sobre secuestrados desaparecidos. Es decir, personas que fueron secuestradas durante el conflicto y de las que todavía no se tiene ninguna información sobre su paradero.

La información llegó a la JEP porque en la Fundación País Libre, cuando ya había sido liquidada, tomaron la decisión de trasladar al Alto Comisionado para la Paz esos 282 casos y una base de datos de las personas que, en las regiones, se ocuparon de documentar y hacer seguimiento de los secuestros. Fue el Alto Comisionado quien envió la información a la Jurisdicción Especial para la Paz.

País Libre, además, hizo dos denuncias ante la Corte Penal Internacional (CPI) en 2004 y 2010, en las que señala a miembros de las Auc, el Eln y las Farc. De este último grupo figuran tres personas que fueron llamadas a comparecer ante la JEP: Rodrigo Londoño Echeverri, Henry Castellanos Garzón e Iván Márquez. Asimismo se mencionan casos emblemáticos perpetrados por las Farc.

Entre ellos están los de los 11 diputados del Valle, el mayor general Luis Herlindo Mendieta, el exgobernador del Meta Alan Jara, entre otros, que incluyen militares, niños y personas mayores. Los documentos referidos son distintos a los que esta fundación le entregó, por el Pacto por la Memoria, al Centro Nacional de Memoria Histórica, entre diciembre de 2016 y abril de 2017, y que incluye el archivo de cerca de 2.000 casos.

Las víctimas que fueron acompañadas por esta fundación, cuenta María Consuelo Jáuregüi, última directora de la entidad, hicieron especial énfasis en que lo más importe para ellas era la verdad: "La expectativa que nos planteaban era saber qué pasó con sus familiares. No les interesaba tanto la justicia porque ninguna justicia iba a sanar, pero saber la verdad sí les permitía hacer unos cierres". Por esto resalta la importancia de la integralidad del sistema y la tarea de la Comisión de la Verdad.

Por lo pronto, este viernes algunos de los máximos jefes de la antigua guerrilla de las Farc, como Rodrigo Londoño, Carlos Antonio Lozada y Pablo Catatumbo, materializaron con su comparecencia en esta primera etapa judicial su compromiso de responder por uno de los delitos más graves dentro del conflicto armado. Así como quedó expresado en el Acuerdo de Paz de La Habana. Lo hacen a una semana de su posesión en el Congreso, en las 10 curules pactadas. Sus férreos críticos no podrán seguir diciendo que llegaron a hacer política sin un asomo de justicia, aunque el camino en la JEP todavía es largo y falta que se individualicen responsabilidades, se reconozca la verdad de lo sucedido y se conozcan las sanciones que se desprendan del proceso.