Los cambios a la JEP que pasó el Congreso

Humberto de la Calle, exjefe negociador de paz del Gobierno, habla de los inconvenientes para la estabilidad del Acuerdo de Paz con las Farc que generan las modificaciones hechas por el uribismo a la ley de procedimiento que se aprobó en el Legislativo y que espera revisión constitucional.

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El exjefe negociador de paz del Gobierno Humberto de La Calle. / Mauricio Alvarado

Hay que reconocer que las novedades que aprobó el Congreso, a instancias del presidente electo y del Centro Democrático, estaban previstas. Las propuestas de Iván Duque respecto del Acuerdo fueron conocidas. Quienes advertimos lo que venía no tuvimos éxito cuando propusimos otro camino. Pero en cambio creo que, aun tomando en consideración su amplia ventaja electoral, la legitimidad jurídica y política de tales modificaciones es dudosa. Al igual que la conveniencia de las mismas pensando en el futuro de Colombia.

Las normas

En lo jurídico, hay normas constitucionales que garantizan la estabilidad de lo acordado. Corresponderá a la Corte Constitucional dictaminar sobre la validez de los cambios. En su momento critiqué la decisión de ese alto organismo de abrir la puerta a modificaciones en el Congreso. Con ella, lo acordado queda colgando de la fina de línea de aquello que corresponde al espíritu del pacto. Con el riesgo de dar el deplorable espectáculo mundial de deshonrar la palabra empeñada.

La cuestión militar

Durante las conversaciones de La Habana, varias organizaciones defensoras de derechos humanos proclamaron que el tratamiento para los agentes del Estado debería juzgarse por aparte, dado que, según ellas, su responsabilidad era mayor que la de la guerrilla, por cuanto, como depositarios de la autoridad legítima, tenían un deber de garantía de los derechos de las personas. Esa tesis no fue aceptada por nosotros en la mesa de conversaciones.

Por el contrario, acordamos un tratamiento inescindible para todos los victimarios. Al contrario de lo que se dice, esta no fue una concesión a la guerrilla. Como tampoco vale arroparse con un sedicente patriotismo para señalar que es una afrenta al honor de la Fuerza Pública que la mezclen con guerrilleros al momento de la evaluación penal de su conducta. Es pura retórica hueca. La JEP es para delincuentes, no para soldados y policías heroicos.

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Por cierto, frente a esa posición internacional sobre la mayor responsabilidad de los agentes del Estado, el carácter integral de la JEP, al situar las soluciones para éstos bajo la sombrilla de un acuerdo de fin del conflicto, en vez de menoscabar la posición de las fuerzas, sirve de protección frente a controversias futuras. Es apenas una paradoja emocional que quienes dicen defender la institución armada terminan poniéndola en riesgo. Ya es suficientemente sabido que las actuaciones preliminares de la fiscal de la Corte Penal Internacional miran con detenimiento la conducta de los militares.

El punto crítico es el de los falsos positivos. Hubo también defensores de derechos humanos que promovieron la idea de excluirlos de la JEP. Lo que al final se decidió fue permitir que en cada caso la justicia tuviese la competencia de mirar en concreto el grado de relación con el conflicto. Pero la atrocidad de esos delitos, así como la de muchos cometidos por las Farc, está fuera de discusión.

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Resulta difícil de explicar que sean los posibles incriminados los que escojan el tipo de justicia que se les debe aplicar. Dificultad que se acentúa, ya con un grado patente de irracionalidad, cuando el segundo camino no existe, y apenas en 18 meses sabremos cuáles son sus características. ¿Habrá algún antecedente internacional?

Por lo pronto, el único conocido, es pura mecánica nacional: a los terceros financiadores de la confrontación se les permitió escoger también el camino de su juzgamiento abriéndoles la posibilidad de quedarse en la justicia ordinaria. Ya hay 12.000 envíos de copias que vinculan a terceros. Siendo la solución transicional menos drástica, ¿por qué alguno de los responsables preferiría el camino de la justicia más severa? ¿Pesará sobre su ánimo la idea de que, tras varios años, esas investigaciones no se han movido?

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La verdad

El plazo de los 18 meses para el diseño del esquema diferente afecta en sumo grado uno de los pilares del Acuerdo. Uno puede desechar toda verdad con la convicción de que ella abre heridas. Puede incluso creer que la verdad dificulta la reconciliación. No obstante, cada vez está más arraigada la idea de que la verdad es un derecho de las víctimas. Pero lo que sí no se puede hacer sin arriesgar la solidez de lo acordado e instaurar de forma arbitraria discriminación entre las víctimas es romper la unidad de la verdad. Cuando comparezcan los victimarios de las Farc y los agentes del Estado que prefieran la JEP, pero no los que quedan en salmuera durante 18 meses, pasan dos cosas: el valor sanador de la verdad queda maltrecho.

Las posibilidades de dejar semillas de violencia que germinen después es muy alta. Y, además, se ha sumido a las víctimas de estos últimos en un limbo de desigualdad aberrante. ¿Qué dirán las madres de víctimas de falsos positivos cuando se les diga que “su verdad” quedó pospuesta y sujeta al ignoto desarrollo de una normatividad que ni siquiera se ha concebido y menos aún que exista garantía de que será efectiva?

La reparación

Aquí la irracionalidad de lo acordado brilla al ojo. Como además de los mecanismos generales de reparación se estableció que cada responsable debe reparar, ¿cómo justificar que la reparación a las víctimas de los que pospongan su comparecencia quede en estado de latencia?

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Los partidos

Es difícil condenar de manera genérica todo cambio de opinión. Cuando impera la terquedad hay autoritarismo o hay idiotez. Pero en el caso que nos ocupa, la fulminante adhesión a las orientaciones dictadas por el doctor Duque una vez obtenido su triunfo deja una cierta sensación de inconsistencia difícil de ocultar. Más de una década de oposición a las ideas del Centro Democrático, expresada a veces con ahínco superlativo, y años de defensa palmo a palmo, iniciativa tras iniciativa, de lo que se pactaba en La Habana, desaparecieron de un momento a otro. Una cosa es abrir espacios. Otra simplemente renunciar a las ideas esenciales en temas mayores.

Como ya estoy curado de espantos, y el calificativo de castrochavista me resbala, no sólo por evidentemente falso sino por inocuo a estas horas de mi vida, no tengo empacho en decir que le prestemos atención a lo que ha dicho Timochenko. Que reconoce el triunfo de Duque. Que no se debe menoscabar la esencia de lo acordado. Pero que está dispuesto a conversar con el nuevo gobierno sobre la implementación. Ahí hay un camino. Camino que, dicho sea de paso, en lo que tiene que ver con la aplicación de lo acordado, les ofrecimos a los voceros del No después del Plebiscito del 2 de octubre.

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Sanciones restrictivas de la libertad

Y también curado de espantos, debo decir que la noción de las penas principalmente reparadoras no ha sido aún comprendida. Entiendo que muchos colombianos quieren ver en la cárcel ordinaria a los máximos dirigentes de la guerrilla. Esta postura tiene el sentido del castigo inherente a una larga tradición. Es respetable. Pero sólo es moralmente sostenible si se aplica también a quienes cometieron crímenes de igual calado en los otros vértices de la victimización: agentes del Estado y terceros. De lo contrario, no estaríamos ante una imperfección secundaria sino en una ruptura esencial que dejará sembradas las semillas de nuevas violencias. Debemos pensar esto dos veces, colocándonos por encima de la emoción, la rabia y el furor.

¿De verdad la cuestión de la guerra y la paz en Colombia se resuelve con el ingreso de la dirigencia de las Farc a la cárcel? Se ha dicho que la razón de ser del castigo ordinario es la disuasión. ¿Lo fue durante más de medio siglo? Guerrilleros presos no han faltado. ¿Logró esto terminar el conflicto? Y, peor aún, cárcel ordinaria para unos y tratamiento diferente a los demás, ¿es realmente el fin del conflicto?

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El partido de las Farc

¿Qué sigue? Muchos colombianos quieren una rápida disolución individual de los exguerrilleros. Temen que persista una visión colectiva entre ellos. Piensan que es nocivo que se mantengan las estructuras de poder vigentes antes del Acuerdo. A la lógica aparente de esta postura hay que oponer los dictados de la realidad. Cada exguerrillero solitario es más vulnerable a las invitaciones a reingresar a grupos armados.

Quizás los que así piensan no se percatan de que, por excepción superlativa frente a otros países, en Colombia quedan actuando otros grupos armados, guerrilleros o no. No es esto lo que ha ocurrido en la generalidad de los procesos de paz. Mantener de manera temporal un grado de disciplina interna de las ex Farc sin armas protege a la sociedad colombiana. De paso, dividir a la FARC, como ya asoma en el horizonte, puede reiniciar ciclos de violencia tanto más graves, cuando el mensaje de modificaciones a los acuerdos es un incentivo importante para que florezcan las disidencias.

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Un requisito de la estabilidad de la paz es que el nuevo partido aprenda a desenvolverse en democracia en un entorno de garantías que impidan el éxito de las voces que siguen promoviendo la violencia. Cuestión adicional: aun pese al carácter enormemente grave de los delitos cometidos por sus integrantes, la generación que hizo presencia en La Habana es prácticamente la última que inició su rebelión con alguna convicción política, que se formó para ello, que hizo parte durante su juventud de cuadros con orientación ideológica.

Cuidado que, reiniciada total o parcialmente la confrontación, no nos veamos enfrentados a una diáspora de criminalidad muy parecida a la linaza que se riega y no es posible recogerla, salvo mediante un largo y seguramente doloroso proceso de conflicto más o menos duradero. ¿Una década? ¿Dos? ¿Cuántas nuevas víctimas?

 

*Exjefe de la delegación del Gobierno en el proceso de paz con las Farc