Tras tres meses de proceso del Comité de Escogencia

Los 18 elegidos para ser magistrados de las salas de la JEP

En grupos de seis conformarán la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas, la Sala de Amnistía o Indultos y la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. 

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(De izq. a der.) Xiomara Balanta, Heidi Baldosea, Juan José Cantillo, Sandra Jeannette Castro, Catalina Díaz, Pedro Elías Díaz, Mauricio García, Marcela Giraldo, Iván González Amado, Nadiezhda Natazha Henríquez, José Hormiga, Belkis Florentina Izquierdo, Julieta Lemaitre, Pedro Julio Mahecha, Oscar Javier Parra Vera, Lily Andrea Rueda Guzmán, Claudia Saldaña Montoya y Alexandra Sandoval.
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Luego de escuchar a 40 personas, el Comité de Escogencia eligió los 18 magistrados que integrarán las tres salas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Serán los encargados de filtrar y definir que procesos pasarán a manos de los magistrados del Tribunal para la Paz y definir qué pasará con las amnistías de guerrilleros e indultos a militares implicados en crímenes relacionados con el conflicto. En pocas palabras, serán el primer filtro de este sistema de justicia transicional y conformarán en grupos de seis la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas, la Sala de Amnistía o Indultos y la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. (Vea también: "El Tribunal Especial de Paz tiene a sus elegidos: estos son los 20 magistrados titulares")

1. Julieta Lemaitre Ripoll

Esta cartagenera ha dedicado su trayectoria a la academia y la investigación. Es profesora de derecho de la Universidad de los Andes y abogada de esta universidad (1995). Tiene una maestría en Religión y Género de la Universidad de Nueva York (1998) y un doctorado en derecho de la Universidad de Harvard (2007). Ha sido, también, investigadora visitante en la Universidad de Yale y Global Fellow de PRIO (Peace Research Institute at Oslo). Lemaitre puede aportar al Tribunal años de investigación sobre las mujeres víctimas de desplazamiento forzado, y una formación y trayectoria académica en derecho y género.

Es feminista y cree en que “la inclusión de las mujeres en la justicia transicional no se puede limitar a “agregar mujeres y mezclar.”” Es más, entiende el feminismo como “un proyecto liberador que promueve una justicia de género más amplia, y que incluye las expresiones de las sexualidades diversas, y la transformación de las estructuras que dan origen a estereotipos sociales dañinos que reproducen la violencia”. Según ella este enfoque debe permear una justicia restaurativa y reparadora, desde el momento en que se adopten los reglamentos para recibir testimonios femeninos, la evaluación de las pruebas, y el contenido de las penas.

2. Heydi Patricia Baldosea Perea

Es afrocolombiana y especialista en instituciones jurídico procesales, en derechos humanos, en Investigación Criminal y Juzgamiento en el Sistema Penal Acusatorio. Desde el año 2006 es defensora pública de reinsertados de grupos armados ilegales que se acogieron a la ley de Justicia y Paz. También ha trabajado como abogada de la Secretaría Distrital de la Mujer, especialmente en temas de estudios de género.  Asimismo, estuvo vinculada al Centro Nacional de Memoria Histórica en un proyecto de investigación sobre desaparición forzada y secuestro en Colombia, en el que apoyó en asesorías jurídicas para precisar conceptos dentro de la evolución de la normativa nacional e internacional sobre estos crímenes.

Trabajó también como investigadora asistente en un proyecto del Grupo de Memoria Histórica, la OIM (Organización Internacional para las Migraciones) y la Embajada de Canadá, en el que realizó un análisis jurídico sobre las versiones libres que rindieron los postulados de Justicia y Paz. Además, ha sido consultora en temas de derechos humanos y justicia transicional en la Procuraduría y la USAID. Actualmente está vinculada a la Defensoría del Pueblo como defensora pública.

3. Juan José Cantillo Pushaina

Nacido en Manaure (La Guajira), y con ascendencia de la comunidad indígena wayuu, es especialista en derecho constitucional y derecho administrativo. También tiene una maestría en derecho procesal y derechos humanos, Estado de derecho y democracia de la Universidad de Alcalá en España. Ha trabajado como defensor público y en la Defensoría del Pueblo en la protección u defensa de los derechos humanos, al ser el primer Coordinador de la Unidad de Víctimas de Justicia y Paz de la Defensoría Pública de Bogotá.

Actualmente trabaja en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, donde es el encargado de emitir conceptos sobre leyes que se discuten en el Congreso como el feminicidio, turismo sexual, protección a mujeres víctimas de acceso carnal violento, medidas para combatir grupos criminales, entre otros. Asimismo, ha participado en actuales discusiones de proyectos de ley, como, por ejemplo, la creación de un Tribunal Nacional pro tempore para la Fuerza Pública y el Ministerio de la Mujer, la Familia y Equidad de Género.

4. Alexandra Sandoval Mantilla

Esta bogotana ha centrado su carrera profesional jurídica y académica en la protección de los derechos humanos. Fue abogada senior en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este tribunal internacional estuvo a cargo del manejo de expedientes y pruebas en casos de graves violaciones, y realizó el análisis jurídico para cada caso.

Hizo una maestría en derechos humanos y derecho penal internacional en Utrecht, Holanda, donde también estuvo en contacto directo con los tribunales penales internacionales. Actualmente, era abogada en Women´s Link Worldwide, una organización que usa el Derecho para lograr la protección de las mujeres y niñas, estaba  a cargo de la línea de justicia transicional, que trabajó por la implementación del enfoque de género establecido en el acuerdo de paz.

5. Sandra Castro Ospina

Es especialista y tiene una maestría en derecho penal de la Universidad de Barcelona. Desde 1997 comenzó como abogada independiente y en 1997 ingresó a la Procuraduría General donde fue asesora, directora del Instituto de Estudios del Ministerio Público y Procuradora Judicial II en la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. En esa época fue delegada para los casos de la masacre de Mapiripán, el homicidio de Jaime Garzón, el desplazamiento forzado en la Hacienda Bellacruz y el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús Bejarano.

Se retiró en el 2001 y se dedicó a ser docente y defensora pública hasta 2005. Regresó a la Rama Judicial cuando fue designada como discal delegada ante tribunal de distrito, donde aún continúa. En estos años también ha sido asesora del fiscal general y llegó a estar al frente de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. En su hoja de vida sostuvo que su anhelo era “la construcción de un país con una cultura de paz, integración y reconciliación, que tal vez no alcanzaré a ver, pero en el que estarán las futuras generaciones, que crecerán sin resentimientos, carencias de justicia, ni heredarán odios”.

6. Pedro Elías Díaz Romero

Con más de 20 años de experiencia, es abogado especialista en derechos humanos de la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con un diplomado pos título en procesos de justicia transicional de la Universidad de Chile. Durante su carrera ha trabajado en temas de investigación de crímenes cometidos por agentes de Estado y graves violaciones de derechos humanos. Entró a la Fiscalía en 1994 a ser fiscal regional en temas de narcotráfico, terrorismo y secuestro. De ahí pasó a ser fiscal de derechos humanos y en 1999 lo designaron como jefe de Fiscalías de Derechos Humanos, cargo en el que estuvo hasta el 2001. El motivo de su retiro, según su hoja de vida, fue por orden del entonces fiscal general Luis Camilo Osorio luego de que ordenara la captura del general (r) Rito Alejo del Río.

En 2002 entró a trabajar como consultor en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), que luego lo contrató como abogado especialista de la Secretaría de la CIDH, donde tuvo que realizar informes de admisibilidad sobre los casos que se presentaban en Perú. En 2005 se retiró y en 2008 lo designaron Jefe de Investigación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. En 2011 regresó a Colombia estuvo a ser fiscal delegado ante las salas de Justicia y Paz y tenía a cargo casos de desmovilizados de las Farc. En 2014 pidió licencia porque desde México lo llamaron para que asesorara a la Fiscalía mexicana en investigaciones de violencia contra las mujeres y en la creación de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas en el Estado de Jalisco.

7. Lily Andrea Rueda Guzmán 

Esta bogotana trabajó durante nueve años tanto como asesora de mujeres víctimas del conflicto en procesos judiciales en regiones colombianas y también ejercicio del derecho de defensa de (presuntos) responsables de crímenes internacionales en La Haya. Tiene conocimientos en derecho penal nacional e internacional y por su trayectoria se puede decir que es independiente y capaz de hacer juicios críticos como ha hecho en la academia europea y se califica como “una  jurista convencida de que el derecho está llamado a ofrecer soluciones concretas para hacer viables propósitos sociales”.

8. Tania Gicela Bolaños Enriquez

Esta abogada de la Universidad Externado, nacida en Pasto, hizo su doctorad en Alemania en la Universidad de Heidelberg. Fue allí donde se enfocó en el estudio de conflictos armados internos, jurisprudencia de tribunales Ad Hoc, y aplicación del DIH y DDHH.

Su experiencia profesional la ha tenido en la Fiscalía General de la Nación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Fundación Max Planck para la Paz Internacional y el Estado de Derecho. Del 2013 al 2016 fue miembro del Comité Departamental de DDHH y DIH de Nariño encargado de analizar el contexto de los DDHH y el DIH en el departamento. También estuvo a cargo del diseño de la primera Maestría en Derechos Humanos y Gobernanza en la región.

9. Mauricio García Cadena

Es especialista en ciencias penales y criminología. Además, tiene una maestría en Derecho Penal de la Universidad de Barcelona y Universidad Pompeu Fabra. Además, tiene estudios en ciencias militares y cursos en derechos humanos. Empezó en 1995 como abogado penalista en la firma de abogados Antonio José Cancino Moreno Y Asociados. Tuvo un fugaz paso por el Congreso como asesor y en 1998 ingresó al Incora. Estuvo dos años y pasó a ser asesor del Ministro de Agricultura y desarrollo rural, especialmente en temas relacionados con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

En 2003 dio el salto a la Fiscalía cuando lo designaron fiscal especializado de la unidad de derechos humanos.  En su hoja de vida sostiene que fue “pionero en la aplicación del derecho internacional humanitario en la imputación bajo la forma de autoría mediata en estructuras de poder organizado, siendo dichas decisiones citadas en textos jurídicos de los profesores Kai Ambos y Alejandro Aponte Cardona”. En 2008 los designaron fiscal delegado ante tribunal en casos de Justicia y Paz y fue el primero que logró la sentencia contra un máximo responsable con el proceso que adelantó contra Fredy Rendón Herrera, alias el “Alemán”. En 2014 se retiró de la Fiscalía para pasar a ser magistrado auxiliar en la Corte Suprema de Justicia.

10. Nadiezhda Natazha Henriquez Chacín

Esta samaria afrocolombiana es abogada de la Universidad Nacional con maestría en Derecho Internacional de los DDHH y DIH de la Universidad Santo Tomás. Tiene una experiencia de 14 años en el acompañamiento a organizaciones sociales, comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinos y víctimas sobrevivientes del conflicto, a través de la documentación de casos, asesoría jurídica, promoción de derechos y representación judicial en procesos penales, ante la justicia penal militar y de restitución de tierras sobre hechos ocurridos en Magdalena, Cesar y Guajira.

Se ha desempeñado como funcionaria pública en la Defensoría del Pueblo Seccional Guainía donde ejerció tareas misionales y de promoción e investigación en derechos de los pueblos indígenas, colectivos y del ambiente; y como abogada de planta en la Unidad de Restitución de Tierras, Magdalena, asumiendo el trámite administrativo y el litigio judicial de casos. Ha sido docente en la Universidad del Magdalena y publicado investigaciones en temas como desaparición forzada, memoria histórica, justicia transicional.

11. Iván González Amado

Hace 31 años fue magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia. Es especialista en criminología y ciencias penales, y hasta el año 2005 fue procurador delegado ante la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia. Luego se convirtió en abogado litigante y su principal caso fue ser el defensor del general (r) Miguel Maza Márquez, condenado a 30 años de prisión por el magnicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán. También ha trabajado en temas de derechos humanos, derecho internacional humanitario y como asesor del Gobierno al ser el coordinador del comité técnico del Consejo Superior Política Criminal.

En su hoja de vida escribió: “La justicia transicional, herramienta básica en ese propósito, permitirá hacer justicia a los crímenes del pasado; establecer la verdad sobre autores, contexto, víctimas y realidad de las violaciones a los derechos humanos; reparar a las víctimas del conflicto, y brindar garantías de no repetición”.

12. Marcela Giraldo Muñoz

Esta abogada paisa ha trabajado en el sector público, organismos internacionales, órganos judiciales, las ONG, el sector privado (en Bancolombia) y las víctimas. Sus estudios, publicaciones y gran parte de su experiencia se concentraron en el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Penal Internacional y el Derecho Internacional de los DDHH. Trabajó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja, El Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), el Tribunal Especial del Líbano (STL) y la Corte Penal Internacional. Ha conocido casos relacionados con conflictos armados, desapariciones forzadas, genocidio y crímenes de guerra, y estudió en detalle la toma de rehenes y la tortura.

13. José Miller Hormiga

El abogado y litigante de la Universidad del Cauca ha trabajado en la protección de los derechos de las comunidades indígenas. Entre el año 2002 y 2004 fue personero municipal de Timbío (Cauca). Durante los cuatro años siguientes ocupó el mismo cargo en el municipio de Piendamó (Cauca). En ese tiempo, uno de los más agudos en medio siglo de conflicto armado, defendió a los pueblos indígenas de la región de los abusos que eran víctimas por parte de todos los actores armados. Es defensor de derechos humanos, activista y actualmente asesora jurídicamente a varias comunidades negras e indígenas.

Nació en Totoró (Cauca) y trabaja desde 2009 como asesor jurídico del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), adelantando procesos que se centran en la defensa de los cabildos indígenas en su lucha por la vida, sus derechos de comunidades raizales y sus territorios ancestrales. Sobre este último punto también cuenta con experiencia, al haber trabajado en la Unidad de Restitución de Tierras en el departamento del Cauca. Fue el creador del programa de derechos humanos del CRIC.

14. Pedro Julio Mahecha Ávila

Magister en derechos humanos y derecho internacional humanitario. Durante su carrera coordinó la reinserción jurídica (amnistía e indulto) de personas cuyas organizaciones dejaron las armas como el EPL, Asesoró comunidades indígenas -como los wayuu en el caso de Bahía Portete- y sindicatos, ha capacitado a población carcelaria para la defensa de sus derechos y asesoró la demanda contra alias “Macaco”, por el asesinato de la defensora Alma Jaramillo ante una Corte Federal del distrito de Columbia en Estados Unido.

Comenzó en 1990 trabajando con Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, representando a víctimas de detenciones arbitrarias por razones políticas y sindicales. En 1993 pasó a ser parte del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), organización en la que estuvo hasta 2005 luego de haber coordinado el área penal, ser el director de los programas de educación en derechos humanos, litigar ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y defender a presos políticos. Tras su retiro del Cajar coordinó el proyecto de la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (ANDAS) para defender los derechos de la población desplazada. Asimismo, asesoró a la Fundación Abogados Sin Fronteras en Colombia, representó a la familia de Miguel Ángel Díaz Martínez, víctima de desaparición forzada, coordinó la política pública de derechos humanos durante la alcaldía de Gustavo Petro y colaboró con las organizaciones sociales en el seguimiento de los diálogos de paz de La Habana y en el análisis para la implementación de lo acordado.

15. Xiomara Cecilia Balanta Moreno

Esta caleña se reconoce como mujer negra y defensora de los derechos humanos desde 2008. Ha trabajado en contra de la discriminación racial y del empoderamiento de la población afrocolombiana. Su paso por la Corte Interamericana reafirmó su vocación por la  consolidación de la justicia en el país. Ha trabajado con la Red Nacional de Mujeres Ambulua; y hace parte del Semillero de abogados (as) del Observatorio de Discriminación Racial adscrito a Dejusticia y al Proceso de Comunidades Negras; trabajó para Movimiento Nacional Cimarrón, donde dirigió el Centro de Justicia y Acción contra el Racismo en Cali; también estuvo vinculada con el Proceso de Comunidades Negras. Ha sido docente y ha capacitado a los jueces de paz de Cali, por lo que cree en la justicia comunitaria.

16. Oscar Javier Parra Vera

Magister en derecho de la Universidad Nacional y en derecho penal de la Universidad de Oxford (Reino Unido) y con diplomados en derecho internacional humanitario. Arrancó trabajando con la Defensoría del Pueblo, en la Comisión Colombiana de Juristas y en la Corte Constitucional. Hasta que en 2005 se ganó la beca Rómulo Gallegos y empezó a trabajar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh). De ahí se convirtió en consultor de la Cidh para temas de indicadores sobre derechos económicos, sociales y culturales. Su gran saltó lo dio en 2006, cuando se convirtió en abogado Junior de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En el tribunal internacional comenzó su ascenso, al punto de que llegó a ser abogado coordinador de uno de los grupos de trabajo en investigaciones de desapariciones forzadas y relacionadas con violaciones de derechos humanos en temas de género, grupos étnicos y grupos vulnerables. En 2013 fue seleccionado para realizar un intercambio con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que luego le permitió convertirse en profesor sobre todo lo relacionado con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en diversos países. Su último cargo fue ser el coordinador del equipo jurídico Secretaría Ejecutiva Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

17. Claudia Rocío Saldaña Montoya

Es especialista en derecho penal y criminología y magister en ciencias penales de la Universidad Externado. En su hoja de vida sostuvo que su perfil y experiencia en estudios en derechos humanos y derecho internacional humanitario le permiten a la JEP tener un equilibrio en términos de imparcialidad por ser una mujer que ha pertenecido a las Fuerzas Militares de Colombia.  Desde 1991 ha estado asesorando en temas jurídicos a la Fuerza Pública y también ha impartido justicia en los tribunales militares.

Se describe como una mujer con mano dura y que ha obrado conforme a la ley sancionando a lo miembros de las Fuerzas Armadas que han cometido algún crimen. En su carrera ha fue juez de primera instancia de la Armada y juez penal de Instrucción militar. Hasta marzo de 2016 estuvo como juez de inspección de la armada y señaló que entre sus capacidades está analizar documentos de inteligencia y aplicar las normas del derecho operacional de la Fuerza Pública en el marco del conflicto armado.

18. Belkiz Florentina Izquierdo Torres

Está indígena arhuaca, nacida en Pueblo Bello (Cesar), es abogada de la Universidad Nacional. Tiene una maestría en Administración Pública y énfasis en gobernabilidad y políticas públicas; y ha trabajado más de doce años en el sector público, sobre todo en el fortalecimiento de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades étnicas.

Es, asimismo, la primera mujer indígena, magistrada auxiliar del Consejo Superior de la Judicatura. Su trabajo ha estado orientado en   visibilizar la jurisdicción especial indígena, bajo las premisas de autonomía indígena en materia de justicia como derecho fundamental; fortalecimiento de la coordinación entre los sistemas de derecho indígena y la jurisdicción ordinaria, en cada ámbito territorial y la defensa constante de los derechos de las mujeres y la niñez. Según ella, “los sistemas de justicia de los pueblos indígenas se relacionan íntimamente con la justicia restaurativa, lo que tiene un enorme potencial para la transición hacia la paz”. Esa es la perspectiva que tendrá en la Jurisdicción Especial para la Paz.