Lea y escuche cómo se desarrolló la primera diligencia de Farc ante la JEP

Exintegrantes del Secretariado y del Estado Mayor de la guerrilla de las Farc comparecieron este viernes a la primera audiencia sobre el delito de retención ilegal de personas en la Jurisdicción Especial para la Paz. Detalles de los informes de la Fiscalía y País Libre que motivaron el llamado de la justicia transicional.

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Rodrigo Londoño, otrora máximo jefe de la exguerrilla Farc, compareció ante los magistrados de la JEP. / Cristian Garavito

El Caso 001. Así quedará registrado en la historia del fin de conflicto con las Farc el primer momento en el que la exguerrilla se presentó ante la Jurisdicción Especial para la Paz, el mecanismo creado por el Acuerdo Final para procesar a los máximos responsables de los delitos más graves cometidos durante 53 años de guerra.

Este primer momento fue seguido con mucho interés por la prensa nacional e internacional que se agolpó en el piso 12 de la sede de la JEP, en el sector de Chapinero en Bogotá. Las medidas de seguridad fueron extremas para permitir que los 31 hombres, otrora comandantes insurgentes llegaran a darle la cara a la justicia.

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La cita era a las 2:30 de la tarde, pero Rodrigo Londoño, quien fuera el máximo comandante de la guerrilla y hoy funge como presidente del nuevo partido llegó a la 1:45 p.m. Entró sonriente, saludando a las cámaras que lo seguían. Después hizo su arribo Julián Gallo, conocido en la guerra como “Carlos Antonio Lozada” y el último fue Pablo Catatumbo, quien llevaba un ramo de rosas rojas, símbolo del partido FARC. Los demás excomandantes se hicieron representar por sus abogados. Sin embargo, la diligencia se demoró porque algunos de ellos no pudieron enviar los poderes debidamente autenticados en notaría. En ese trámite se demoraron cerca de dos horas.

Después, la presidenta de la Sala de Reconocimiento, Verdad y Responsabilidad, Julieta Lemaitre decretó abierta la primera etapa del proceso que estudiará uno de los delitos más graves cometidos dentro del conflicto armado: la retención ilegal de personas, que incluye el secuestro, la tortura, el homicidio y la desaparición de personas. A este grupo se le atribuye 6.162 casos.

Jesús Santrich siguió la audiencia a través de una videoconferencia, sosteniendo un cartel que decía: “Por obstrucción del fiscal no pude atender personalmente esta diligencia”. La Fiscalía no autorizó su traslado desde la cárcel La Picota, donde está detenido luego de ser solicitado en extradición por autoridades de Estados Unidos, debido a su presunta participación en una conspiración para enviar cocaína después de la firma del Acuerdo de La Habana.

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Fueron varias las voces que señaralaron este hecho como histórico. El presidente Juan Manuel Santos dijo: “Hoy ver a Timochenko y a los miembros del Secretariado sentados ante la JEP, respondiendo ante la justicia, eso es una señal muy importante, porque eso lo que significa es que todo eso que se había dicho de que eso iba a ser una paz con impunidad era una falacia, que eso no era sino un invento”.

En esta diligencia la Sala le trasladó a los 31 miembros de la exguerrilla, en discos compactos, documentos que contienen: los informes de la Fiscalía General de la Nación, 42 expedientes judiciales, la base de datos de la Fundación País Libre sobre víctimas cuyo paradero es desconocido y las investigaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica.

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La magistrada Lemaitre les recordó a los comparecientes las condiciones que deben cumplir para acceder a los beneficios de la justicia transicional: aportar en el esclarecimiento de la verdad, comparecer cuando sean requeridos por la JEP, no salir del país sin su autorización, información de cambio de domicilio y garantizar medidas de no repetición, entre otras.

Además, señaló que se trata de un "hecho histórico que constituye un paso fundamental en los esfuerzos para poner fin a un conflicto armado". “El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición fue creado como parte del Acuerdo Final para la Construcción de una Paz Estable y Duradera, cristalizando la centralidad de las víctimas”, dijo la magistrada Julieta Lemaitre.

Haga clic para escuchar a la presidenta de la Sala de Reconocimiento, Verdad y Responsabilidad de la JEP, Julieta Lemaitre: 

“Nos hallamos abocados a realidades dantescas, de las que seguramente brotaron daños, dolor, angustia y pérdidas irreparables a muchas familias colombianas y extranjeras. Pedimos perdón a todas ellas, haremos hasta lo imposible porque puedan conocer la verdad de lo ocurrido, asumiremos las responsabilidades que nos correspondan”, dijo Rodrigo Londoño al final de la diligencia.

A su turno, Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, consideró que una contribución a la verdad permitirá con las personas cuyo paradero es desconocido. "No solo habría que incluir a aquellas dadas por desaparecidas, sino también a las secuestradas y que sus familias no saben dónde están". 

Mónica Cifuentes, quien participó en la construcción del modelo de justicia transicional y quien actuó como delegada de la Procuraduría, pidió pasar la página del conflicto armado. “La audiencia que hoy nos convoca tiene un significado de especial importancia, no solo para la justicia, sino para las víctimas del conflicto armado, porque por fin el día que tanto esperábamos, el inicio de una fase de reconocimiento de verdad, ha llegado (...) Dejemos el pasado en donde está y abramos las puertas al futuro, a la verdad, a la reconciliación y a la conciliación nacional, siempre pensando en las víctimas". 

Escuche a la delegada de la Procuraduría, Mónica Cifuentes:

La Sala de Reconocimiento, en un auto del 8 de julio, citó a 31 exjefes guerrilleros y especificó que lo hizo con base en el informe que presentó la Fiscalía General de la Nación a la Sala. El documento, conocido por este diario luego de su arribo a la JEP, señala que esta entidad cuenta con 6.162 investigaciones atribuibles a las Farc por estos hechos, que agrupan 8.163 víctimas y 4.314 procesados. De estas, la Fiscalía sólo conoce 275 sentencias condenatorias en la justicia ordinaria, proferidas contra 614 personas, incluyendo miembros del Estado Mayor Central de las Farc y del Secretariado.

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La cifra representa el alto grado de impunidad que ha tenido este delito dentro de la justicia ordinaria. Es más, la mayoría de los procesos permanecen en etapas preliminares. Por ejemplo, en la Ley 600 de 2000, 1.627 investigaciones, que corresponden al 72 %, se encuentran en investigación preliminar. Según el informe, el bloque Noroccidental de las antiguas Farc, comandado en su momento por Pablo Catatumbo y cuyo jefe de bloque fue Édgar López, o Pacho Chino, retuvo a 1.564 víctimas (el 44 % del total de casos).

De acuerdo con el ente investigador, la principal motivación para estas retenciones por parte de las Farc fue económica. Al menos ese fue el hallazgo que arrojaron 850 investigaciones, que representan el 57 % del total. Esto habría significado, en plata blanca, el recaudo de $3’625.608’297.250 y US$1.233’898.000 entre 1996 y 2012.

En el primer período, establecido entre 1965 y 1993, la retención se utilizó como fuente de financiación de la organización guerrillera y de sus planes de expansión. Es de este momento que la Fiscalía conoció de 432 casos (el 7 % del total) que tuvieron como principales víctimas a grandes y medianos propietarios del sector rural y a campesinos de las zonas históricas en las que operó la guerrilla.

Pero fue entre 1994 y 2002 que estas retenciones, según la Fiscalía, se incrementaron significativamente, llegando a un total de 3.942 casos (el 64 % del total). Y aunque el secuestro siguió siendo una importante fuente de financiación para las Farc, también tuvo fines políticos como mecanismo para presionar un intercambio humanitario y una interlocución con el Estado. Estos son los años de los ataques indiscriminados contra civiles, conocidas como “pescas milagrosas”, y las tomas a poblaciones: en 1996, Las Delicias (Putumayo); en 1997, Patascoy (Nariño) y Caloto (Cauca), y en 1998, Billar (Caquetá) y Miraflores (Guaviare).

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Entre 2003 y 2017, el último período analizado, el secuestro por las Farc descendió considerablemente, aunque continuaron presentándose casos, más relacionados con formas de control social y territorial de las comunidades que habitaban en sus zonas de influencia, asegura la Fiscalía. Aquí se pasó de una retención de años a una de meses e incluso de días, especialmente en Antioquia, Meta, Caquetá, Chocó y Norte de Santander.

La información de la Fiscalía no suele coincidir con los registros de otras entidades u organizaciones que le han hecho seguimiento a este fenómeno, y la razón de ello radica en que el 74 % de estos hechos fueron denunciados seis y hasta 20 años después de que ocurrieron estos delitos.

A la información que recibió la JEP de la Fiscalía se suma la que aportó la Fundación País Libre, una organización que durante 25 años se ha encargado de documentar casos y acompañar a las familias de los secuestrados. De hecho, según ellos, todavía hay 282 familias que no saben qué pasó con sus seres queridos secuestrados durante el conflicto.

Escuche: Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas:

Ahora la cúpula de la antigua guerrilla, con la asesoría de sus abogados, deberá valorar la información entregada y esperar a un nuevo llamado de la Sala de Reconocimiento, Verdad y Responsabilidad. Entre tanto, organizaciones de víctimas preparan nuevos informes sobre retenciones ilegales que buscan armar el rompecabezas sobre el flagelo del secuestro durante el conflicto.