La urgencia es crear las reglas internas y de procedimiento

La primera Sala Plena de la JEP

Desde las 8:00 de la mañana, los 31 magistrados posesionados inician labores para terminar de ajustar el sistema de justicia transicional que permitirá juzgar a los principales responsables de las miles de atrocidades que se cometieron en medio siglo de conflicto.

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El fiscal de la JEP y 30 de los 38 magistrados tomaron posesión ante el presidente Santos. / Mauricio Alvarado - El Espectador

Luego de un proceso de selección, en el que el Comité de Escogencia analizó más de 2.000 hojas de vida, el presidente Juan Manuel Santos posesionó a 30 de los 38 magistrados que conformarán la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y al director de la Unidad de Investigación y Acusación. Académicos, exjueces de la justicia penal militar, defensores de derechos humanos y reconocidos abogados inician labores hoy, desde las 8:00 a.m., en la primera Sala Plena, con la presidenta de la JEP, Patricia Linares, a la cabeza.

Aún falta que se posesionen siete de los elegidos, pues algunos no han podido renunciar a sus cargos en la Rama Judicial por la vacancia y otros esperan a que la Corte Constitucional se pronuncie sobre el régimen de inhabilidades aprobado por el Congreso. En el Tribunal Especial para la Paz faltan el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá Jesús Ángel Bobadilla, el abogado Eduardo Cifuentes, la magistrada del Tribunal Superior de Barranquilla Zoraida Anyul Chalela, el exministro de Justicia Yesid Reyes y el magistrado del Consejo de Estado Danilo Rojas. Y en las Salas de la JEP quedan por ocupar su cargo el magistrado auxiliar Mauricio García Cadena y el jurista Iván González.

“Los que tomaron posesión fueron por razones personales y laborales. Algunos que vienen de la Rama Judicial deben esperar a que sus respectivas cortes acepten sus renuncias. Sobre las inhabilidades para los magistrados de la JEP consignadas en la Ley Estatutaria, es necesario aclarar que aún no han entrado en vigencia, pues falta la consideración de la Corte Constitucional. Esperaremos que el pronunciamiento de la Corte se dé antes de mayo”, indicó la presidenta de la JEP.

Durante el acto de posesión, el presidente Santos sostuvo que era un día muy especial para la construcción de paz y para las víctimas, porque la posesión de los magistrados y el fiscal de la JEP son la garantía para “seguir cicatrizando las heridas que nos dejaron más de medio siglo de guerra interna (...) La JEP, la que ustedes inauguran, juzgará y sancionará conductas cometidas con ocasión o en relación con el conflicto armado, no sólo de guerrilleros o de agentes del Estado, sino también de civiles que se sometan a ella y hayan tenido participación activa o determinante en los crímenes más graves”.

Y agregó: “Ustedes iniciarán sus labores en plena campaña electoral. Este hecho resalta la importante labor que habrán de tener porque, quiérase o no, los Acuerdos de Paz, y específicamente la JEP, seguirán siendo objeto de debate en el interior de nuestra sociedad, un debate de alguna manera inane, en la medida en que los Acuerdos ya no tienen vuelta atrás, a pesar de que algunos políticos quisieran lo contrario. La forma como ustedes desarrollen sus funciones dará la mayor legitimación a todo lo que Colombia ha construido”.

A su vez, la magistrada Linares envió un mensaje para hacerles frente a las críticas que han recibido la mayoría de magistrados por su supuesta inclinación política: “Asumimos desde ahora el reto y el compromiso de administrar en el posconflicto la justicia restaurativa y así aliviar el dolor de las víctimas, propiciando su reconocimiento y dignificación para la reconciliación y reconstrucción de nuestra sociedad. Nuestro compromiso irrestricto es garantizarles a Colombia y a todos los que acuden a la JEP, cualquiera sea su condición, el máximo rigor, independencia, autonomía, imparcialidad, pulcritud y transparencia en nuestras actuaciones y decisiones”.

Lo que viene

Hoy, los 31 magistrados de las salas y del Tribunal Especial de Paz empiezan su labor para terminar de ajustar las piezas que permitirán que el sistema de justicia transicional arranque. Una tarea que, según la presidenta Linares, se demorará alrededor de dos meses, pues tienen tres objetivos claros. El primero es elaborar el reglamento propio e interno, que servirá, por ejemplo, para dictar las reglas de juego a la hora de votar y tomar decisiones. El segundo es iniciar la discusión para crear el proyecto de ley de procedimiento, es decir, las pautas para juzgar e investigar a quienes se sometan a la JEP.

Si bien los magistrados de la JEP deben avanzar en el diseño de este proyecto de ley, aún existe temor de navegar a ciegas, pues la Corte Constitucional no ha dado todavía a conocer el fallo completo en el que limita el acto legislativo que le daba vida a la JEP y aún falta que se pronuncie sobre la ley estatutaria que aprobó el Congreso. En esta última están consignadas las polémicas inhabilidades para los magistrados y algunas determinaciones para el diseño institucional.

El tercer objetivo está relacionado con la organización interna que garantice el servicio a las víctimas y a quienes acudan a la JEP. No es un tema fácil, pues se trata de 31 personas que intentarán llegar a acuerdos en cuestiones como la organización y distribución de los magistrados en las Salas de la JEP y en las secciones del tribunal especial. Se espera que esta selección sea acorde con lo que pretendió el Comité de Escogencia al elegir distintos perfiles que se complementen y que permitan tener un equilibrio a la hora de tomar una decisión.

Recursos para operar

Para la puesta en marcha de la JEP, el Gobierno designó un presupuesto de $200.000 millones. La cifra también la dio a conocer Linares, en busca de un proceso de transparencia y seguimiento a su ejecución. La inversión fue de $67.000 millones y el funcionamiento interno sumó $133.000 millones. El informe de rendición de cuentas sobre el dinero que puso la comunidad internacional en 2017 para la puesta en marcha de la JEP está pendiente de ser entregado por el secretario ejecutivo de la JEP, Néstor Raúl Correa.

Asimismo, actualmente se trabaja en un decreto que se emitirá para empezar a conformar los grupos de trabajo de los magistrados. Aún se desconoce con cuántos profesionales y magistrados auxiliares contarán los 38 despachos de la JEP y cuándo empezará el fiscal a elegir a sus investigadores. Lo claro es que la implementación y contratación del nuevo personal se hará de forma escalonada, dependiendo de las necesidades, pues el foco de trabajo en un principio se concentrará en la Sala de Amnistías e Indultos, que deberá asumir la tarea que desde el año pasado venía ejerciendo la Secretaría Ejecutiva de la JEP. Por lo pronto, con la posesión de los magistrados, esta jurisdicción especial, que ha navegado en medio de duras críticas por parte de quienes se oponen al proceso de paz, avanzó un paso más en el camino de su puesta en marcha. Su legitimidad dependerá de cómo se implemente.