En procesos por ejecuciones extrajudiciales

La polémica por libertades a militares en la JEP

Revocatoria de la libertad entregada al general (r) Torres Escalante tras acogerse a la JEP evidenció la mala aplicación de un decreto de paz por parte de los jueces.

gnral._torres_escalante_-_mauricio_alvarado.jpg

El general (r) Henry Torres Escalante, investigado por falsos positivos. / Mauricio Alvarado - El Espectador

En alerta se encuentran la Fiscalía y otras autoridades judiciales al descubrir que algunos jueces están otorgando libertades a militares procesados por hechos del conflicto armado, bajo el amparo de un decreto de paz que está siendo malinterpretado. La situación quedó en evidencia con la decisión de la magistrada Gloria Esperanza Malaver, del Tribunal Superior de Yopal, quien revocó la libertad otorgada al general (r) Henry William Torres Escalante, investigado por su supuesta participación en las ejecuciones extrajudiciales de Daniel Torres y su hijo Roque, en marzo de 2007. El militar obtuvo el beneficio el pasado 6 de agosto, luego de que un juez estudiara su solicitud de acceder a la Justicia Especial para la Paz (JEP).

Lea también: El expediente del coronel Miguel David Bastidas que no permitió su ascenso a general

Mientras arranca la JEP, varios de los involucrados en violaciones a los derechos humanos están pidiéndoles a los jueces que les otorguen, o bien la libertad transitoria y condicionada que contempla la ley de amnistía, indulto y trato diferenciado, o que se les apliquen los beneficios del Decreto 706 de este año, que permite levantar las órdenes de captura vigentes o las medidas de aseguramiento dictadas en su contra.

Este último, por ejemplo, fue el camino que siguió el militar Henry Torres Escalante, quien ahora se convierte en el centro del debate. La Corte Suprema de Justicia sentó jurisprudencia para decir que sí es posible que a los condenados o procesados por ejecuciones extrajudiciales cometidas por causa o en relación con el conflicto se les suspenda la orden de captura cuando estén prófugos. El alto tribunal precisó que se trata de un beneficio de carácter temporal hasta que la JEP tome una decisión en cada caso en particular.

Pero, más allá de esta interpretación, el Juzgado Primero Penal del Yopal le otorgó el beneficio de libertad condicionada al general (r) Henry William Torres Escalante. “La Fiscalía acusó al general retirado por dos ejecuciones extrajudiciales y, mientras se avanzaba en el proceso, se aprobó la JEP. Entonces él decidió acogerse a este mecanismo, no para confesar delitos, sino para defenderse. El juez consideró que podría darse la favorabilidad.

En consecuencia, se cumplieron los requisitos y recuperó la libertad, en espera de que entre en funcionamiento la JEP para resolver su situación jurídica. Ahora, con una nueva orden de captura, se evidencia el trato desequilibrado y desigual para los militares”, señaló el penalista Jaime Granados Peña, quien defiende los intereses del militar en retiro.

¿Conflicto de competencias?

Aunque a todas luces lo sucedido evidenciaría una posible colisión de jurisdicciones entre la justicia ordinaria que procesa a la fecha a Torres Escalante y la JEP, para la Secretaría Ejecutiva de la Justicia Especial de Paz, se trata de una alerta, al considerar que nunca debió obtener la libertad por esta vía. “El general accedió a la libertad mediante el Decreto 706 y por esa razón le revocan la libertad”.

El tema es que ese decreto no puede ser aplicable, según la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Por ese motivo, el Tribunal de Yopal pidió nuevamente la medida de aseguramiento”. El proceso que debió seguir era acogerse a la JEP, pero no se completaron los requisitos. “Si bien él llegó en el segundo listado que nos envió el Ministerio de Defensa y por eso firmó el acta, nunca llegaron los documentos que solicitamos para verificar las causas y, por ende, jamás enviamos el proceso de verificación”.

Para abogados que se han dedicado a representar a los familiares de las víctimas de falsos positivos, las condiciones actuales no dan garantías para la protección de sus derechos, en especial el Decreto 706, y el problema consiste en la aplicación que se le está dando. “El decreto está concebido para aplicárselo a los prófugos de la justicia y no a los que están atendiendo procesos judiciales con medida de aseguramiento o sin ella. No tienen en cuenta la gravedad de los delitos, ni se analizan las circunstancias que llevaron a la detención”, explicó el abogado Fernando Rodríguez Kerkan, quien también representa a las víctimas del caso por el que es procesado el general retirado Torres Escalante.

Esta misma tesis fue la que sostuvo la Fiscalía para solicitar la revocatoria de la libertad del general retirado. “Solicita se revoque la sustitución de la medida de aseguramiento concedida, bajo el argumento que no resulta procedente el otorgamiento de un mecanismo no privativo de la libertad, bajo el Decreto 706. Dado que se trata de un homicidio en persona protegida de dos personas, siendo una de ellas menor de edad, merece se examinen las calidades del actor y la modalidad en que fueron realizados los actos criminales”.

Vea también: La disyuntiva de Giovanni Álvarez, el fiscal de la JEP

Lo sucedido con Torres Escalante llamó la atención de las autoridades judiciales. Por ahora, el general deberá volver a un centro de reclusión militar y enfrentar el juicio en su contra. Torres había sido llamado a juicio en agosto de 2016 por el fiscal 3 delegado ante la Corte Suprema. Los falsos positivos por los cuales se llamó a juicio al general en retiro ocurrieron en la finca El Triunfo, en Aguazul (Casanare). En el expediente en su contra habría material probatorio que demostraría que Torres Escalante tendría responsabilidad en más de 80 ejecuciones extrajudiciales en Casanare, especialmente en los municipios de Hato Corozal y Paz de Ariporo.

Por estos hechos ya fue condenado a 22 años de prisión el teniente Fabián García, quien estaba bajo las órdenes de Torres Escalante. Por eso, después de la condena del uniformado, el juez mandó a investigar al general, en ese entonces activo dentro de la institución castrense. Las investigaciones avanzaron y, el pasado 28 de marzo, Torres Escalante se presentó a la Fiscalía. La decisión del uniformado fue tomada luego de que el entonces fiscal, Eduardo Montealegre, ordenara su detención.

La tarea de las autoridades judiciales será verificar el proceso de varios militares que decidieron acogerse a la JEP y las libertades que le fueron otorgadas. Su suerte quedará definida el día que realmente quede implementada la Justicia Especial para la Paz. Un largo camino para el Gobierno, mientras se falla sobre el Acto Legislativo 01 de 2017, que crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, así como la JEP.