La parapolítica llega a la JEP con los casos de los excongresistas Char y Ashton

La Jurisdicción Especial para la Paz asumió competencia para conocer los casos de los excongresistas, así como el del exagente del DAS Martín Sierra D’ Alemán, condenado por homicidio.

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David Char (Izq.) y Álvaro Ashton son procesados por presuntos vínculos con el paramilitarismo.

Los excongresistas David Char y Álvaro Ashton son los primeros procesados por vínculos con el paramilitarismo que llegan a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Ayer, la Sección de Apelación les abrió las puertas para ingresar al sistema de justicia transicional con la condición de que cumplan con el esclarecimiento de la verdad, la reparación a las víctimas y la no repetición.

Tanto Char como Ashton, procesados por la Corte Suprema de Justicia por concierto para delinquir por presuntos nexos con los paramilitares, le pidieron a la JEP que asumiera competencia para conocer sus casos. No obstante, en mayo pasado, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas -puerta de entrada a la JEP para miembros de la fuerza pública, agentes del Estado no combatientes y terceros civiles- les negó su ingreso a este sistema al considera que los casos por los que son investigados no tienen relación estrecha con el conflicto armado.

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Sin embargo, la Sección de Apelación revocó esas decisiones al considerar que los delitos están dentro de la competencia temporal y personal de la JEP. Es decir que esas conductas al parecer fueron cometidas antes del 1 de diciembre de 2016 (fecha en que se firmó el acuerdo final con las Farc) y fueron puestas en conocimiento de la JEP bajo el sometimiento voluntario que se aplica para los agentes estatales no miembros de fuerza pública.

Y es que los hechos por el cuales la Corte Suprema de Justicia los investiga no son de menor calado. Char y Ashton, al parecer, establecieron una alianza con el frente José Pablo Díaz (del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia) para resultar elegidos como congresistas. Para lograrlo, los exparlamentarios se habrían comprometido a favorecer desde el Congreso a los intereses del paramilitarismo.

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De acuerdo con la investigación de la Corte Suprema de Justicia, Char -quien está privado en la penitenciaría La Picota- entregó dinero, municiones y vehículos al frente paramilitar José Pablo Díaz del Bloque Norte de las AUC. “Los delitos investigados, de haber ocurrido, habrían tenido como propósito asegurar con ayuda de las autodefensas el acceso a una curul en el Senado de la República con miras a comprometer la función legislativa que como miembro del Congreso le correspondía realizar para esa organización ilegal”, indicó la Corte en octubre de 2017.

Por otra parte, Ashton es investigado por la Corte Suprema de Justicia por promover el paramilitarismo. Su objetivo, al parecer, era aliarse con las AUC para obtener beneficios burocráticos en los departamentos de Atlántico y Magdalena y, en ese sentido, asegurar su aspiración al Congreso de la República. Además, los paramilitares buscaban conseguir el respaldo de Ashton en el trámite del proyecto de ley de Justicia y Paz.

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La Sección de Apelación llegó a la conclusión que las conductas que supuestamente cometieron Char  y Ashton  sí podían entenderse cometidas por causa, con ocasión o en relación indirecta con el conflicto armado, en virtud a que contribuyeron "al esfuerzo de guerra al favorecer los intereses políticos, ideológicos y económicos de las AUC". 

Pide de foto: Patricia Linares y Eduardo Cifuentes, magistrados de la Sección de Apelación de la JEP, recordaron que los dos excongresistas y el exagente del DAS deben contribuir con verdad, reparación y no repetición. 

Cuando los exparlamentarios acrediten ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas que cumplen con el régimen de condicionalidades exigido en la JEP, podrán  solicitar los beneficios penales a los que tengan derecho (por ejemplo, libertades condicionadas o traslados de lugar de reclusión. 

La JEP también admitió el caso del exagente del DAS Martín Sierra D’Alemán, condenado a 30 años de prisión en la justicia ordinaria por haber secuestrado, torturado y asesinado a Julio Édgar Galvis, Raúl Gutiérrez Guarín, Rafael Enán Lora y Fredy Humberto Guerrero y Aidé Malaver, exmilitantes del M-19 en marzo de 1994. El condenado, no obstante, está libre desde julio de 2007 por un periodo de prueba de 12 años, que le otorgó el juzgado segundo de ejecución de penas de La Dorada (Caldas).

Terceros civiles, ¿limitados en la JEP?

La Sección de Apelación indicó que “el análisis del contexto en el que ocurrieron los hechos hace probable que las conductas por Sierra D’Alemán se hayan dado en el marco de una lucha antisubversiva”.

“Desde el ingreso de las personas que se someten a la JEP rigen condiciones muy estrictas que deben cumplirse para el ingreso y para la permanencia en esta jurisdicción. Esas condiciones tienen que ver con el aporte completo a la verdad, a la reparación de las víctimas y también a las garantías de no repetición”, aseguró el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz.