La misión de la JEP de buscar la verdad en Nariño

La justicia transicional se enfocará en afectaciones contra la población indígena en Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, a manos de miembros de la Fuerza Pública y excombatientes de las Farc, cometidos entre 1990 y diciembre de 2016.

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El 89 % de la población de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas pertenece a algún pueblo étnico. / Cristian Garativo-El Espectador

Los habitantes de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas (Nariño) estuvieron, durante el conflicto, en medio de las balas de las Farc y la Fuerza Pública. Los enfrentamientos derivaron en masacres, desplazamientos y confinamientos hasta el punto de que sólo en estos territorios se inscribieron en el Registro Único de Víctimas alrededor de 120.000 personas. Los más afectados fueron los miembros del pueblo indígena awá y los integrantes de los Consejos Comunitarios de Río Chagüí, Alto Mira y Frontera. El caso de este territorio, uno de los más azotados por la guerra, llegó ayer a las puertas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Se trata del Caso 002 que abrió la Sala de Reconocimiento, Verdad y Responsabilidad de la JEP, que dio comienzo a la etapa de contribución a la verdad. Eso significa que la sala empieza a recibir versiones voluntarias sobre los hechos victimizantes ocurridos en esos tres municipios entre 1990 y el 1° de diciembre de 2016. Los insumos con los que ya cuenta esta sala constan de los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), 28 sentencias condenatorias, información de 60 miembros de las Farc y la Fuerza Pública con actas de compromiso ante la JEP, el inventario de casos de la Fiscalía y la información recopilada por organizaciones de la sociedad civil.

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Para entender la magnitud de la afectación a esta zona basta con recordar las masacres que padeció la comunidad awá, dos en 2009 y una en 2011. La más recordada ocurrió el 4 de febrero cuando 11 personas en el resguardo Tortugaña-Telembí, entre ellas dos mujeres en estado de embarazo, fueron asesinadas con cuchillos y machetes por las Farc al ser acusados de ser colaboradores de las Fuerzas Militares. En la última, ocurrida el 14 de septiembre de 2011, un miembro de la guerrilla de las Farc, identificado como Serafín Cortés Delgado, señaló a cuatro niños indígenas de haber atracado un bus. Fue entonces cuando los amarró, los obligó a caminar por una trocha y posteriormente asesinó a tres de ellos. El cuarto niño logró escapar y, de esa manera, logró identificar al miembro de esa guerrilla que fue condenado a 33 años de prisión por la justicia ordinaria en 2016. El Espectador verificó que esta persona no fue acreditada como miembro de las Farc y por lo tanto no entró al proceso de paz.

Sin embargo, esta es apenas la punta de lanza de los crímenes cometidos contra la población indígena en el departamento. Según el auto 004 de la JEP, sólo entre 1995 y 2012 se registraron 166 homicidios de indígenas awás, 10 masacres entre 2003 y 2010, en las que fueron asesinadas 57 personas. Además, entre 2002 y 2012 se presentaron al menos 18 desplazamientos masivos, al parecer, a manos de las Farc y que dejaron 1.530 víctimas.

Pie de foto: Los habitantes de Tumaco (Nariño) piden que cese la violencia de los actores armados. 

“En su momento la Fiscalía inició todo un proceso de investigación, que para esta Sala será muy importante para entender la verdad de todo lo que pasó. Esto nos permitirá conocer la conexidad de todos los hechos victimizantes y no mirarlos de manera aislada”, aseguró Belkis Izquierdo, magistrada indígena de la JEP.

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Para priorizar este caso dentro de su objeto de análisis, la JEP no sólo se basará en los hechos, sino que tuvo en cuenta el grado de vulnerabilidad de las víctimas (la mayoría pertenecientes a grupos étnicos), la representatividad de los responsables (Farc y Fuerza Pública) y la magnitud de la victimización, entre otros. De acuerdo con la magistrada Julieta Lemaitre, presidenta de la Sala de Reconocimiento, esta es la primera apuesta de la JEP por aplicar un enfoque territorial sobre tres municipios “que a través de los años fueron olvidados por el Estado y victimizados de forma persistente por los diferentes actores del conflicto”.

Y añadió: “Si bien se va a seguir respondiendo a los fenómenos nacionales, como se ha hecho con las retenciones ilegales, de manera paralela llevamos otros casos que lo que buscan es contar lo que pasó en los territorios y dar cuenta del enfrentamiento entre los actores”.

Ahora, con el Caso 002, la JEP da inicio al llamado de versiones voluntarias y empieza el camino por establecer la verdad de lo ocurrido durante 26 años. Según los informes recibidos por la justicia especial, se cuentan también muertes y afectaciones por minas antipersonales, explotación económica forzada asociada con el conflicto, violencia sexual, atentados contra líderes comunales e indígenas, que cuentan con medidas cautelares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Corte Constitucional, a través de las cuales se le solicitó al Estado colombiano adoptar soluciones para garantizar la vida y que incluyan el desminado del territorio ancestral.

“Estos casos nos permiten entender las causas estructurales y los efectos que ha tenido este conflicto (…) Dentro de muy poco estaríamos identificando a los presuntos responsables para que rindan versiones voluntarias”, indicó Izquierdo.

El principal desafío de la JEP será esclarecer la verdad de los hechos más graves ocurridos en los tres municipios de Nariño que han tenido que vivir en medio del fuego cruzado.