Procuraduría y Corte Suprema reconocen su competencia

La lucha de la JEP por su legitimidad

El caso “Santrich” ha desnudado la debilidad institucional que aún aqueja a la Jurisdicción Especial para la Paz. El camino para este tribunal, que estará vigente 15 años, será largo y espinoso. 

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Los magistrados de la JEP se han ido posesionando desde el pasado 17 de enero. / Archivo

El nacimiento de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) ha sido tan convulsionado como se esperaba. En ningún país que haya sido afectado por una guerra, la transición hacia la paz ha sido sencilla o ausente de obstáculos; y si algo ha representado el caso Santrich para la JEP, es una especie de bautismo con fuego. Es un proceso complejo, que genera un fuerte impacto sobre los guerrilleros que le dieron su respaldo al Acuerdo de Paz. Con este caso, casi a empellones –a juzgar por las declaraciones que ha dado el fiscal general–, la JEP ha empezado a darse su lugar dentro de la arquitectura institucional colombiana, que parece haberla recibido con recelo.

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El Acuerdo de Paz ya ha surtido etapas difíciles: el plebiscito que casi lo tumba; la dejación de armas; el cuestionable arranque de una maquinaria estatal ajustada a esta nueva realidad. Y ahora pasa por el trayecto más empinado: lograr justicia para las víctimas como una vía para consolidar la paz. Pero si algo dejó ver el caso Santrich, es que la JEP sigue caminando coja. Aunque el Congreso ya aprobó la reforma de la Constitución que dio vida al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (Acto Legislativo 01 de 2017), a la JEP todavía le falta que sus reglas de juego estén claras.

La responsabilidad de que la hoja de ruta de la JEP aún no esté lista es, principalmente, del Congreso. La ley estatutaria de este sistema de justicia transicional, fundamental para reglamentarlo, fue aprobada después de varios debates fallidos el 30 de noviembre de 2017: justo el último día en que Senado y Cámara tenían vigente la facultad de legislar con el fast track. Esa ley estatutaria fue entonces enviada a la Corte Constitucional para su examen y, hasta la fecha, el alto tribunal no ha emitido fallo. Un documento del pasado 18 de mayo explica en detalle por qué.

Ese día, el magistrado que elaborará el borrador de la sentencia, Antonio Lizarazo, le pidió por tercera vez al Congreso que le enviara ciertos documentos que necesita para hacer su estudio, que todavía no llegan a su despacho. Es decir, el examen constitucional de la ley sigue varado por cuenta de un Congreso que también se rehusó a tramitar la norma con celeridad. Sin embargo, la misma Corte tiene también una deuda con la JEP: el 14 de noviembre de 2017, a través de su oficina de prensa, notificó que el Acto Legislativo 01 de 2017 fue declarado exequible. Y hasta hoy, no hay fallo tampoco.

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En el Congreso hay otro asunto pendiente con la JEP. Se trata de la ley que desarrolla sus reglas de procedimiento. En marzo de este año, los propios magistrados de la JEP elaboraron el proyecto de ley y se lo enviaron al Gobierno, en donde, le contaron fuentes de alta credibilidad a este diario, fue recibido con reticencia. El documento tardó un mes en llegar a manos del Congreso sin mayores modificaciones; luego, el Gobierno lo radicó con llamado de urgencia. Y ya van dos veces en que las comisiones primeras de Senado y Cámara lo aplazan por falta de quórum.

“El tribunal ha tenido que operar apelando por analogía a la Constitución, a ciertas normas legales y a su propio reglamento. Pero eso dificulta el funcionamiento de cualquier tribunal”, le dijo a este diario Catalina Botero, decana de Derecho de la Universidad de los Andes y conjueza de la Corte Constitucional. “Lo primero que debe pasar para evitar traumatismos es que se debe aclarar el ordenamiento jurídico en el cual va a operar la JEP”, agregó. Una posición que ha respaldado la Procuraduría, organismo que cree que la JEP no puede, por ejemplo, suspender una extradición basándose en su reglamento interno.

Esa falta de normas, sin embargo, no significa que la JEP no tiene espacio para actuar y así lo resaltó la Procuraduría esta semana, al pedirle a la Sección de Revisión que levantara la suspensión al proceso de “Jesús Santrich”. El Ministerio Público rescató lo que está consignado en el Acto Legislativo 01 de 2017: que la JEP puede entrar a funcionar “sin necesidad de ninguna norma de desarrollo, sin perjuicio de la aprobación posterior de las normas de procedimiento y lo que establezca el reglamento de dicha jurisdicción”. Para la Procuraduría, no hay duda de que la JEP tiene competencias y las puede ejercer.

El fiscal, inconforme

La JEP, en donde los magistrados apenas empezaron a posesionarse en enero de este año, está tratando de consolidarse como un actor legítimo en el sistema judicial colombiano. Y el menos entusiasmado de todos ha sido el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien encontró en el caso Santrich el vehículo para criticar las decisiones y la legitimidad de este tribunal. Desde el pasado 16 de mayo, cuando la Sección de Revisión de la JEP suspendió la extradición del exjefe guerrillero para que no sea enviado a EE.UU. mientras se toman decisiones, Martínez ha sido una lluvia de críticas para el tribunal.

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“Han quedado amenazadas la institucionalidad democrática, competencias del Congreso, integridad de la jurisdicción ordinaria y cooperación judicial internacional en lucha contra el delito”, protestó el fiscal cuando se enteró de la determinación de la JEP. “Las buenas cercas hacen buenos vecinos”, les volvió a decir a los integrantes de este sistema de justicia transicional el pasado 22 de mayo, en un evento en Cartagena organizado por la Procuraduría. Y al decir esa frase, salió un importante defensor de la JEP: el presidente de la Corte Suprema, José Luis Barceló.

“Es cierto, señor fiscal: Las cercas hacen buenos vecinos. Pero ellos no son notarios, sino jueces. Uno ordinario y el otro de lo transicional, en procura de una paz que es un mandato constitucional”, expresó el magistrado Barceló. “Las instituciones ordinarias, como la Fiscalía, tienen que entender que la JEP tiene un lugar en la arquitectura institucional que le dio la Constitución y unas facultades que se le otorgaron bajo una reforma constitucional”, explica Catalina Botero. “El fiscal debe ser más prudente al referirse a una jurisdicción muy difícil, porque el proceso de paz está dependiendo de la consolidación de este sistema”, añade.

“Habrá que esperar a que la JEP empiece a tomar decisiones. La legitimidad de la justicia para la paz va a estar precisamente en qué decisiones tome en los próximos meses y años, y que los colombianos empiecen a ver la verdad que salga del reconocimiento de los exmiembros tanto de la Fuerza Pública como de las Farc. Son decisiones que toman su tiempo, pues son macroprocesos”, le dijo a este diario la representante Angélica Lozano, quien mencionó como ejemplo las sentencias contra paramilitares en Justicia y Paz. “Hay 17, 18 sentencias. Puede parecer un número muy bajo, pero son investigaciones de episodios complejos”.

En un país a punto de elegir nuevo presidente, el tema de la JEP resulta crucial. Lo saben sus magistrados, quienes admiten que es un sistema inédito y complejo. “Estamos dispuestos a responder por dudas y cuestionamientos (…) y a contribuir a la máxima verdad posible, para permitir el esclarecimiento de quiénes fueron los auspiciadores y responsables de la guerra”, dijo hace un par de días Patricia Linares, presidenta de la JEP. Pero, tratándose de una justicia diseñada desde el Acuerdo de Paz con las Farc, sus decisiones también estarán mediadas siempre por la política. “La JEP debe ser extremadamente cuidadosa. Cualquier error se lo van a cobrar mucho más que a cualquier otra institución”, concluye Catalina Botero.