La justicia arhuaca en la JEP

Belkis Florentina Izquierdo, miembro de esta comunidad indígena, fue elegida como magistrada de las salas de la Jurisdicción Especial para la Paz. Ya había hecho historia al ser la primera mujer indígena en llegar al cargo de magistrada auxiliar del Consejo de Estado.

belkis_izquierdo_editada.jpg

Blekis Florentina Izquierdo es indígena arhuaca. / Cortesía Comité de Escogencia

A la arhuaca Belkis Florentina Izquierdo le quedaba pendiente dar un paso más para ser una de las mujeres más importantes en la historia de la justicia colombiana. Luego de convertirse en la primera indígena en llegar a ser magistrada auxiliar del Consejo Superior de la Judicatura, hoy es una de las cuatro representantes de los pueblos originarios que ostentan el cargo de magistrado titular en la Jurisdicción para la Paz (JEP).

Nacida en Pueblo bello (César) y luego de enfrentar múltiples luchas para defender la jurisdicción indígena, Belkis Izquierdo, se puede decir, da cátedra sobre lo que significa la justicia como un derecho fundamental. En su entrevista ante el Comité de Escogencia expuso cómo la milenaria justicia indígena era un claro ejemplo de lo que es el derecho restaurativo y que, más que generar conflictos de competencia, lo que hará es ser un complemento de la JEP.

“El pluralismo jurídico es una oportunidad importante porque la justicia nos ofrece una mirada diferente para analizar el contexto en el que se dio el conflicto para impulsar nuevas formas de justicia restaurativa (…) Los sistemas de justicia indígena son de gran aporte para la construcción del modelo porque tienen un enfoque integral y holístico, lo que permite representar la diversidad y distintas formas de comprender la justicia, la verdad y la vida”, dijo la indígena arhuaca en su entrevista.

Desde 2014 empezó como magistrada auxiliar. Su tarea era clara: visibilizar la justicia indígena bajo la premisa de la autonomía y diversidad étnica, coordinar la jurisdicción indígena con la jurisdicción ordinaria y defender los derechos de las mujeres y la niñez.  Además, la han encargado de apoyar a la Escuela Rodrigo Lara Bonilla en la formación de jueces desde una perspectiva étnica.

Para Belkis Izquierdo la JEP es un reto que requiere de una absoluta creatividad para comprender un conflicto de más de 50 años, entender las necesidades de los territorios y no ser una justicia centralista que desconozca el enfoque territorial y las desigualdades sociales que han agudizado la violencia. “Es una oportunidad para desarrollar los principios constitucionales relacionados a la diversidad étnica y cultural”, señaló.

Para la nueva magistrada, lo que más hace falta para incorporar otras formas de comprender el derecho penal y la sanción, es la capacidad de abrir las mentes. Indicó que eso lo ha evidenciado constantemente en su trabajo de intentar acercar a la justicia indígena con la justicia ordinaria, pues pocos entienden que las justicias ancestrales son de gran aporte para entender qué es una sanción restaurativa. “Tenemos la experiencia de más de 102 pueblos indígenas en Colombia que imparten su propia justicia”, les dijo a los miembros de Comité de Escogencia.

Al comparar la sanción penal con la sanción del derecho propio -o de la justicia indígena-, precisó que la segunda es preventiva, integral y ve de forma holística al ser humano: “Las personas deben ser comprendidas en su integralidad. Cuando hay una conducta prohibida se desarmoniza la persona, la familia y el territorio, entendido como un ser vivo y sagrado. Ahí hay una clara diferenciación, porque en la justicia ordinaria las sanciones casi siempre son la cárcel, y en los pueblos indígenas tenemos una propuesta que son los centros de armonización, para brindarle equilibrio y reparación a la persona. La justicia indígena no ve a la persona del mismo modo que lo hace el Estado, que pretende mostrar que la justicia es cárcel”.

Belkis Izquierdo manifestó que el Estado al entender el derecho como una forma de castigo, ha generado graves problemas, como la crisis penitenciaria. Además, argumentó que los centros de armonización son una vieja fórmula de reparación que se puede copiar en la JEP para plantear el trabajo comunitario en poblaciones víctimas. Frente a los problemas de competencia que se podrían generar entre las dos jurisdicciones, la JEP y la Indígena, sostuvo que el primer paso es reconocer la autonomía de cada una y observar si hay competencia real para conocer los asuntos.

“La idea es como avanzar en reconocer y respetar la autonomía jurisdiccional de la justicia de los pueblos.  En mi experiencia de recorrer todo el país, lo que hay que mirar es el factor institucional, si existen las autoridades, las normas y procedimientos y en sus sistemas de justicia. Hay comunidades que a causa del desplazamiento han visto cómo sus sistemas de justicia se han debilitado. Aquí hay una gran oportunidad de visibilizar la forma en que racionaliza la jurisdicción indígena, sobre todo en aquellos pueblos donde el factor institucional está vigente y fuerte”, concluyó Izquierdo.