Unas 7.392 personas se han sometido a este sistema de justicia

La Jurisdicción Especial para la Paz abre sus puertas

Por ahora, la Jurisdicción Especial para la Paz atenderá a las víctimas, analizará los procesos de quienes cometieron los más graves delitos durante el conflicto y escuchará a la ciudadanía. Aún no empezará diligencias judiciales.

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Las instalaciones de la JEP están en la carrera séptima con calle 63, en Bogotá. / Cristian Garavito-El Espectador

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abre sus puertas al público a partir de hoy. Con este paso, el componente del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que surgió del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, tendrá la misión de investigar las más graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, ocurridos con ocasión del conflicto armado interno.

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En ese sentido, la apertura de puertas consiste en permitirles tanto a las víctimas como a los postulados (miembros de la antigua guerrilla de las Farc, integrantes de la Fuerza Pública y terceros que se presenten de manera voluntaria), que presenten, en sus instalaciones, en Bogotá, sus inquietudes sobre su funcionamiento. Ya hay un equipo especializado para atender a los ciudadanos.

De momento no se adelantarán las diligencias judiciales. Primero debe surtirse un primer trámite: que los magistrados presenten al público su reglamento interno, en el que vienen trabajando hace dos meses. “Es muy importante porque les permite resolver asuntos operativos como los tiempos de los procesos, la distribución de los magistrados”, indica Juan Carlos Ospina, de la Comisión Colombiana de Juristas.

Por otra parte, se requiere que el Congreso tramite el proyecto de ley de procedimiento para que funcione. Esta ley es fundamental porque fija las pautas para investigar y juzgar a los postulados y satisfacer los derechos de las víctimas. Hasta que este proyecto sea una realidad, la JEP no podrá entrar en funcionamiento plenamente. Entre tanto, a la fecha los integrantes de la Jurisdicción Especial para la Paz, en la que ya se han posesionado 35 de los 38 magistrados, tendrán la misión de analizar los casos más complejos provenientes de los 7.392 postulados.

“Que la JEP abra las puertas permite que ese sistema de justicia escuche a las víctimas y realmente empiece a centrarse en ellas, como dice el Acuerdo de Paz, que promueva la justicia restaurativa”, indica Camilo Sánchez, investigador de Dejusticia.

¿Qué es la apertura de puertas?

A partir de hoy, los ciudadanos podrán llegar hasta sus instalaciones para presentar peticiones y resolver sus inquietudes frente a su operación, en la sede de Bogotá (carrera 7ª Nº 63-44). Allí se adecuó un dispositivo especializado para atender al público: víctimas, a quienes la JEP les ofrecerá representación judicial; miembros de la Fuerza Pública y excombatientes ilegales que se sometieron a este sistema de justicia (y quienes también podrán contar con defensores en caso de requerirlos), y la ciudadanía en general.

¿Qué hace la JEP?

La JEP conocerá de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario ocurridas antes del 1º de diciembre de 2016, con ocasión del conflicto armado. Sus integrantes estarán en capacidad de investigar, juzgar y sancionar o absolver a quienes hayan pedido cupo en el sistema. Por tratarse de un modelo de justicia especial, será transitorio y funcionará por 15 años. Su período podrá extenderse por cinco años más. Eso quiere decir que podrá funcionar por un período máximo de 20 años. Los tiempos empiezan a correr hoy.

¿Quiénes podrán ser investigados?

Las personas que hayan cometido delitos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado. A la JEP entrarán miembros de la antigua guerrilla de las Farc; los miembros de la Fuerza Pública que hayan cometido violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, así como los agentes del Estado que no hayan sido miembros de la Fuerza Pública. Los terceros civiles que de manera voluntaria se sometan a la jurisdicción también podrán ser investigados y acogerse de forma amplia al modelo de rendición de cuentas.

Los derechos de las víctimas

El sistema apunta a que las víctimas tengan derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. A su vez, tienen derecho a que sean reconocidas dentro del proceso judicial; a que tengan la posibilidad de aportar pruebas, intervenir durante las audiencias e interponer recursos; a contar con acompañamiento psicológico, y a ser informadas del avance de las investigaciones. Se podrán realizar audiencias públicas y, cuando se realice un reconocimiento escrito, las víctimas podrán acceder a la documentación del proceso. 

¿Hoy empiezan las audiencias?

No. A partir de hoy, las salas empiezan a analizar los casos que llegan a los despachos. Por ejemplo, la Sala de Amnistías o Indultos estudiará las más de 2.900 solicitudes de los exmiembros de las Farc y, de manera simultánea, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas se ocupará de los requerimientos que presenten los miembros de la Fuerza Pública para cesación de las investigaciones penales en su contra. Además se resolverán las dudas de los grupos de víctimas.

Los trámites que están pendientes

Para dar inicio a las audiencias judiciales se requiere, entre otras cosas, que se tramite el proyecto de ley de procedimiento en el Congreso de la República. La JEP ya le entregó la iniciativa al presidente Juan Manuel Santos. Se calcula que este trámite durará entre seis meses y un año. Entre tanto, las salas se encargarán de contactar a las asociaciones de víctimas y las entidades del Estado para preparar los informes que recibirán los magistrados. Por otra parte, para hoy está previsto que los magistrados presenten el reglamento de funcionamiento interno.

¿Qué es la ley de procedimiento?

Con base en el acto legislativo que creó la JEP, así como la Ley Estaturaria que la reglamenta, con este proyecto se busca definir la forma como se va a hacer el juzgamiento. Allí deben estar incluidos los derechos de las víctimas y de los procesados.
 La iniciativa además apunta a que la JEP se articule efectivamente con los demás componentes del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (Comisión de la Verdad y Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas).

¿Qué es el reglamento interno?

Es el conjunto de normas internas de la JEP que les permiten a sus integrantes resolver asuntos operativos relevantes para su funcionamiento. Por ejemplo, abordarán temas como los principios que guiarán el trabajo de la jurisdicción, las reglas del juego para el trabajo y las sesiones plenarias, los períodos de sus directivos, definirá la forma como se elige el presidente y sus funciones, las reglas de organización y concretará los tiempos del tránsito de los procesos de una sala a otra. 

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Datos sobre el procedimiento

-Las sentencias sólo serán anunciadas cuando estén escritas y firmadas por todos los magistrados.
-El procedimiento apunta a ser corto, con base en las lecciones aprendidas de Justicia y Paz y de la justicia ordinaria.
-Se buscará que las decisiones se tomen por consenso. Existe la posibilidad de que haya salvamentos de voto.
-Si se produce el caso de un magistrado envuelto en un proceso penal y se profiere una resolución de acusación en su contra, podrá ser separado del cargo.
-Se tomarán medidas de protección a las víctimas.
-Se evitará que haya confrontación entre las víctimas de violencia de género y sus victimarios.
-La JEP no recibirá denuncias individuales, sino colectivamente, presentadas por las organizaciones sociales. Estas tienen dos años, a partir de hoy, para presentar sus informes a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de Hechos. Ese plazo se podrá extender por otro año.
-La JEP no hará reparaciones económicas, que seguirán a cargo de la Unidad de Víctimas y la justicia ordinaria.
- Las entidades que presentarán informes del conflicto a la JEP son la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la justicia penal militar, la jurisdicción indígena, el Consejo de la Judicatura y la Secretaría Ejecutiva de la JEP, que ha sistematizado toda la información recibida en el último año.