Víctimas piden la verdad

La JEP empieza a escribir su historia

A pesar de que la Corte Constitucional no ha solucionado el escollo de las inhabilidades, el presidente Juan Manuel Santos se la juega al posesionar hoy a 30 de los 38 magistrados del sistema de justicia transicional. 

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Rueda de prensa en la que fueron anunciados los nombres de los magistrados de la JEP, por los miembros del comité de selección. / Presidencia

Entendido como la columna vertebral del Acuerdo de Paz con las Farc, el Tribunal Especial de Paz (TEP) empieza su colosal tarea con el país: investigar, esclarecer, perseguir, juzgar y sancionar las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) cometidas en más de 50 años de guerra. Tarea que comienza este lunes, cuando el presidente Juan Manuel Santos –a siete meses de salir de la Casa de Nariño– posesione a los magistrados que componen esta justicia transicional, que impartirá ley al menos a 6.000 personas de la Fuerza Pública, la exguerrilla y algunos exfuncionarios que ya firmaron actas de compromiso con este sistema.

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En total, serán 38 magistrados titulares que harán parte de las tres salas (Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas; Sala de Definición de las Situaciones Jurídicas y Sala de Amnistía o Indulto) y del Tribunal Especial de Paz, máxima instancia de la Jurisdicción Especia de Paz (JEP). En las salas habrá 18 magistrados; en el Tribunal, 20. La JEP hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, que cuenta también con la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

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Según fuentes de la JEP, sin embargo, este lunes no se posesionarán 38, sino 30 magistrados, pues algunos todavía cumplen otras funciones. Es el caso de Zoraida Chalela Romano, magistrada de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla, o Danilo Rojas Betancourth, quien se desempeña en la Sección Tercera del Consejo de Estado. Mientras que estos magistrados se podrían posesionar a mediados de marzo, otros, al parecer, quieren esperar el fallo de la Corte Constitucional sobre el régimen de inhabilidades a los magistrados, propuesto en el Congreso en la ley estatutaria que reglamenta la JEP a finales de 2017.

Ese régimen, que se aprobó en medio de una gran polémica, impediría que varios de los escogidos para el TEP puedan tomar posesión de su cargo, pues la inhabilidad aplicaría en estos casos: que en los cinco años anteriores hayan ejercido una “representación judicial” en casos de conflicto armado, que pertenezcan o hayan pertenecido a organizaciones que hayan ejercido tal representación, que hubieran gestionado o representado intereses en contra del Estado –en materia de reclamaciones por violaciones a los derechos humanos, al DIH o infracciones al Derecho Penal Internacional– o que hayan tramitado, en el mismo lapso, acciones ante tribunales internacionales.

La aprobación de las inhabilidades fue promovida por Cambio Radical, partido que acaba de adherir a la campaña presidencial de Germán Vargas Lleras y del cual él ha sido directivo. Entre quienes sentaron su voz de protesta por la decisión del Congreso, de establecer inhabilidades nuevas que además no aplican para los demás magistrados del país, se encontraban los propios integrantes del Tribunal de Paz. En diciembre del año pasado, titulares y suplentes del TEP y las Salas manifestaron públicamente que lamentaban ese capítulo incluido en la reglamentación de la JEP y que abrigaban “la legítima y fundada expectativa de que la Corte Constitucional, luego de examinar la norma del proyecto de ley que la introdujo, pueda proceder a declarar su inexequibilidad”. Es decir, contraria a la Constitución.

En todo caso, la JEP comienza a hacerse su camino. Y lo primero que hará, con suma importancia, pues lo necesita para su funcionamiento, es establecer las “reglas de juego” internas y en el proyecto de procedimiento penal con el que operará. “Con 31 magistrados –contando la presidenta de la JEP, Patricia Linares– es suficiente para adoptar el reglamento”, agregó la fuente. En contra de este sistema, no obstante, siguen protestando militares retirados. Por ejemplo, el general (r) Jaime Ruiz, presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore), discute “el afán” del presidente Santos porque, según él, la JEP favorece y “está hecha a la medida de las Farc”.

En su criterio, las inhabilidades deben ser estudiadas antes de que arranque la JEP, porque impedirían a magistrados ejercer el cargo. Pero, dice, “eso no se va a cumplir, porque el presidente anunció la posesión. Los magistrados fueron seleccionados sin ninguna restricción y ahí se presenta conflictos de intereses. Nos va a juzgar el enemigo”, dice Ruiz, pasando por alto el proceso de selección de los magistrados y sus hojas de vida. Igualmente, expresa que los magistrados no deben tener sesgo político y deben generar confianza y garantías.

Otra cosa, no obstante, piensa César Rodríguez Garavito, director de Dejusticia, quien explica que la disposición del Congreso sobre las inhabilidades es abiertamente inconstitucional. “La jurisprudencia de la Corte Constitucional, anterior y repetida, establece que no se pueden crear impedimentos con nombre propio o discriminar en relación con personas ya designadas, porque eso haría imposible el funcionamiento de un Estado de derecho”, explica Rodríguez Garavito, quien dice que estas maniobras son formas de frustrar los tribunales ya constituidos. “Hay casos de fallos en los que, incluso, se decide sobre leyes o medidas que tienen años de funcionamiento. Por eso, la misma Corte deberá determinar los efectos del fallo”, agregó.

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La Secretaría en cifras

Según el último informe de la Secretaría Ejecutiva de la JEP, que funciona desde hace un año, en 2017 gastaron US$3,7 millones distribuidos en personal, funcionamiento, capacitaciones, cumplimientos de la ley de amnistía, encuentros de víctimas, contratos y administración. Suscribieron cerca de 6.000 actas de compromiso para acceder a los beneficios y libertades, de los cuales, 1.751 corresponden a actas de militares y policías, y 3.779 para integrantes de la Farc que, en su mayoría, ya están en libertad.

También recibieron 12.135 derechos de petición, respondieron 815 tutelas, 784 hábeas corpus y 2.715 solicitudes de instituciones estatales. Además, con la creación de 12 oficinas en los sitios más afectados por el conflicto, han realizado más de 200 diálogos con organizaciones civiles. “Estos logros se obtuvieron con una planta de contratistas de 20 personas en el primer semestre y de 90 personas en el segundo semestre”, explica el informe.

“La verdad es la mejor medida de reparación”

Cesar Rodríguez Garavito afirma que la JEP es un componente esencial en el posconflicto, porque las víctimas quieren que les garanticen sus derechos, pero que esta debe empezar a funcionar porque este vacío genera dudas para las víctimas que no saben qué va a pasar con los responsables de sus casos y cómo se va a saber la verdad. En el mismo sentido apunta Sigifredo López, único sobreviviente de la masacre de los 11 diputados de la Asamblea del Valle: “esperamos que en la JEP, desde el punto de vista no administrativo como ha hecho la secretaría– sino desde el punto de vista jurisdiccional, repare a las víctimas y se pueda reconocer la verdad”. Y agrega: “La verdad es la mejor medida de reparación a las víctimas”.

Léyner Palacios, sobreviviente de la masacre de Bojayá, pide a la JEP que empiece a aclarar y a sancionar los delitos que se cometieron en el conflicto armado, pues ha habido crímenes que llevan mucho tiempo y no se ha sabido, con claridad qué pasó. “Ojalá esta jurisdicción pueda avanzar, además de las investigaciones, judicializaciones y castigos, en la consolidación de la paz y, sobre todo, a que contribuya a la reconciliación del país”. Dice que hay que generar un ambiente de confianza para los magistrados cumplan con su labor “tal cual debe ser y sin direccionamientos”.