La Fiscalía y la JEP siguen en tablas por los bienes de las Farc

Aunque los jefes de ambas entidades aseguran que no hay choque de trenes, el lío por los bienes de las Farc los tiene enfrentados. Tanto así, que tuvieron que buscar la mediación de la Corte Constitucional para que defina el mano a mano por un conflicto de competencias.

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El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y Patricia Linares, presidenta de la JEP. / Mauricio Alvarado

Destrabar la relación entre la Fiscalía y la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) es una preocupación para muchos y una misión para todos. La Comisión de Paz del Congreso se puso al hombro la tarea de conciliar entre las dos entidades para llegar a un acuerdo. La semana pasada, bajo su mediación, tanto Néstor Humberto Martínez como Patricia Linares, cabezas de ambas entidades, se reunieron para hablar sobre los asuntos que han generado asperezas. Al término del encuentro, el fiscal general aseguró que había sido una “reunión maravillosa. Vamos a seguir remando en el mismo sentido”. Linares, presidenta de la JEP, se refirió en los mismos términos y agregó: “Lo que queremos es que todas las cosas que de pronto parecen enfrentamientos se limen”.

Al tiempo que Patricia Linares y Néstor Humberto Martínez salían del cónclave en el Congreso, el magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, de la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal de Paz, terminaba de darle las últimas puntadas a una decisión que evidencia que entre la Fiscalía y la JEP todavía hay muchos líos por resolver. Esta semana se conoció el documento firmado por el magistrado Ramelli y sus cuatro compañeros de sala: Reinere de los Ángeles Jaramillo, Gustavo Salazar, Raúl Sánchez y María del Pilar Valencia. En él, la JEP volvió a pronunciarse frente a uno de esos temas que han sido de constante conflicto con la Fiscalía: los bienes de las Farc.

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En un extremo del ring de pelea está la jurisdicción especial, que le pide a la Fiscalía que le entregue la información sobre todos los capitales de la exguerrilla. En el otro extremo el ente investigador, quien desde el año pasado criticó el listado (ver infografía) se defiende y afirma que no le puede entregar todos los datos porque hay procesos de extinción de dominio activos, que son de carácter reservado, y porque considera que la JEP no es competente para conocer de ellos, no puede vincularlos al proceso y tampoco puede analizar casos. Al tratarse de temas que resuelve la justicia ordinaria, dice la Fiscalía, los bienes que se recopilen deben pasar al Fondo de Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), y no al Fondo de Víctimas.

La génesis de este desencuentro es una solicitud que presentó la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la jurisdicción especial al Tribunal de Paz para que impusiera medidas cautelares a los bienes entregados por la exguerrilla. El motivo primordial de la petición es que desde ya la JEP debía buscar los recursos para reparar a las víctimas, el punto central del Acuerdo Final. El problema, explicó la UIA, es que la Fiscalía no les había entregado -y no lo ha hecho hasta hoy- la información para identificar los bienes de la hoy exguerrilla que se encuentran en los archivos del ente investigador y que existía la posibilidad de que esos recursos no fueran destinados a la reparación de los afectados por el conflicto, como lo dice la ley.

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La Fiscalía ha sido certera en responderle a la JEP. Aunque asegura que ya le entregó toda la información de los bienes que las Farc reportaron en su inventario de bienes, el que le entregaron a la ONU el año pasado, aclara que no puede darles ni una coma de los bienes que no quedaron consignados en esas listas. La razón de la postura del ente investigador quedó escrita en el Acuerdo Final, y se lo reiteró Humberto de la Calle al fiscal Néstor Humberto Martínez en una carta enviada en 2016: los capitales que no hayan sido reportados por las Farc deben quedarse en la justicia ordinaria y ser objeto del proceso de extinción de dominio, como en cualquier otro proceso. Una tarea que ha estado en cabeza de la Fiscalía desde 1996 y que es, además, de carácter reservado.

Para la JEP, esta posición es, a todas luces, insuficiente. Lo ha reiterado ya en dos ocasiones, la última en el documento del pasado 18 de octubre en el que tuvo que hacer un llamado de atención, ante la insistencia de la Fiscalía de no entregar la información requerida. Para la Sección de Primera Instancia, la posición del ente investigador es contraria a lo establecido por el Acuerdo y por la Corte Constitucional. “Tampoco es de recibo que la Fiscalía pretenda oponer reservas que, precisamente, le son inoponibles a este Tribunal; o que haya alegado la supuesta vaguedad o indeterminación de la información solicitada, y que incluso haya cuestionado que exista competencia para que se le vincule al presente asunto”, dice el documento del Tribunal de Paz.

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El regaño a la Fiscalía no acabó ahí. Para la JEP, es simplemente incoherente e incomprensible “que la misma entidad que ha manifestado públicamente la necesidad de que se determine y precise en detalle el contenido del inventariado de los bienes y activos ofrecidos por el extinto grupo armado al margen de la ley, no muestre diligencia alguna en el proceso de determinación ni especificación de los bienes y se escude en dicho argumento -el de la reserva- para tratar de reivindicar sus competencias sobre un universo de bienes a decidir y cuyo fin constitucional está orientado en la protección de los derechos de las víctimas en el marco del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”.

El llamado de atención también lo recibió el Ministerio del Interior, que ni siquiera le contestó al Tribunal, y la Superintendencia de Notariado y Registro, quien sí respondió, pero se limitó a decir que la información solo la puede entregar la Fiscalía. En el documento, la Sala agregó los argumentos jurídicos de por qué sí tiene la potestad de imponer medidas cautelares, y por qué, si las entidades vuelven a esquivar sus órdenes, podría abrirse un incidente de desacato, una medida que podría terminar con la orden de enviar a la cárcel a los funcionarios que evadan el llamado del juez. Asimismo, la JEP le reiteró a la Fiscalía que debe entregar la información sin más espera, pues las Farc sí anotaron en su inventario los bienes que están en poder del ente investigador.

Según la Jurisdicción Especial de Paz, la exguerrilla aclaró, en la segunda entrega que hizo de sus capitales, el 15 de agosto del año pasado, que a la lista debían agregar todos los bienes incluidos y relacionados en los listados en poder de la Fiscalía, incluidos los que estuvieran inmersos en procesos de extinción de dominio. De inmediato, el fiscal Martínez reaccionó y manifestó su desacuerdo a la incorporación de estos activos y bienes. “Se trataría de un habilidoso recurso para truncar los procesos en curso y apropiar los bienes con destino al Fondo de Víctimas, bien sea para indemnizarlas o para financiar programas a favor de los desmovilizados de las mismas Farc, en porcentaje que no se conoce a la fecha”, refirió el fiscal.

En contravía, la JEP ha insistido en que conocer la información en poder de la Fiscalía no tiene otro objetivo que establecer el monto con el que cuenta el Fondo de Víctimas para reparar a los más de 8,5 millones de víctimas que, según la Comisión Colombiana de Juristas, dejó el conflicto armado en Colombia después de 50 años de guerra. En medio de la tensión entre las partes del asunto, y al revisar la nueva orden de la Sala del Tribunal de Paz, la Fiscalía decidió buscar un mediador. En una carta que le envió al presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, el fiscal Martínez le pidió al alto tribunal que intervenga en este conflicto de competencias, pues, para él, sigue siendo claro que la JEP no puede conocer de procesos de extinción de dominio.

En la comunicación de 35 páginas, que ya está en la Corte, la Fiscalía asegura que la JEP desbordó su competencia al pedirle la información de procesos con carácter reservado y que resulta exorbitante el hecho de que considere que todos los bienes de las Farc en poder del ente investigador deben pasar a su control. La razón fundamental del fiscal Martínez es que, para él, las Farc no incluyeron en su inventario los bienes que hoy están envueltos en casos de extinción de dominio. El hecho de que la exguerrilla haya añadido, a último momento, un ítem con referencia a estos capitales, pero sin dar más detalles de ellos, es insuficiente para que la Fiscalía los considere como inventariados.

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Por esta razón, agregó el jefe del ente investigador, todos estos bienes y activos deben seguir su curso normal en la justicia ordinaria. Desde agosto de 2016, la Fiscalía ha afectado bienes de las Farc por un total de $2,3 billones (ver infografía), dinero que en ningún momento, aclaró Martínez, fue reportado por las Farc cuando debía hacerlo, y tienen información extra en más de 13 millones de archivos. El fiscal general considera que las Farc, al no hacer el inventario como debía, incumplió uno de los puntos fundamentales del Acuerdo: decir la verdad, y que la JEP “no debería reconocer esta conducta” de la exguerrilla. Pero, además, mencionó uno de los puntos cruciales de este choque de trenes y que, según expertos, sería la razón real de la pelea: el uso que se les dará a estos bienes y activos.

Tanto la jurisdicción especial como la Fiscalía han reconocido el camino y el uso final de los capitales que pasan por un proceso de extinción de dominio. En este caso, todos los bienes llegan a parar al Frisco, cuya gerencia la tiene la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y su administración está muy clara. El 5 % debe ser destinado para la infraestructura penitenciaria y carcelaria; un 15 % debe ser utilizado para sufragar los gastos requeridos para la recepción, administración, saneamiento, alistamiento, sostenimiento y disposición de los bienes inventariados por las Farc, y un 20 % debe llegar a programas especiales determinados por el Gobierno.

En cambio, si los bienes por los que pelea la Fiscalía pasan al control de la JEP, estos entrarían al Fondo de Víctimas y serían utilizados para su reparación. “El Tribunal Especial pretende modificar la destinación específica que ordena la ley para los bienes y activos objeto de extinción de dominio, así como a sus frutos naturales y civiles. Resulta, aquí sí inaceptable, que a través de un trámite de medidas cautelares este Tribunal se arrogue una competencia exclusiva del legislador”, señaló el fiscal en la carta que le envió a la Corte Constitucional esta semana. Ante la intervención de Martínez en el alto tribunal, el partido de la FARC reaccionó y emitió un comunicado de prensa para darle más controversia al asunto.

Por un lado, dijo que el fiscal Martínez “vuelve a distorsionar el proceso de disposición al Estado de los bienes que constituyeron la economía de guerra de las Farc, acudiendo a una presentación amañada de la información y apelando al sensacionalismo mediático”. Añadió que, hasta la fecha, “han puesto a recaudo de las autoridades 255.041 gramos de oro, $2.114’300.000 en efectivo, US$450.000, 205 bovinos, 19 mulares, 134 carreteras, 211 coordenadas de bienes inmuebles y 742 equipos varios. Bienes avaluados aproximadamente en $132.325’462.300 (más de $132.000 millones)”. Horas más tarde, la Fiscalía contestó a través de su Twitter.

Según las cifras que tiene en su poder la SAE, a agosto de este año las Farc solo le han entregado al Estado bienes o activos que suman $30.975 millones. La diferencia de los montos resulta ser otro punto de desacuerdo entre las partes que intervienen dentro del tema de los bienes de las Farc. Mientras tanto, la JEP insiste en que debe conocer toda la información que tenga la Fiscalía para llegar a una cifra concreta en el Fondo de Víctimas. Aunque sus máximos jefes aseguren que reman para el mismo lugar y que no hay un choque de trenes, lo claro es que en uno de ellos hace falta la intervención de un garante para limar las asperezas. La Corte Constitucional es la llamada para definir quién tiene la razón.