Desde el Estado hay quienes le sugieren que renuncie al cargo

La disyuntiva de Giovanni Álvarez, el fiscal de la JEP

La historia de por qué el recién escogido director de la Unidad de Investigación y Acusación de la Justicia Especial para la Paz no se ha podido posesionar; y la del ex jefe paramilitar que él acusó en 2002, Emiro Pereira, protagonista del capítulo impune del bloque Capital.     

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Giovanni Álvarez Santoyo, director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. / Mauricio Alvarado - El Espectador.

El pasado octubre, el abogado Giovanni Álvarez Santoyo fue escogido como director de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada en los diálogos de paz de La Habana. Por la urgencia de estructurarla, él asumió que debía posesionarse antes de concluir 2017. Sin embargo, súbitamente apareció la versión de un jefe exparamilitar en Justicia y Paz que hace algunos años dijo haber oído que Álvarez recibió una propiedad para acusarlo. Hoy, aunque ya le pidió a la Fiscalía que resuelva el caso, el escogido no ha podido asumir y no han faltado quienes le sugieren que dé un paso al costado.

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Desde hace casi dos décadas, el coprotagonista de esta historia es uno de los pesos pesados a los que Álvarez tuvo que investigar en su carrera de 25 años en la Fiscalía. Se trata de Emiro Pereira Rivera, concuñado de Carlos Castaño y mano derecha de su hermano Vicente. Hoy está condenado por homicidio, extorsión, concierto para delinquir y desplazamiento forzado. Un exparamilitar a quien Giovanni Álvarez acusó en julio de 2002, luego de un accidentado proceso judicial por el que estuvo amenazado y se vio obligado a portar chaleco antibalas por cinco años, mientras varios de sus investigadores tuvieron que marchar al exilio.

Pie de foto: Jesús Emilio Pereira, alias “Huevo de Pisca”. / Archivo El Espectador

Después de seis años como fiscal sin rostro en Cúcuta y tres más en derechos humanos en Bogotá, a su despacho llegó a finales de 2001 el proceso por el asesinato del congresista Octavio Sarmiento, perpetrado en Tame (Arauca) en octubre de 2001. Al mismo expediente se sumó el del triple asesinato del ganadero Édinson Delgado y sus hijos Manuel y Otto, ocurrido 10 días después en Casanare. Además de los testimonios recaudados y la pesquisa del CTI que incluyó interceptaciones telefónicas, Álvarez contó con un apoyo clave: el abogado Eduardo Delgado, hijo y hermano de las víctimas del segundo hecho.

Con una ventaja adicional: en su calidad de abogado, Eduardo Delgado había defendido a Carlos Castaño y por eso conocía los enlaces del paramilitarismo. Entre ellos a Emiro Pereira, quien, avalado por Vicente Castaño, optó por exigirle $3.000 millones a la familia Delgado para permitirle permanecer en Casanare. Como lo reconoció el propio Pereira tiempo después, él llegó a la región hacia 1999. A pesar de las amenazas de muerte, el fiscal Álvarez no sólo probó la responsabilidad de Emiro Pereira en los crímenes y lo puso preso en diciembre de 2001, sino que dimensionó su importancia dentro de las autodefensas.

Pero empezaron a suceder hechos que evidenciaron el poder del procesado. En abril de 2003, el abogado y testigo Eduardo Delgado fue asesinado en Bogotá y, en junio de 2005, un juez de Yopal (Casanare), contra las evidencias, lo absolvió de los delitos de homicidio y extorsión. Apenas le impuso una leve condena de 72 meses de prisión por concierto para delinquir. Una sanción tan laxa que le daba incluso para pedir su libertad condicional. Entonces el fiscal Álvarez se movió para que a Emiro Pereira se le abriera un nuevo caso, esta vez por hurto de ganado, y así impidió que quedara libre. De paso apeló la sentencia con un largo alegato resaltando los yerros del juez.

En el desarrollo del caso quedó al desnudo la importancia del Tigre, Alfonso o Huevo de Pisca, como era llamado en las autodefensas. Él admitió que su familia había emigrado de Cañasgordas (Antioquia) al corregimiento de Arboletes, en la región de Urabá, y que luego se radicó en Montería. Su vinculación a las autodefensas comenzó en 1989, primero al lado de Fidel Castaño. Después, junto a su hermano Carlos. Y finalmente como mano derecha de Vicente. Una larga trayectoria que, sumada a las evidencias judiciales, en octubre de 2005 permitió al Tribunal Superior de Yopal revocar la decisión del juez y condenar a Emiro Pereira a 40 años de prisión.

Para el fiscal Giovanni Álvarez, era un caso más, bien saldado en derechos humanos, como muchos otros que ayudó a documentar hasta 2007 cuando pasó a integrar la Unidad de Desaparecidos y Desplazamiento Forzado. Después lo hizo a la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema, en plena transición hacia el sistema penal acusatorio, y en 2011 llegó a Justicia y Paz. Aunque le fue asignada la investigación contra el bloque Montes de María y sus crímenes en Bolívar y Sucre, con el paso de los días fue entendiendo que el paramilitar al que acusó en 2002 resultó ser más lesivo y determinante en la guerra de lo que él mismo logró averiguar.

A instancias de Justicia y Paz fue quedando en claro que por la misma época en que, por órdenes de Vicente Castaño, impulsó el despojo de tierras en Casanare y Meta, Emiro Pereira fue pieza clave para consolidar un frente de las autodefensas en Bogotá, después llamado bloque Capital. “Yo era el jefe financiero”, comentó. En otra versión libre manifestó que a través de alias Doble Cero y el Alemán conoció al general (r) del Ejército Rito Alejo del Río y que éste los ayudó a llegar a Bogotá, donde lo recomendó con el coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo, quien era su jefe de inteligencia en la Brigada XIII.

Pie de foto: el asesinato de Jaime Garzón, el capítulo impune del bloque Capital de los paras. / Archivo El Espectador

Emiro Pereira reconoció que el paramilitarismo puso a dos de sus hombres para que trabajaran con Plazas Acevedo, aunque las autodefensas les pagaban el sueldo. Fueron José Húber Coca y Graciano Goez. El primero fue asesinado por orden de Plazas y el segundo sigue preso, sin aclarar sus andanzas en Bogotá. Lo cierto es que, por la misma época, entre 1997 y 2001, el paramilitarismo llevó a cabo graves hechos en Bogotá, como el asesinato de los investigadores del Cinep, Mario Calderón y Elsa Alvarado, en mayo de 1997; el crimen de Jaime Garzón, en agosto de 1999; o el atentado a Wilson Borja, en diciembre de 2000.

Aunque en los últimos años, varios jefes paramilitares presos han dado informaciones confiables que han permitido reactivar las pesquisas por algunos de estos casos, el capítulo completo del bloque Capital, en el que Emiro Pereira fue pieza clave, sigue impune y sin verdad. Entre sus pormenores se cuenta, por la misma época, la guerra librada por la guerrilla y las autodefensas en la cárcel Modelo de Bogotá, con un número indeterminado de muertos, torturados y desaparecidos, y el frente alterno que constituyeron Miguel Arroyave y Ángel Gaitán Mahecha desde el patio cuarto del reclusorio, con sus tentáculos en la calle.

De este apartado, también impune, quedó un grave suceso que terminó por enredar las cuentas de Emiro Pereira en Justicia y Paz. Su presunta intervención en el secuestro, tortura y acto sexual abusivo a la periodista Jineth Bedoya, quien justamente, cuando ocurrió el plagio en mayo de 2000, reportaba en El Espectador lo que sucedía en la Modelo, en especial el tráfico de armas. Este caso hoy lo lleva la Unidad Nacional de Derechos Humanos, que ha pedido que Pereira, Alfonso o Huevo de Pisca, sea condenado. Él niega su participación en los hechos pero no aporta mayores detalles sobre las acciones del bloque Capital.

No obstante, entre sus declaraciones dispersas, Pereira manifestó hace dos años que escuchó el chisme de que el fiscal que lo procesó entre 2000 y 2002 había recibido una finca de las víctimas para que lo “jodiera”. Cuando el interrogador le pidió pruebas, agregó que no sabía quién lo dijo y tampoco cómo probarlo. Se refería al fiscal Giovanni Álvarez. De esa declaración, por deber oficial, quedó una compulsa de copias, a la que Álvarez no le dio importancia, entre otras razones porque se concentró en sus tareas en Justicia y Paz y, en general en la Fiscalía, hasta su retiro el pasado 30 de junio de 2017.

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Volvió a saber del tema días después de ser escogido como director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, porque se enteró de que un investigador del CTI había acudido a la Secretaria Ejecutiva a averiguar por la compulsa de copias. De inmediato buscó al fiscal del caso y éste le comentó que tenía que someterlo a comité de evaluación. Entonces optó por escribirle al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, para pedirle que priorizara el caso y la Fiscalía se pronunciara, aunque resaltó que eso no podía ser un obstáculo para asumir en la JEP. Álvarez insistió en que ni él ni alguno de sus hermanos ha tenido fincas.

Como quiera que, a pesar de la novedad, Álvarez sigue convencido de que su trayectoria profesional sin tacha y su designación por méritos le dan legitimidad para posesionarse, decidió presentar a las autoridades su plan de estructuración de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. Un proyecto basado en 324 cargos, incluyendo 16 fiscales y un número indeterminado de investigadores, pues en su criterio “se trata de evaluar 60 años de conflicto armado”. Esa selección debe hacerla él, de manera autónoma, y su opinión es que está dispuesto a concretarla de la misma forma como él fue escogido: absoluta meritocracia.

Con lo que no contaba es que no ha faltado quienes desde altas instancias del Estado le sugieran que desista de la designación para facilitar su proceso o no afectar la credibilidad de la JEP. Consultado por este diario, Álvarez se limitó a decir que no tiene “rabo de paja” y que pueden investigarlo porque tiene la certeza de que son “puros chismes” que ni siquiera Emiro Pereira pudo ratificar. Entre tanto, el Secretario Ejecutivo y la Directora de la JEP ya se posesionaron y la Fiscalía señala que se verifica la compulsa de copias. Emiro Pereira, lleva 16 años preso, por estos días en el pabellón de Justicia y Paz de La Picota.