Un decreto permitirá poner en marcha la JEP

Justicia para la paz, empantanada en el Congreso

Las cuentas del Gobierno están muy apretadas para el debate de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Mientras tanto, Cambio Radical busca fortalecer su oposición. 

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El ministro Guillermo Rivera aspira a contar con los votos de Cambio Radical. / Archivo El Espectador

La ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) ya parece navegar en el mar de las derrotas. Las voces de rechazo en torno a la columna vertebral de los acuerdos de La Habana cada vez son más y los esfuerzos del Gobierno no alcanzan para garantizar que, por amplia mayoría, dicha iniciativa sea aprobada en el Congreso. Ayer, precisamente, el presidente Juan Manuel Santos firmó un decreto con el que busca darles más dientes a los recién designados magistrados que conformarán esa justicia transicional. Ellos, pese a su nombramiento, aún no cuentan con los elementos suficientes para comenzar a trabajar. Y aunque esa salida legal se limita a cuestiones administrativas y financieras, se convierte en una primera respuesta al rechazo que anunció Cambio Radical en torno a la estatutaria.

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Así que la pregunta obligada es ¿Qué va a pasar ahora que el Ejecutivo cuenta con 25 votos menos del partido que, se suponía, era una de las piezas claves de la Unidad Nacional? Y la postura de la colectividad del exvicepresidente Germán Vargas Lleras parece que no tiene vuelta atrás pues, según dijo a este diario el senador Germán Varón, “expondremos los argumentos ante la bancada del partido para persuadirlos de que la decisión que tomamos sea de bancada y que así se vote, tanto en la plenaria de Senado como en la Cámara”. El lío es que con este portazo de Cambio Radical a votar la ley estatutaria de la JEP, las cuentas se le ponen cada vez más apretadas al Gobierno.

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Sin embargo, para la votación de la próxima semana no todo está perdido para el Ejecutivo. Para aprobar la iniciativa se necesita la mayoría calificada, es decir, dos tercios de los asistentes a la sesión. Si asistieran todos los parlamentarios de las comisiones primeras, sumarían 54, lo que indica que necesitarían 36 votos a favor. Y las cuentas a vuelo de pájaro dan. Muy apretadas, pero dan mayoría. Teniendo en cuenta que los parlamentarios de Cambio Radical y del Centro Democrático voten en contra, el Gobierno tendría el apoyo de 38 parlamentarios: los de la U, el Partido Liberal —a excepción de Viviane Morales—, los conservadores, Opción Ciudadana, los verdes y el Polo. Un panorama muy complejo, pues nadie de la Unidad Nacional puede faltar, ni enfermarse, ni correrse.

El Gobierno, por su parte, no entiende la postura de Cambio Radical que, pese a sus reiteradas críticas a los temas de aplicación de justicia en la implementación de lo pactado en Cuba, ha venido votando juiciosamente los proyectos que requiere el posconflicto. “Lo que se incluyó en la ponencia fue objeto de una concertación con los voceros de Cambio Radical, de tal manera que no entendemos sus razones al afirmar que no están dispuestos a votar esa iniciativa”, señaló el ministro del Interior, Guillermo Rivera.

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Lo grave, más aún, es que voces amigas del Gobierno también lanzan dardos a la estatutaria de la JEP que indican que, sí o sí, tiene que modificarse en desarrollo de los debates que se están dando vía fast track. El representante del Partido de la U, Hernán Penagos, ponente del proyecto, dijo a El Espectador que, aunque siempre ha acompañado el Acuerdo de Paz, hay elementos que, como al fiscal general Néstor Humberto Martínez, también le preocupan. No en vano firmó las proposiciones de modificación que presentó el jefe del ente acusador ante las comisiones primeras de Senado y Cámara. “¿Cómo vamos a judicializar a los testaferros de los bienes que eran de las Farc que aparezcan en el futuro y a quienes registren como dueños de esos bienes y se estén lucrando de ellos a pesar de estar en incluidos en la JEP?”, preguntó. Sin embargo, aclaró que lo que pudo haber hecho Cambio Radical, en lugar de rehusarse a votar, era proponer ajustes y aclarar las dudas.

En todo caso, la discusión en torno al proyecto que desarrolla normativamente la JEP continúa la próxima semana y aunque logre salvarse de los votos en contra que tendrá en sus primeros debates, quedarán pendientes las plenarias. Como dijo Penagos, sin la estatutaria es muy difícil que empiece a funcionar la JEP y a eso se le suma que “hemos escuchado observaciones de congresistas de otros partidos alrededor de esta iniciativa”. El decreto de ayer es apenas un salvavidas muy pequeño para lo que implica un verdadero sistema de justicia transicional que necesita ser efectivo y sin los votos de los legisladores que tienen su mirada más en las elecciones del año entrante que en los asuntos de la paz, mantenerlos marchando de forma disciplinada pareciera, prácticamente, una misión imposible.