Esperan reglas sobre su funcionamiento

Julieta Lemaitre: “Identificaremos los hechos más graves del conflicto”

La presidenta de la sala de reconocimiento y verdad de la JEP explica los criterios de selección y priorización para llamar a los máximos responsables de crímenes cometidos durante medio siglo.

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Julieta Lemaitre, presidenta de la Sala de Reconocimiento, Verdad y Responsabilidad de la JEP. / Cristian Garavito

La Sala de Reconocimiento y Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es considerada la más importante de esta institución en este momento. Su misión ha consistido en recibir los primeros informes sobre el conflicto armado de las entidades estatales (tres de la Fiscalía) y dos de organizaciones sociales, así como los 80 presentados por el Centro de Memoria Histórica, para contrastarlos y llamar a comparecer a los postulados en este sistema de justicia. Julieta Lemaitre, su presidenta, habló con Colombia 2020 sobre los criterios para seleccionar y priorizar los más graves hechos, cómo se contempla la comparecencia de quienes buscan someterse a la JEP y la necesidad de que cuenten, antes de finalizar este semestre, con la Ley de Procedimiento y la Ley Estatutaria de la Jurisdicción, vital para su funcionamiento. En caso de que tengan esas normas y que los comparecientes reconozcan la verdad y responsabilidad, el escenario ideal es que a finales de julio se realicen las primeras audiencias públicas de reconocimiento.

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¿Qué hace la Sala de Reconocimiento y Verdad?

Es la puerta de entrada al Tribunal para la Paz, porque las otras salas responden a las personas que cometieron crímenes que reciben amnistía o indulto o la que se les resuelve la situación jurídica. La gente que viene a esta Sala es porque va a ir al Tribunal para la Paz. Esto quiere decir que son los máximos responsables, los determinantes de crímenes internacionales y hechos más graves y representativos del conflicto. Nosotros identificamos quiénes son estas personas, las llamamos con un acervo probatorio sobre lo que pensamos que ellos hicieron. Tenemos una versión de qué creemos que hicieron ellos. Por una parte, informes judiciales del Estado colombiano (principalmente la Fiscalía, que ha trabajado en estos informes desde hace dos años), la Procuraduría, la Contraloría y la justicia ordinaria. Por la otra, informes de la sociedad civil, que pueden ser de víctimas, étnicas, de derechos humanos. La tercera fuente puede provenir de otras entidades del Estado, por ejemplo, Memoria Histórica, que nos entregó 80 informes. Básicamente lo que tiene el Estado y la sociedad civil sobre los máximos responsables y los hechos más graves y representativos.Unos cálculos que hizo la Fiscalía hace un par de años indican que nosotros tendríamos entre 300 y 500 comparecientes que serían estos máximos responsables. La única manera de juzgar por criterios.

La Fiscalía les presentó los primeros tres informes informes (inventario relacionado con el conflicto, secuestros cometidos por las Farc, y el exterminio de la Unión Patriótica). ¿Cómo será el análisis de esa información?

Los informes incluyen un número de víctimas muy grande y de hechos. Dentro de ese número habría que escoger los más graves y representativos del conflicto armado. Por ejemplo, una de las cosas que nos dice el fiscal es que la mayoría de los secuestros extorsivos que son parte de estas retenciones ilegales duraron de 1 a 6 meses, entonces uno podría decir que los más graves y representativos fueron los que duraron diez años. Hay que tener unos criterios para poder escoger dentro de esa masa de delitos y de personas que los sometieron y de víctimas. Tenemos muchísimos hechos y víctimas, así como un grupo de comparecientes, que en términos relativos es muy alto. Hay unos cálculos que hizo la Fiscalía hace un par de años que dice que nosotros tendríamos entre 300 y 500 comparecientes que serían estos máximos responsables. La única manera de juzgar por criterios.

¿Cómo son los criterios de selección y priorización que proponen?

Proponemos unos criterios para saber por dónde empezamos entre los hechos más graves y representativos del conflicto armado. Utilicemos una metáfora para explicarlo: en un sistema de puntos, daría una mayor puntuación la magnitud del fenómeno; el número de víctimas; si ocurrió en todo el territorio nacional; si se afectó a poblaciones vulnerables; si los responsables son representativos (hacen parte de las cúpulas como tomadoras de decisiones), así como la gravedad la vemos por afectación de derechos.

Es decir, que hay casos que no se van a conocer y que no van a tener sanción…

Eso es lo que está en el Acuerdo. Cuando eso se presenta en la prensa, es como si la alternativa fuera conocer esos casos. Pero, por ejemplo, nos demoramos 20 años en saber quién mató a Luis Carlos Galán y todavía hay duda. Estamos en un país donde realmente la verdad de lo que pasó no se iba a saber. El mismo fiscal lo ha dicho: estamos ante delitos que tienen una enorme impunidad. El grueso de lo que nos entrega la Fiscalía son denuncias ciudadanas que nunca se investigaron. Entonces, hoy lo que hay es impunidad.

¿Cómo se construyeron esos criterios?

Estudiamos la forma como prioriza la Corte Penal Internacional, la Fiscalía y estudiamos las limitaciones misionales que son propias de la JEP. Por ejemplo, tenemos un criterio de priorización, que nadie tiene, y es la implementación del principio de simultaneidad.

 ¿En qué consiste?

En que nosotros debemos mirar al mismo tiempo ambas partes: no podríamos decir, por ejemplo, que de 2018 a 2020 hacemos las Farc y después la fuerza pública. Hay un mandato de simultaneidad en un tiempo razonable. Otra cosa que hace parte de nuestra misión es la justicia restaurativa. Tenemos ahí unos criterios que se enfocan en el impacto territorial, pensando en que la justicia restaurativa en los territorios.

¿Qué va a pasar el 13 de junio, cuando se presenten los criterios de selección y priorización?

Convocamos a una audiencia pública, a la cual estamos invitando a las grandes organizaciones de víctimas, de DD.HH. y étnicas que tienen sede en Bogotá, así como al Estado (Procuraduría y Fiscalía) y a la academia, para que nos cuenten cómo ven los criterios que vamos a utilizar.

¿Y las regiones?

Vamos a hacer ese esfuerzo, y allá la Secretaría Ejecutiva tiene unos enlaces que nos van a ayudar a hacer reuniones más pequeñas que serán similares para recibir retroalimentación.

Además de los informes que les entregó la Fiscalía la semana pasada, ¿qué otra información han recibido?

Judiciales solamente hemos recibido dos informes temáticos de la Fiscalía: retenciones ilegales y la Unión Patriótica. También recibimos una base de datos que ellos llaman el inventario del conflicto armado interno. Pero nuestra guía son los informes temáticos. Ellos planean entregarnos 17 informes en lo corrido del año.

¿Cómo tienen pensado avanzar en el estudio? ¿Llamarán a los comparecientes mientras estudian los informes?

Es cierto que la Sala tiene dos años para recibir todos los informes, que lo podemos extender un año más. Sabemos que muchas organizaciones sociales están preparando informes y a la fecha hemos recibido dos: de Credhos, que selecciona 30 casos de víctimas de graves violaciones a los DD.HH. en Barrancabermeja (Santander), y Reiniciar, que presenta un informe sobre el exterminio de la Unión Patriótica, que es compañero del que nos presenta la Fiscalía. Hay 18 organizaciones de DD.HH. que dicen que nos presentarán informes en lo corrido del año. La Sala ha decidido no sentarse a esperar. Estamos haciendo una labor activa de promoción de informes, un sondeo de los temas, también estamos hablando con las entidades para publicar un calendario en el cual esperamos informes de las entidades. Estamos en una etapa de planeación y ya iniciamos funcionamiento con lo que nos presentó la Fiscalía y lo que nos han presentado las organizaciones de la sociedad civil. También tenemos los informes de memoria histórica, que son muy útiles para la construcción de contexto. Nuestra misión será llamar a las personas para que nos digan si es cierto o no lo que indican los informes. 

¿Cuándo harían ese primer llamado?

Esperamos hacerlo lo más rápidamente posible, de manera que enseguida podamos saber si va a la Unidad de Investigación y Análisis o si se hace la audiencia pública de reconocimiento, que es lo más satisfactorio, porque es donde están las víctimas, donde se reconoce la verdad de lo sucedido en el conflicto y donde ya el caso se cierra para nosotros.

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¿Y esa primera audiencia pública cuándo se haría?

Todo depende de si reconocen o no...

Dijéramos que reconocen su responsabilidad, ¿qué sería lo más rápido?

El mundo ideal sería el siguiente: el Congreso, antes de cerrar la legislatura el 20 de junio, nos da el Código de Procedimiento; la Corte Constitucional, antes del 30 de junio, nos da la Ley Estatutaria. Nosotros, durante este mes, identificaremos a los comparecientes y tendremos los casos listos y ahí podremos, la primera semana de julio, llamar a versiones. Si los encontramos de una vez y nos dan las versiones, en caso de que coincidan, a finales de julio o principios de agosto estaríamos haciendo una audiencia de reconocimiento.

¿Qué sería lo más lento?

Es no contar con ley de procedimiento y que la Corte se tome más su tiempo. Ahí estamos entre la espada y la pared en el sentido en que necesitamos estas normas para funcionar al detalle. Tenemos el Acuerdo Final y la Constitución, que nos dice que tenemos que funcionar ya y que protege los derechos de las víctimas. No podemos cruzarnos los brazos hasta que no tengamos todo listo, porque estaríamos en contra del mandato constitucional y de los derechos de las víctimas, e incluso de los mismos comparecientes a que se les resuelva su situación. Ahí estaríamos en una zona gris jurídica, a ver si llamamos de una vez a los comparecientes. Eso es todo un debate interno sobre cómo actuamos en ese caso, teniendo el mandato constitucional, pero si el Congreso fracasa en su deber de darnos nuestras normas de procedimiento y la Corte le sigue dando largas a la ley estatutaria, ese sería el peor de los escenarios.

¿Qué pasa si llaman a los comparecientes y no tienen esas normas?

Si decidimos llamarlos pueden decirnos que no tenemos Código de Procedimiento o porque no tengo ley estatutaria. Podrían decirnos que no quieren venir. Este sistema, por lo menos el componente de reconocimiento, depende de la colaboración de las personas que reconocen.

¿Sin esas normas podrían recibir el testimonio voluntario?

En este momento no lo sé. Es un examen jurídico que habría que hacer y espero no tener que hacer. Lo hemos discutido en la Sala y hay argumentos jurídicos fuertes de ambos lados.

¿Cuáles están a su favor?

El artículo 15 del acto legislativo 01 de 2017, los derechos de las víctimas, que el Acuerdo Final es criterio de interpretación. Y está que esto es voluntario. Otro argumento es decir que funcionamos con la Constitución es que funcionamos a la manera como funciona la Corte Constitucional, que no tiene código de procedimiento. Es aplicación directa de la constitución.

¿Cuándo empezaría a funcionar el Tribunal para la Paz?

Si depende de nosotros, antes de finalizar el año. Pero voy a explicar en qué sentido no depende de nosotros: supongamos que con la información que tenemos de la Fiscalía identificamos unos responsables y les decimos que deben rendir cuentas sobre lo que tenemos. Si lo que dicen coincide con los informes, siguen a la sección con Reconocimiento y ahí se activa esa parte del tribunal. Pero si no coincide, entonces no pueden subir al Tribunal, sino que van para la Unidad de Investigación y Análisis, que debe investigar. Ahí se puede demorar. Esa parte no la controla la sala, sino los comparecientes.

Finalmente, ¿qué expectativas tienen del próximo presidente?

Los dos candidatos han dicho que van a respetar la Constitución y que tienen un interés en este proyecto, que debe ser de Estado y no de gobierno. Cualquiera de los que quede va a apostar por la defensa de las instituciones.