32 personas pertenecientes al Secretariado y al Estado Mayor de la extinta guerrilla

Jefes de las Farc, a la JEP por delitos más allá del secuestro

Con el llamado de los exintegrantes de la cúpula de las Farc a comparecer ante la JEP inicia el proceso en la justicia para develar los hechos más graves ocurridos con ocasión del conflicto armado. Si no reconocen su responsabilidad, irán a la cárcel.

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El pasado 30 de mayo la Fiscalía le entregó a la JEP el informe sobre retenciones ilegales cometidas por las Farc. En la foto aparecen Julieta Lemaitre; el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y la presidenta de la JEP, Patricia Linares. / Mauricio Alvarado

Los máximos dirigentes de la antigua guerrilla de las Farc -el Secretariado y el Estado Mayor Central- finalmente comparecerán ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por delitos relacionados con retenciones ilegales. La información que entregó la Fiscalía el pasado 30 de mayo a la Sala de Reconocimiento, Verdad y Responsabilidad de la JEP sirvió como insumo para llamar a la primera diligencia procesal a 32 exdirigentes de las Farc el próximo 13 de julio, a las 2:30 p.m.

Ese día, a los citados -entre los que se encuentran Rodrigo Londoño, (Timochenko), Pablo Catatumbo, Iván Márquez y Jesús Santrich- se les entregará la información que los vincula con esas conductas para que sean analizadas por ellos y sus abogados. Posteriormente, la JEP los llamará a una nueva diligencia en la que se les preguntará a los comparecientes si aceptan o no su responsabilidad por los hechos que les endilgan.

“Los estamos llamando por la decisión de la organización de hacer estos secuestros. Lo que vamos a hacer es darles traslado a los convocados de un listado de personas presuntamente retenidas de manera ilegal y a recibir información, como el lugar de notificación, los correos electrónicos y los datos de sus abogados”, indicó Julieta Lemaitre, presidenta de la Sala, quien explicó además que les recordará a los exjefes de las Farc que deben cumplir con su obligación de decir la verdad, reparar a las víctimas y no volver a delinquir.

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Los casos por los que la JEP llamará a los exjefes de las Farc aún no se han definido. Lo cierto es que dentro del universo de las retenciones ilegales que fueron presentadas por la Fiscalía en su informe no sólo hay secuestros simples o de carácter extorsivo, sino también asesinatos y desapariciones.

Para ello debe aplicar los criterios de priorización que la Sala de Reconocimiento socializó, entre los cuales se tendrán en cuenta la gravedad de los hechos y la magnitud de la victimización, la condición de vulnerabilidad de las víctimas, la representatividad de los presuntos responsables y el impacto diferenciado en pueblos étnicos y sus territorios, entre otros. Sin embargo, gran parte de la información que aportó la Fiscalía está basada en recortes de prensa. Es decir, de hechos notorios y de relevancia nacional que serán tenidos en cuenta como representativos.

Este será el primer paso de un proceso que puede ser expedito en la medida en que los convocados reconozcan la verdad y acepten su responsabilidad. En caso de que lo hagan, serán objeto de sanciones que implican una restricción efectiva de la libertad de cinco a ocho años, pero no estarán en la cárcel. Si reconocen su responsabilidad de manera tardía (después de este llamado), esa misma sanción se aplicará en establecimientos carcelarios. En caso de que no acepten su responsabilidad y sean hallados culpables podrán pagar penas de hasta 20 años en prisiones ordinarias.

El precio del secuestro

Aunque la antigua guerrilla de las Farc tuvo una participación significativa en la práctica del secuestro desde los años 70, fue en la década de los 90 cuando se incrementó este fenómeno como una de las formas de financiación de la insurgencia. A finales de los 90 adoptaron la práctica de retener a miembros de la Fuerza Pública y a dirigentes políticos como una estrategia para presionar al Gobierno colombiano a hacer un intercambio humanitario por los guerrilleros presos en las cárceles del país.

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Esta práctica (con tratos denigrantes e inhumanos a las víctimas y sus familias) generó tal rechazo en la ciudadanía y en la comunidad internacional, que les representó a las Farc un alto costo político (mantuvieron en cautiverio a ciudadanos norteamericanos, alemanes, franceses, suizos, austríacos, venezolanos, entre otras nacionalidades). La marcha del 4 de febrero de 2008, denominada Un millón de voces contra las Farc, en la que la sociedad pidió la liberación de quienes permanecían en cautiverio, evidenció el síntoma de inconformidad frente al secuestro.

Los golpes militares y políticos en contra de la guerrilla derivaron finalmente en que, en febrero de 2012, la organización armada renunciara, de manera unilateral, a esta práctica como un gesto de paz con miras a arrancar la fase secreta de la negociación en La Habana, Cuba.

La Jurisdicción Especial para la Paz busca hoy que los máximos responsables por los secuestros más representativos finalmente comparezcan ante la justicia, pero sobre todo digan la verdad y reparen a sus víctimas, sobre todo en los casos de desaparición.