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Human Rights Watch se une a las críticas sobre la JEP

la organización internacional envió una carta a las mesas directivas del Congreso y al Ministerio del Interior y señaló que Colombia debía corregir defectos de la justicia transicional. Sectores afines al Gobierno y organizaciones que han apoyado la implementación advierten sobre vacíos en la ley estatutaria.

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La estatutaria de la JEP se discute en las comisiones primeras de Cámara y Senado. / Cristian Garavito - El Espectador

Los lentos pasos que da el proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el Congreso se empiezan a encontrar con críticas que parecieran tener cierto carácter de unanimidad. Más allá de las intenciones del Gobierno para que el articulado que pone a andar la justicia transicional que juzgará a los actores del conflicto tenga mayor celeridad, los reparos y las peticiones de claridad frente a diversos asuntos parecen tener un consenso que junta a sectores tan plurales como contradictorios.

Y es que no es sólo la posición del Centro Democrático o la declarada disidencia política de Cambio Radical hacia la iniciativa, que es una de las piedras angulares del Acuerdo de Paz. Desde la semana pasada, varios congresistas y organizaciones que han respaldado con insistencia las reformas que buscan implementar lo pactado en La Habana han encendido las alertas sobre lo que está siendo aprobado y sobre lo que aún falta por debatir. El objetivo es cerrar lo más que se pueda al margen de la duda y que nada o muy poco quede abierto a la interpretación de los jueces.

Una de las primeras fue la senadora Claudia López, sobre quien no hay dudas de su irrestricto apoyo a la implementación de los acuerdos. No obstante, una de las proposiciones hechas por López en el último debate de la estatutaria de la JEP, la semana pasada, iba en busca de evitar que quienes hubiesen cometido los más atroces crímenes durante el conflicto armado llegaran a los cargos de elección popular sin antes haberse sometido a esta justicia. En ese sentido, ninguno de los miembros del Secretariado de las Farc podría aspirar al Congreso en 2018, pero sí otros miembros de la organización que este lunes hizo su inscripción ante el Consejo Nacional Electoral como partido político.

(Lea: La propuesta de Claudia López para que jefes de las Farc no lleguen al Congreso)

Por ese mismo camino, José Manuel Vivanco, director para las Américas de la ONG Human Rights Watch, envió una misiva a Guillermo Rivera, ministro del Interior, y a los presidentes de Senado y Cámara, Efraín Cepeda y Rodrigo Lara, respectivamente, en la que reitera algunas objeciones sobre el articulado del proyecto y sobre los puntos que, considera, no son tratados en el texto o sobre los que hay que llamar la atención. Una de las primeras preocupaciones de Vivanco es que este componente de justicia pueda permitir que los responsables de crímenes de guerra no reciban una sanción genuina por los delitos de los cuales son responsables, por lo que considera que la estatutaria “introduce nuevas falencias que menoscaban las posibilidades de lograr una justicia genuina por las graves atrocidades cometidas durante el conflicto armado colombiano”.

Por ejemplo, expone que el texto que ayer se discutía en las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara deja vacíos y ambigüedades en cuanto a las restricciones efectivas de libertades y derechos, como cuáles serían los lugares de residencia de las personas sancionadas. Asimismo, dice Vivanco, no se establece con claridad si el desplazamiento de éstas se limitará a ese lugar de residencia fuera de los “períodos horarios”, en los cuales lleve a cabo tareas restaurativas; no se ha determinado qué pasará con quienes hayan confesado delitos, pero que incumplan las sanciones, y no es clara la definición de los términos “participación determinante” en las “conductas más graves y representativas”, un asunto definitivo para sancionar con penas de dos a cinco años a quienes sean sindicatos de dichas conductas.

Lea: Los desacuerdos sobre el Acuerdo de Paz

También hay observaciones sobre las sanciones a miembros de las Fuerza Pública, como que estos deberán fijar su residencia en unidades militares o policiales cercanas al lugar en donde cumplan su sanción, pero no se aclara qué clase de supervisión y control tendrán en “los días que no estén cumpliendo sus sanciones y, por lo tanto, puedan abandonar sus lugares de residencia”. En ese mismo punto lanzó críticas al Ministerio de Defensa, al señalar que, en muchas ocasiones, ha sido “laxo y permisivo con miembros de la Fuerza Pública involucrados en violaciones de derechos humanos o que enfrentan investigaciones por dichos abusos”.

Vivanco se refirió a la suspensión de los procedimientos penales por parte de la Fiscalía y que se haría efectiva una vez la JEP solicitara la remisión de dichos procesos. Este es, incluso, uno de los puntos que fue objeto de las críticas de fiscal Néstor Humberto Martínez. Lo que está acordado es que el ente investigador continuará con estas investigaciones, excluyendo varias acciones como ordenar capturas o cumplir las que previamente se hayan ordenado; recibir indagatorias; practicar interrogatorios; formular imputación; resolver situación jurídica, imponer medidas de aseguramiento, o hacer efectivas las que se hayan impuesto previamente; acusar; tramitar juicios; o proferir sentencias en las actuaciones. Sin embargo, asegura Vivanco, “Human Rights Watch tiene conocimiento de algunos casos que han sido suspendidos debido al futuro establecimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz”.

La tercera preocupación de la ONG tiene que ver con la responsabilidad de mando y exhorta a que la estatutaria se convierta en la oportunidad para corregir la definición que de esta fue condensada en el Acto Legislativo 01 de 2017 y que, según Vivanco, “se apartaba del derecho internacional de una manera que debilita gravemente la rendición de cuentas”. Sugiere revisar la definición para comandantes de las Farc y que esta no pueda interpretarse de manera que las autoridades judiciales deban probar que el comandante tenía conocimiento real del delito. “Debido a que el conocimiento real puede ser sumamente difícil de probar, acotar la definición de conocimiento de esta manera podría implicar que muchos comandantes que serían penalmente responsables conforme al derecho internacional puedan evitar rendir cuentas ante la Jurisdicción Especial”, señala la comunicación.

Los últimos dos puntos de la carta se refieren a la participación de las víctimas, señalando que se seguirá de cerca el momento del debate de las normas de procedimiento, que deberán definir los magistrados de la JEP; y la selectividad, que tiene que ver con que la justicia transicional pueda renunciar al ejercicio de la acción penal frente a personas que pueden ser responsables de crímenes internacionales. Vivanco explica que la disposición del proyecto de ley señala que una sala de la JEP “podrá determinar criterios para concentrar el ejercicio de la acción penal exclusivamente en quienes tuvieron participación determinante en los hechos más graves y representativos (…) con respecto a las personas y hechos que no sean objeto de selección, podrá renunciar al ejercicio de la acción penal”.

Eso significaría que la JEP juzgue una cantidad limitada de crímenes y responsables y se impida del juzgamiento de otros casos y, en consecuencia, se de amnistía o inmunidad a muchas personas “que, pese a estar acusadas de delitos internacionales, podría considerarse que no tienen una responsabilidad ‘determinante’ o no están involucradas en casos que sean considerados los ‘hechos más graves y representativos’.

Mientras continúa la discusión al respecto de la JEP desde al ámbito internacional, por los lados de Cambio Radical se mantiene la posición de votar negativamente el proyecto de ley estatutaria, a pesar de que algunas versiones señalaban que las bancadas, luego de que el Gobierno acogiera varias de las sugerencias del fiscal general, habían decidido cambiar de opinión frente al proyecto. “Tomamos la decisión de no votar y no hemos modificado nuestra decisión porque no creemos que todas estas críticas o todas estas observaciones son un conjunto, no se pueden tomar por separado”, dijo el representante Rodrigo Lara.

También se refirió a la definición de la restricción efectiva de la libertad, pues considera que no se precisa cuáles son las condiciones para esta: “Nadie lo entiende y quedará sujeto a la subjetividad de unos señores magistrados que no responden de ninguna manera ante el Congreso de la República ni ante ninguna instancia”.