Asegura que los cambios pueden tener riesgos políticos y legales

“Hacer ajustes al Acuerdo puede afectar su legitimidad”: Ruti Teitel

La profesora argentina es una autoridad mundial en justicia transicional. Desde la New York Law School, en EE. UU., le hace seguimiento al Acuerdo de Paz colombiano.

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Ruti Teitel le hace seguimiento al acuerdo desde la New York Law School. / Archivo particular

Como catedrática de la Facultad de Derecho de la New York Law School y profesora visitante en la London School of Economics, Ruti Teitel le hace seguimiento al proceso de transición que atraviesa Colombia desde el acuerdo entre el Estado y la exguerrilla de las Farc. Sus textos, que abordan temáticas como la historia y la evolución del discurso de la justicia transicional, son un referente ineludible para quienes se aproximan al tema y buscan aplicarlo a contextos en los que superar represiones y graves violaciones a los derechos humanos con ocasión de conflictos armados o regímenes dictatoriales.

Teitel, quien ha visitado el país en el marco de actividades académicas, califica el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc como “balanceado” y llama la atención sobre la posibilidad de que las modificaciones sustanciales puedan restarle legitimidad ante la comunidad internacional. “No conozco alternativa a lo pactado y no conozco opiniones que critiquen el Acuerdo sin que su opinión esté politizada”, señala.

¿Qué significa este acuerdo para la academia?

Es el primer ejemplo histórico de cómo un país, en su tránsito para dejar el conflicto, pudo balancear los principios internacionales de justicia penal y los principios de justicia transicional con los problemas o dilemas domésticos. Esta es la primera vez que esto ocurre. Si uno recuerda el precedente sudafricano o los dilemas en Argentina, eso pasaba en un período distinto, que no fue global, cuando la justicia transicional no había sido internacionalizada y no había principios globales. Este es el primer acuerdo, en el nuevo siglo, que refleja los objetivos y los principios internacionales de justicia transicional, y pudieron armonizarse con los problemas y objetivos domésticos, políticos, económicos y legales. Eso me parece genial.

¿Qué reparos tienen frente al modelo?

Cuando hay intervenciones internacionales, hay preguntas sobre cómo van a seguir las supervisiones al proceso o cómo lo verá la CPI. Es sabido que el principio fundamental de justicia penal internacional es la complementariedad, y por eso Colombia es un ejemplo, porque se relacionan los actores internacionales de justicia con los actores e instituciones domésticas. Esa es la pregunta del siglo XXI, porque todo se relaciona a eso y hay muchos intentos por echar para atrás la intervención internacional. Lo que se plantea es cuál va a ser la relación de jurisdicción internacional y la jurisdicción doméstica. Y si no funciona en su ámbito doméstico, habrá intervención internacional. Por eso la complementariedad es tan importante.

En el país, en cambio, hay dudas y fuertes críticas frente a todo el sistema…

Claro que va a haber preguntas. Es un camino y es un proceso, pero se debe seguir con el aliento con el cual empezó.

Este 20 de julio se posesionaron en el Congreso 10 exguerrilleros de las Farc. Una de las críticas tiene que ver con que no pasaron antes por la JEP. ¿Qué opina?

Hubo un proceso de desmovilización, las Farc dejaron las armas y tengo entendido que ya han acudido a la JEP. Esa es una medida para crear confianza. Además, fue una forma de normalización del sistema político para integrarlos en él. Esto pasó en Irlanda del Norte. Ambos lados deben mostrar medidas de confianza.

¿Deberían acudir primero ante la justicia?

Me parece que esto no fue parte del Acuerdo. Para mí, sería bueno continuar con el Acuerdo, que tiene legitimidad política y tuvo apoyo de líderes globales. Sería un problema moverse de lo acordado.

¿Cómo enfrentar el rechazo a los miembros de las Farc, quienes también cometieron crímenes graves?

En la justicia transicional hay una parte que se trata del pasado y otro componente que tiene como finalidad construir el futuro y la comunidad política. Hay algo muy importante y es que la comunidad política se está creando con este proceso. La gente que quiere que las Farc sean algo separado de esa comunidad está eligiendo volver al pasado y tener una comunidad política sin ellos. Este proceso es fundamental porque se negoció tener un país y no comunidades separadas.

El nuevo gobierno contempla hacer “unos ajustes” a lo acordado…

Eso tendría que ser supervisado de nuevo y llamaría la atención de los actores y las instituciones internacionales. Siempre hay un riesgo de perder la legitimidad y el respaldo internacional. Insisto en que es un riesgo legal y político, porque echaría para atrás el Acuerdo.

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Uno de los puntos que se quieren cambiar versa sobre el tratamiento a los miembros de la Fuerza Pública…

Si hay un proceso deliberado y abierto se puede discutir. No es que no se puedan hacer esos cambios; la pregunta es qué legitimidad van a tener y si eso puede afectar la cooperación de distintos actores en el sistema. Esto también puede reabrir la pregunta internacional en términos judiciales. Los cambios, entonces, van a tener que ser supervisados y analizados bajo los precedentes y normas legales. Y si hay un síntoma de que puede haber un cambio que puede afectar el principio de legalidad o que los crímenes más graves no van a juzgarse, o el principio de responsabilidad individual bajo el Estatuto de Roma, entonces va a poner a Colombia bajo la mira de la comunidad internacional. Hay muchos riesgos.

¿La CPI podría activar su competencia si no se resuelve pronto esta nueva modificación propuesta?

Sin duda. La CPI sigue supervisando. Sería un retraso y una gran vergüenza que la comunidad internacional tenga que asumir responsabilidad por los crímenes domésticos en Colombia. Me parece que parte de la responsabilidad nacional es mostrar confianza en las instituciones domésticas.

Por otro lado, nos enfrentamos a nuevos fenómenos de violencia y parte de las víctimas han sido los líderes sociales. ¿Cómo lee esta situación?

Ha habido asesinatos y mucha violencia en las últimas semanas, y es cierto que cuando hay un acuerdo como este es un período delicado en los países. A veces hay más violencia en la transición que durante el conflicto, hasta que se hace estable el futuro. La preocupación es volver al pasado. Y no hay alternativa al proceso legal: si éste avanza, la gente va a creer que es el modo, no la violencia.