Por la muerte de cinco jóvenes de Soacha

Falsos positivos: empieza la participación de las víctimas en la JEP

Para mañana, a las 9:00 a.m., está prevista la diligencia en la Jurisdicción Especial para la Paz con 14 militares implicados en el asesinato de jóvenes que fueron presentados como muertos en combate. Por primera vez en la justicia especial, las víctimas podrán intervenir.

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A la diligencia asistirán 14 madres de Soacha y podrán intervenir cinco de ellas. / Óscar Pérez

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) empieza a escribir este viernes la historia de la participación de las víctimas en el sistema de justicia transicional. Como lo anticipó Colombia2020, para este viernes, a las 9:00 a.m., está prevista la primera audiencia pública en la que participarán 14 militares implicados en cinco casos de los denominados falsos positivos de Soacha. Además, los familiares de las víctimas podrán participar y aunque inicialmente se había planteado que ellas tenían la posibilidad de seguir la diligencia en una sala anexa, ante las solicitudes de las víctimas se determinó que todos los comparecientes van a estar en el mismo lugar. La JEP le apuesta a evitar un clima de confrontación entre víctimas y victimarios.

Inicialmente, la audiencia había generado dudas entre las Madres de Soacha. Al momento de citarlas, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas tuvo en cuenta a los familiares de Julio César Mesa Vargas, Jhonatan Orlando Soto Bermúdez, Diego Alberto Tamayo Garcera, Jáder Andrés Palacios Bustamante y Víctor Fernando Gómez Romero, quienes fueron desaparecidos, asesinados y presentados como bajas en combate, entre enero y agosto de 2008. Sin embargo, el colectivo Madres de Soacha interpuso un derecho de petición para que todas las integrantes pudiesen participar en la diligencia y no solo los familiares de las cinco víctimas.

Luego de un artículo publicado por Colombia2020, en el que se resumieron las peticiones de las madres, la JEP se comunicó con una de ellas y dio su visto bueno para que pudiesen asistir como colectivo. En la diligencia, entonces, podrán estar presentes 14 de ellas, pero solo cinco -las que fueron citadas por este caso- serán quienes tendrán oportunidad de tomar la palabra. El objetivo de las madres es “exponer ante los magistrados la gran cantidad de conductas dilatorias, las burlas, los comportamientos intimidatorios y revictimizantes que han tenido que soportar por parte de los victimarios y sus apoderados”, según expusieron en el documento.

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En esta audiencia, llamada de condicionalidad, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, tendrá la misión de estudiar las solicitudes de 7 de los miembros de la Fuerza Pública citado que buscan  acceder a este sistema de justicia, y monitorear si los que ya lo hicieron han cumplido con el régimen de condicionalidad, es decir, con las obligaciones para acceder a beneficios como libertades condicionadas, eliminación de órdenes de captura o traslados de sitios de reclusión. Cuatro de los militares comparecientes recibieron beneficios de la justicia ordinaria; tres de la JEP, y los otros siete solicitaron acceder a algún tipo de beneficio.

Entre los uniformados, el oficial de más alto rango que asistirá es el coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, condenado en la justicia ordinaria a 46 años de prisión, y quien obtuvo la libertad condicional por uno de esos casos. Sin embargo, este diario estableció que el oficial en retiro sigue privado de la libertad en la unidad militar de Puente Aranda por otras investigaciones que se adelantan en su contra.

Obligaciones de los comparecientes

Con esta diligencia, la JEP busca dignificar a las víctimas y garantizar que se satisfagan sus derechos (verdad, justicia, reparación y no repetición). “La primera condición es someterse a la Jurisdicción y, a partir de ese sometimiento, realizar unos actos previstos en la ley: reconocer responsabilidades y reconocer verdad, que es el elemento de condicionalidad más importante y acudir ante la Comisión de la Verdad cuando sea llamado y ante la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y ante el Tribunal para la Paz”, explica Juan Carlos Ospina, de la Comisión Colombiana de Juristas.

Asegura que tras esta diligencia aún no se resuelve ningún asunto de fondo, pero su desarrollo es necesario, además, para verificar que los militares ratifiquen su interés de someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz. Esto como una medida contemplada en la ley de procedimiento de la JEP que aprobó el Congreso y que establece que el miembro de la fuerza pública “podrá solicitar de manera expresa que el proceso continúe”.

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“Hay que insistir en que el régimen de condicionalidad es el balance entre el beneficio obtenido y las obligaciones, para incentivar el ingreso y la permanencia en la JEP. Pero no significa que sea la definición jurídica definitiva, sino que es provisional. Solo es definitiva cuando se cumpla el procedimiento en la JEP”, le indicó a este diario uno de los magistrados de la JEP.

A la expectativa de la verdad

Las madres de Soacha no tienen una postura unánime sobre las expectativas de la justicia transicional. El abogado Germán Romero, quien representa los intereses de varias víctimas, asegura que hay quienes están de acuerdo y otras que no frente a la posibilidad de que estos casos sean estudiados por la JEP. “En lo que están de acuerdo las víctimas es en sus reclamos de verdad y justicia, y ellas han pedido que se garanticen, bien sea en la ordinaria, en la transicional, o en instancias internacionales. Es importante precisar que las posiciones de las víctimas tienen que ver con las decisiones que vaya adoptando la JEP y, fundamentalmente, con la voluntad y la forma en que se acerquen altos mandos y todo ese conjunto de oficiales, suboficiales y soldados investigados, procesados y condenados”.

Las madres de las víctimas que dialogaron con este diario aseguraron que esperan que la verdad que los militares aporten esté centrada en revelar responsabilidades de mando sobre lo ocurrido. “Se supone que ellos van a decir la verdad. Pero honestamente no creemos que ellos vayan a decirla. Si nos remitimos a los hechos, eso ya lo sabemos: que se los llevaron con falsas promesas de trabajo, que los asesinaron para reclamar beneficios como medallas, asensos, vacaciones, dinero. Y si un general como Mario Montoya, quien fue el comandante del Ejército, pidió someterse a la JEP, debe decir quién ordenó todo esto. Yo honestamente creo que no va a decir quién lo hizo”, aseguró Jaqueline Castillo, representante de las Madres de Soacha, quien aseguró que el próximo 27 de agosto se desarrollará un acto público en el que conmemorarán una década de la ocurrencia de los denominados falsos positivos y presentarán un informe a la JEP que contiene parte de las historias. “El Ejército era cómplice y sabía todo lo que estaba pasando”, agrega.

Las madres de Soacha, finalmente, pedirán que se garanticen medidas de seguridad para quienes han recibido amenazas, entre ellas, la mamá de Víctor Fernando Romero Gómez, Carmenza Gómez, quien fue citada a la diligencia. “Allá en la JEP, en una reunión, me salí de los trapitos, lo que pido es que ellos digan la verdad, desde la cabeza mayor que ordenó, firmó y pagó para que cometieran estos crímenes, que estaban bien organizados (…) Nosotras estamos corriendo peligro con esa gente, de pronto vuelvan las amenazas…”, puntualizó.

Escuche el podcast Voces desde el territorio sobre la primera audiencia colectiva sobre falsos positivos: