INFORME DE LA FISCALÍA REVELA “ETAPA CRÍTICA” ENTRE 2006 Y 2008

Falsos positivos, el caso 003 de la JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz asumió competencia para esclarecer las muertes cuestionadas a manos de miembros de la Fuerza Pública durante el conflicto. Priorizó este caso en atención al llamado que le hizo la Corte Penal Internacional.

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De acuerdo con informes presentados por la JEP, el flagelo de los falsos positivos se concentró en 29 de los 32 departamentos del país. / Gustavo Torrijos

Los falsos positivos son una prioridad para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Ayer, la Sala de Reconocimiento, Verdad y Responsabilidad anunció la apertura del Caso 003, denominado “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”. Con esta decisión, la sala analizará la información que le ha sido entregada por entidades del Estado y organizaciones sociales, y dará inicio al llamado de versiones voluntarias por cuenta de miembros de la Fuerza Pública, entre ellos oficiales con posiciones de alto rango.

El auto 005, con base en el cual se abrió el caso, se sustenta principalmente en el quinto informe que le entregó la Fiscalía General de la Nación a la JEP, en el cual se identificaron 2.248 víctimas entre 1988 y 2014, de las cuales el 48 % fueron hombres jóvenes entre los 18 y los 30 años. Según el informe, el fenómeno se disparó en 2002 y su etapa más crítica se evidenció entre 2006 y 2008.

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Además, se establece que el blanco de este fenómeno fueron personas en condición de vulnerabilidad. Respecto a las labores de las víctimas, el 45 % eran campesinos, y el 30 % trabajadores informales. A esas condiciones, que fueron determinantes para priorizar este caso, la JEP tuvo en cuenta que al menos 41 víctimas pertenecían a comunidades indígenas, concretamente a los pueblos kankuamo, wiwa y wayúu.

Esta información fue contrastada con las revistas Noche y Niebla del CINEP, en las cuales se registraron 1.741 víctimas de ejecuciones extrajudiciales entre 1984 y 2011. El centro de investigación estableció que en 2007 se registró el mayor número de casos (388) y este flagelo se extendió por todo el país, con excepción de San Andrés y Providencia, Amazonas, Guainía y Vaupés. La Sala de Reconocimiento, Verdad y Responsabilidad estableció que en diez departamentos (encabezados por Antioquia) se concentró el 75 % de los casos.

 

Los datos de la Secretaría Ejecutiva y la Fiscalía permiten además focalizar las divisiones que incurrieron con mayor frecuencia en esta práctica. Se señala que en la Primera, Segunda, Cuarta, Quinta y Séptima se concentró el 60 % de los falsos positivos, en los que se involucran “personas con posiciones de mando y alto rango en la organización militar que pudieron haber tenido un rol determinante”, según indica el auto. De hecho, la Fiscalía asegura que hay cerca de 2.100 procesos judiciales por ejecuciones extrajudiciales en los cuales se investigan las conductas de oficiales (activos o en retiro) que alcanzaron los grados de coronel y general.

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La JEP aplicó los criterios de priorización para abrir el caso de los falsos positivos. Además de tener en cuenta elementos como el grado de vulnerabilidad de las víctimas, la magnitud del flagelo y la representatividad de los responsables, la Sala de Reconocimiento atendió el llamado que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) le hizo al país desde 2004 cuando inició el examen preliminar sobre estos casos. En ese momento, la CPI identificó a diez brigadas señaladas de incurrir en ejecuciones extrajudiciales.

“Queremos conocer la verdad”

Yonny Duvián Soto Muñoz, quien se dedicaba a limpiar vidrios de los vehículos en el sector de La Floresta, en el noroccidente de Bogotá, desapareció el 9 de agosto de 2008. Al cabo de dos meses su cuerpo fue encontrado en Ocaña (Norte de Santander). El Ejército lo había presentado como muerto en combate. La justicia ordinaria logró establecer que miembros de la Fuerza Pública les pagaban un millón de pesos a reclutadores a cambio de trasladar a las víctimas desde Soacha (Cundinamarca) y Bogotá hasta el lugar en donde iban a ser asesinados. “Actividad que realizaba por solicitud de los militares (…) para que ellos tuvieran felicitaciones y permisos”, indica el acta de preacuerdo de Alexánder Carretero Díaz, contra quien pesa una condena de 44 años de prisión por los falsos positivos de Soacha.

Zoraida Muñoz, madre de Yonny Duvián, pide que, sin importar si el caso de su hijo llega a la JEP, se conozca la verdad de lo ocurrido. “Pedimos también justicia y no repetición, porque el daño que nos hicieron fue muy grande. Cualquier justicia: la ordinaria o la JEP, pero que nos digan la verdad. El reclutador, Carretero Díaz, se comprometió a decirnos qué fue lo que pasó y eso no se ha sabido. ¿Qué podemos hacer? Si lo castigan no nos van a devolver a nuestros hijos, entonces que nos digan la verdad”.

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Por hechos como estos, 1.944 miembros de la Fuerza Pública pidieron someterse a la JEP a través de los listados del Ministerio de Defensa. De ellos, alrededor del 90 % está relacionado por casos de falsos positivos. Tras pedir cupo en la JEP, a la fecha 965 han obtenido la libertad, con la condición de que aporten verdad plena, reparen a las víctimas y se comprometan a no volver a incurrir en las conductas por las cuales fueron investigados o procesados en la justicia ordinaria.