"Falsos positivos" del Huila: sin verdad ni justicia

El Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, Paz y Territorio (Obsurdh) presentó ante la JEP el primer informe sobre las ejecuciones extrajudiciales que habrían ocurrido en el Huila. Documentó 52 casos que tuvieron un total de 124 víctimas.

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El Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, Paz y Territorio (Obsurdh) presentó el primer informe ante las magistradas de la Sala de Reconocimiento, Verdad y Responsabilidad de la JEP. /Foto: Andrea Jiménez

Una de las piezas faltantes en el mapa de las ejecuciones extrajudiciales, a manos de miembros de la Fuerza Pública contra de civiles inocentes, podría estar en el Huila. A pesar de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió en julio pasado el Caso 003 para indagar sobre los denominados “falsos positivos”, las víctimas de este departamento pidieron este miércoles que los asesinatos de jóvenes de barrios vulnerables y habitantes de calle -presentados como muertos en combate- no queden en la impunidad.

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La Universidad Surcolombiana de Neiva fue el escenario para que el Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, Paz y Territorio (Obsurdh), en compañía de familiares de las víctimas, les entregaran a los magistrados de la JEP un nuevo informe en el cual le piden que se priorice lo ocurrido en el departamento. “Estos casos llegaron a la opinión pública desde otras latitudes del país, pero en el Huila ese tema quedó invisibilizado en ese escenario. Se estaban presentando de manera recurrente y constante. Es el departamento del sur de Colombia en donde más se presentaron estos hechos”, asegura Óscar Prieto Acosta, asesor técnico de Obsurdh, quien asegura que cuentan con una base de datos que documentó un total 141 casos en los que se presentaron 237 víctimas de falsos positivos entre 1991 y 2006 en 26 municipios. 

En la información que ahora está en manos de la Sala de Reconocimiento, Verdad y Responsabilidad de la JEP -y que se registró  a través de la revista Voces y silencios del Obsurdh - se incluye la investigación a profundidad de 52 casos que tuvieron un total de 124 víctimas.

“¿Y los altos mandos?”

El Observatorio insiste en que a pesar de que alertó sobre la ocurrencia de estos casos, el número de ejecuciones extrajudiciales se incrementó entre 2007 y 2008. La respuesta, aseguran, se reflejó en un comunicado emitido por la IX Brigada, en diciembre de 2008, a través del cual se aseguraba que esa organización estaba manchando el nombre del Ejército.

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Transcurridos diez años, los investigadores aseguran que no ha habido avances en los procesos judiciales, sobre todo en los de tipo penal. “Han estado exentos de ser vinculados en las investigaciones los comandantes de la IX Brigada del Ejército y los comandantes de los dos batallones que más presentaron este tipo de hechos: el Magdalena y el Cacique Pigoanza (unidades de la IX Brigada, que hace parte de la V División). 

En el informe mencionan a los altos oficiales que durante la época de los hechos que registran estuvieron al frente de dichas unidades militares. Ellos son el entonces coronel Jaime Lasprilla Villamizar, quien estaba al mando de la IX Brigada y que posteriormente, en 2014, asumió como comandante del Ejército. El oficial le entregó el mando al entonces al coronel William Pérez Laiseca, en cuyo mando, según afirma, los índices de ejecuciones extrajudiciales presuntamente crecieron exponencialmente. “Ambos recibían la medalla de orden público que les permitió recibir ascensos en su carrera militar. Parte de esas bajas que presentaron son posiblemente ejecuciones extrajudiciales y que terminan siendo cuestionadas por la forma como fueron presentadas”, añade Prieto. 

Cabos sueltos

Durante la entrega se narró el caso de Giancarlo Rincón Cabrera, quien fue asesinado por miembros del Ejército el 6 de enero de 2007 en el municipio de Acevedo. Su mamá, Matilde Cabrera, aseguró durante la entrega que Giancarlo era técnico en diseño gráfico y que era conocido por elaborar avisos publicitarios en Pitalito. De acuerdo con el informe, ese día una emisora del departamento emitió un boletín extra en el que la Fuerza Pública informaba que habían sido “dados de baja” cuatro supuestos criminales al servicio del narcotráfico en la vereda El encanto. Entre ellos estaba Giancarlo.

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Según aseguraron, la Policía Judicial no realizó el levantamiento ni la inspección técnica de los cuerpos de las víctimas y solo en la morgue el CTI de la Fiscalía pudo hacer estas labores. Les llama la atención, además, que no hay concordancia respecto del lugar en donde ocurrieron los supuestos combates: mientras en el boletín se afirmó que se registraron en El Encanto, en otras oportunidades indicaron que el epicentro de los hechos fue La Independencia, muy lejos de donde se afirmó inicialmente.

Las autoridades aseguraron que los hombres murieron cuando recibían dinero producto de extorsiones, pero las versiones de los testigos indican que la última vez que lo vieron Giancarlo jugaba billar con uno de sus amigos cerca del coliseo de Pitalito. Lo cierto es que su cuerpo fue hallado con signos de tortura, tenía impactos de bala en los brazos, uno en la pierna, dos en la espalda y uno en la cabeza. A pesar de que tenía puesto un pasamontañas, esta prenda no tenía agujero alguno. “Su celular estuvo desactivado durante un mes. Al cabo de este tiempo contestaban desde el batallón”, asegura el informe.

“¿Por qué los presentaban como miembros de bandas delincuenciales y no de guerrillas? Porque en el sur del Huila, desde el 2001 el frente 61 de las Farc dejó de existir y se transformó en una columna móvil y se trasladó a la región del Caquetá y Putumayo. Eran difícil presentarlos como guerrilleros”, indica Prieto.  

La organización de derechos humanos les pidió a los magistrados de la JEP que los familiares de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales puedan conocer la verdad de lo ocurrido y que las sanciones que no fueron posibles mediante la justicia ordinaria sean posibles a través de la justicia transicional.