LOS NOMBRES DE LOS MAGISTRADOS ELEGIDOS SE CONOCIERON ESTE MIÉRCOLES

"Están equivocados los que creen que es un tribunal de venganza": presidenta del Tribunal de Paz

Patricia Linares habla del enorme reto que ella y sus compañeros tienen: sentar, a través de este sistema de justicia transicional, bases para la convivencia.

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Patricia Linares es abogada de la Universidad Santo Tomás. / Daniel Álvarez

Patricia Linares, abogada de la Santo Tomás, es la nueva presidenta del Tribunal Especial de Paz, cuyos integrantes apenas fueron escogidos el miércoles de esta semana. La responsabilidad que reposa sobre los hombros de las personas elegidas es inmenso, y ellos lo saben. Linares, con una trayectoria profesional de más de 30 años, habló con El Espectador sobre los retos y los miedos que giran alrededor del nuevo sistema de justicia transicional que pronto empezará a regir en Colombia, como parte esencial del Acuerdo Final con las Farc.

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¿Por qué cree que la eligieron a usted como presidenta del Tribunal Especial de Paz?

Yo creo que, a riesgo de sonar inmodesta, hay un reconocimiento a mi trayectoria de más de 30 años dedicada a estos temas, trabajándolos desde la institucionalidad, desde la academia, con independencia. Mi vida personal y profesional ha estado enfocada al tema de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Mi paso por la Corte Constitucional de casi siete años como magistrada auxiliar, en un momento en que la Corte produce gran parte de la jurisprudencia muy rica que hoy rige en el país para estos temas de conflicto y víctimas. Y luego, mi paso a la Procuraduría General. Creo que el Comité tuvo en cuenta todo eso. Ustedes dirán: ‘¿Y otras personas no lo tenían (un buen perfil)?’. Claro, cualquiera de las personas seleccionadas hubiera acreditado estas condiciones. Entonces, yo pienso que, además, el Comité quiso mandar un mensaje a la sociedad, a las víctimas, a las organizaciones, en lo que se refiere a la mujer. Un mensaje que le llegara al 53% o más de las víctimas en Colombia, que son mujeres, que a partir del dolor se han fortalecido, se han empoderado, han tenido que reconstruir sus propios proyectos de vida, y con esa tarea, también han contribuido a la reconstrucción de sus entornos, de sus comunidades, de sus regiones. También a las muchas mujeres en este país que desde distintas disciplinas nos hemos dedicado a conocer de fondo el conflicto, a estudiar, a prepararnos para poder contribuir a la solución.

¿Qué va a hacer usted con esta responsabilidad de ser magistrada y, además, presidenta?

Contribuir de manera inmediata a que la JEP se conforme y empiece a actuar. Hay muchas preguntas alrededor de lo que va a pasar. ¿Dónde van a funcionar? ¿Dónde va a quedar la sede? Todo eso se está preparando. Hasta donde entiendo, de parte del Gobierno ha habido esfuerzos importantes para garantizar los recursos y las condiciones necesarias para que esto pueda funcionar. Pero también tenemos la Secretaría Ejecutiva de la JEP, que lleva trabajando más de un año y ha venido desarrollando un proceso de alistamiento estructural y administrativo. Hoy me reuní con el secretario ejecutivo (Néstor Raúl Correa) y vi que hay avances importantes que van a permitir, ojalá de la manera más pronta posible, que la JEP arranque. Eso está supeditado a la aprobación de la ley estatutaria que está arrancando en el Congreso; después va a pasar a control por la Corte Constitucional, pero creo que paralelo podemos ir trabajando. Otra tarea inmediata es empezar a establecer y diseñar mecanismos que permitan una comunicación fluida desde ya con las víctimas, las organizaciones y entidades que tienen tareas en esta materia.

¿Cuándo se posesionan?

Vamos a organizar una reunión pronto con todos los magistrados, en la medida de lo posible, para empezar a comentar este tipo de temas. Pero hay una serie de tareas de organización y alistamiento que bien pueden ser realizadas, y así ha sido, por la Secretaría Ejecutiva. Lo importante para el Tribunal es que tengamos las garantías para poder comenzar a trabajar de manera idónea con los requisitos mínimos necesarios para hacerlo de manera oportuna y efectiva.

¿Qué va a pasar en diciembre cuando la vigencia del “fast track” se acabe y no se haya terminado de reglamentar el funcionamiento de la jurisdicción? ¿Ya lo han evaluado?

No hemos tenido tiempo. Hasta ayer supimos quiénes habíamos quedado seleccionados. Lo que sí sabemos es que ya hay un marco normativo avanzado. Tenemos los acuerdos, el Acto Legislativo 01 de 2017, la Constitución que dice que debe haber una colaboración armónica entre todas las instituciones del Estado. Esto debería facilitar el tema. Además, hay un buen mensaje con la ley estatutaria. Estamos avanzando. Hay alternativas para darle inicio a la puesta en marcha de la JEP.

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¿Qué piensa de la demora que ha tenido la Corte Constitucional para pronunciarse sobre el Acto Legislativo?

Entiendo que la Corte suspendió de alguna manera el conocimiento de un número importante de otros expedientes para darles prevalencia a los temas que tienen que ver con el proceso de paz. Están cumpliendo con lo que les corresponde para hacer el análisis de las normas que muchas veces es muy complejo. Este tema amerita un estudio profundo. Han hecho un esfuerzo grande para estudiar estas normas.

Pero existe el miedo de que, como el próximo año es electoral, no se alcance a tener todo listo para que la JEP comience a trabajar.

Hasta ahora estamos arrancando. Seguramente muy pronto tendré más reuniones con el Gobierno, tendré que acudir al Congreso y ahí podré tener más información. Por ahora, lo que sé es que el Gobierno y la Secretaría Ejecutiva están poniendo todos los esfuerzos para arrancar pronto. También veo voluntad en el Congreso.

¿Qué opinión le merecen sus compañeros del tribunal?

Que el Comité de Escogencia cumplió a cabalidad con su mandato, porque uno de los principios que se esperaba con mayor rigor es el principio de pluralidad, el cual implica que en ese organismo, que es judicial, haya representatividad de esa diversidad que significa Colombia y que significa Colombia inmersa en un conflicto. Hay expertos en distintas disciplinas del derecho, hay representantes de las comunidades indígenas y afrodescendientes, y todos de la mayor calificación, que acreditan hojas de vida muy sólidas. Yo en verdad me siento en este momento privilegiada de poder ingresar a un organismo como este, con la calidad de los compañeros y compañeras que fueron seleccionados.

Y en medio de esa pluralidad de género, de etnia, ¿cuál es el reto de administrar justicia entre tanta diversidad y tantas visiones?

Hay que reiterar que este es un modelo transicional que se agota en un tiempo y en un universo de casos a tratar, y que tiene como epicentro a las víctimas: su reparación, su dignificación, su reconocimiento. Y eso pasa necesariamente por atender la singularidad del daño causado. Todo sin olvidar que esto está orientado a contribuir con un propósito mayor: consolidar las bases de una paz estable y duradera. Ese fin pasa por administrar justicia, pero justicia restaurativa, que tiene otra lógica, que no se cruza con la venganza, que reclama sanción para quienes cometieron delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio, etcétera, pero que también reclama oportunidad de sanar las heridas y de convivir todos en paz, como iguales, en la diferencia.

¿Usted cree que, en esta crisis de la justicia, la JEP podría hacer algo para que se recupere su credibilidad?

Creo que puede hacer mucho. Precisamente, si la JEP desde sus inicios cumple su mandato con el mayor rigor, oportunamente, no puede permitirse decisiones a 10 o 15 años, que no satisfagan esos derechos. Deben ser decisiones que les den los espacios reales y materiales a las víctimas para ser parte de esos procesos que garanticen de verdad y honren los compromisos que emanan del Acuerdo Final, de las normas constitucionales que se ha venido expidiendo para materializar lo que allí se acordó.

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Usted menciona la naturaleza restaurativa del sistema, pero Colombia tradicionalmente ha tenido sistemas retributivos, basados en el castigo. ¿Cree que el país está listo para entender la justicia de otra manera?

Creo que cualquier sociedad está siempre lista para ganar el camino y alcanzar armonía y paz. El funcionamiento de un sistema como este, que es inédito en el país, reclama procesos pedagógicos más intensos para que las personas entiendan qué significa imponer una pena propia del sistema en vez de una ordinaria. Hay que entender por qué en delitos muy graves las penas pueden ser disminuidas o no necesariamente tienen que haber privación de la libertad. Hay que aceptar que todos, como parte de este país, incluso algunos que arguyen que nunca han vivido el conflicto, tenemos responsabilidad en este proceso. Esto implica ceder ante ciertas decisiones que para algunos puede entenderse como una justicia precaria. Es justicia lo que se va a garantizar.

¿Cree que hay voluntad política para sancionar a los agentes de Estado o de la misma guerrilla que hayan cometido graves violaciones?

No puedo pensar en el futuro. Pero soy optimista, porque en el grupo de magistrados electos hay dos o tres personas que tienen trayectoria en la administración de justicia en la jurisdicción penal militar y conocen a fondo todo lo relacionado con los reglamentos operacionales. Van a aportar mucho para tener decisiones sólidas y completas. También conozco y he acompañado procesos pedagógicos para las Fuerzas Militares. He visto mucha disposición a avanzar en esa construcción de un camino que lleve a la paz y creo que ellos son los primeros interesados.

¿Es posible blindar a la JEP de magistrados corruptos?

El Comité de Escogencia tuvo cuidado al estudiar las hojas de vida, las trayectorias y al evaluar toda la información que recibió a través de la plataforma. Hay un compromiso fundamentalmente ético de quienes van a hacer parte de todas las instituciones del sistema. Cuando uno tiene una concepción de justicia que trasciende ciertas prácticas perversas, seguramente ayuda a que se blinde de ese tipo de prácticas que no le han hecho más que daño a la justicia.

¿Usted cree que esta elección de los magistrados puede generar algún tipo de presión para que se agilicen los trámites que faltan?

Supongo que tanto el Congreso, como las distintas instituciones del Estado reciben esos mensajes, los procesan y los valoran. Hay mucha expectativa positiva. Lo que he sentido en este día y medio ha sido muy interesante. La gente reclama que haya celeridad en la implementación de los acuerdos. Si existen manifestaciones de temor, son más bien en el sentido de que no puede dejarse pasar la oportunidad.

Hay quienes dicen que el Tribunal para la Paz es un tribunal de venganza, ¿qué les respondería?

Que están totalmente equivocados. Se diseñó un modelo de justicia transicional que está orientado al resarcimiento, reconocimiento, dignificación y reparación de las víctimas. Esto a su vez supone allanar el camino para que las víctimas superen ese dolor y se dediquen a ser ciudadanos y ciudadanas. Que sean atendidos debidamente por un Estado Social de Derecho que tiene obligaciones con ellas para erradicar paulatinamente las causas del conflicto. Eso hace que la labor no solo de la JEP, sino de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y de la Comisión de la Verdad, pueda contribuir de manera efectiva para lograr la paz.

En ningún documento se ha especificado cómo será la participación de las víctimas en la JEP. ¿Cómo lograr que efectivamente ellas sean el centro del sistema?

El proyecto de ley estatutaria esperamos sea enriquecido, complementado y que ojalá llegue a contener ese punto. El país también ha tenido un proceso de aprendizaje frente al tratamiento de las víctimas en el marco de este tipo de procesos, como Justicia y Paz, del cual he sido crítica. Pienso que en el ámbito judicial son precarios sus resultados, pero también reivindico que activó ciertos espacios para reivindicar a las víctimas, que, por ejemplo, en un principio no tuvieron las puertas abiertas y les tocó pelear, luchar y reclamar para ser escuchadas.

¿Por qué fue crítica de Justicia y Paz?

Conocí bien el proceso, para esa época yo era procuradora para Derechos Humanos y Asuntos Étnicos. Tuve la oportunidad de acompañar a esas víctimas en ese reclamo por espacios de participación reales y efectivos, lográndolo en un 100%. Hay insatisfacción, pero se ha avanzado y en las últimas sentencias, por ejemplo, están respaldas por una participación de víctimas. Ese fue un aprendizaje que va a ser muy útil ahora.

¿Qué medidas ayudarían a proteger a las víctimas?

Muchas. Comenzando por algo que puede parecer intrascendente, pero es de tener cuidado: la sede. Por ejemplo, tener espacios adecuados para la atención a las víctimas, para que se reciban de manera digna, y en el universo de esas víctimas se distingan las necesidades de los grupos étnicos o víctimas mujeres. Hay estándares internacionales muy específicos para atender a las víctimas de violencia sexual. Hay que tener capacidad para realizar un acompañamiento psicosocial a esas víctimas. Todo eso hay que preverlo y garantizarlo. Tengo entendido que desde la Secretaría Ejecutiva hay una coordinación del área de víctimas con la cual se han contratado doce enlaces territoriales que están en las principales regiones, y eso va a seguir creciendo para acompañarlas y explicarles cuáles son sus derechos.

En Colombia se critica mucho que la justicia está politizada. ¿Qué puede hacer la JEP para evitar ese escenario?

Creo que las causas de la politización de la justicia no se presentan en el diseño de la JEP. Aquí no tenemos ninguna función electoral, que es una de esas causas que se le atribuyen a la politización de la justicia. La concepción y la vocación reparadora del sistema harán que la JEP y quienes la integren necesariamente deban concentrarse en su mandato, en sus tareas y en el compromiso que tienen con las víctimas y la sociedad. Creo que de eso se trata: de dedicarnos de manera rigurosa y estricta y comprometida a al trabajo que nos corresponde y no a otra cosa.