Clara Rojas narra ante la JEP seis años de secuestro

La exsecuestrada rinde su testimonio ante la Jurisdicción Especial para la Paz en el marco de la indagación que se adelanta contra exjefes de las Farc por las denominadas “retenciones ilegales”.

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Clara Rojas fue secuestrada el 23 de febrero de 2002, en compañía de la excandidata presidencial Íngrid Betancourt. Fue liberada el 10 de enero de 2008. /Archivo

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sigue recibiendo testimonios de los exsecuestrados por las Farc en el marco de la investigación que se adelanta contra los exjefes de las Farc por las denominadas “retenciones ilegales”, entre las cuales se incluyen secuestros, homicidios y desapariciones. Este jueves, Clara Rojas, quien hacía parte del equipo de campaña de la excandidata presidencial Íngrid Betancourt, comenzó su relato con los hechos que rodearon su secuestro, el 23 de febrero de 2002.

El secuestro ocurrió tres días después de que el presidente en este entonces, Andrés Pastrana, rompiera contactos con las Farc. La excandidata presidencial viajó a la zona para conocer la presencia de la fuerza pública en San Vicente del Caguán (Caquetá), luego de atender del llamado del alcalde del municipio, quien le pidió que protegiera a la población civil.

Asegura que ese día llegó a Florencia (Caquetá) alrededor de las 9:00 a.m. y que allí el jefe de seguridad de Betancourt les explicó que viajarían en unos helicópteros de la Fuerza Pública que estaban por llegar al aeropuerto, pero que no había cupo para toda la comitiva, que solo podían viajar alrededor de cinco personas.

“Para nuestra sorpresa, después de unas llamadas, el jefe de seguridad les explicó a la candidata y a las personas que estábamos con ella, que la escolta no la acompañaría a ella a San Vicente del Caguán (Caquetá). No entendí por qué ni quién dio esa orden”.

Narró que horas después le dijeron que no había cupo en los helicópteros y que al rato llegó el entonces presidente Andrés Pastrana. “Nosotros salimos a saludarlo. Pasó frente a nosotros y no saludó a la candidata. Supuestamente eran amigos, pero en ese momento no quedé con esa impresión, pues siguió de largo. La ignoró”.

Tiempo después, un miembro de las autoridades –al parecer del DAS- les dijo que les suministraría una camioneta pick up para el desplazamiento por tierra de Florencia (sin conductor y sin gasolina) hasta San Vicente del Caguán. “Dos hechos sobre los cuales reflexionar: ni escoltas ni transporte seguro para garantizar el desplazamiento de la candidata ni mucho menos para las personas que trabajábamos para ella”.

Recuerda que en la ruta hicieron pare para suministrarle gasolina al vehículo y, posteriormente, avanzaron en una carretera desierta hasta San Vicente del Caguán. Transcurridos 45 minutos, encontraron un retén militar que –para su sorpresa- tenía un par de soldados que hicieron detener la camioneta. “Le dijeron (a Íngrid Betancourt) que si seguía sería bajo su propia responsabilidad. Pregunta: ¿por qué dejaron pasar un vehículo oficial con una candidata presidencial a bordo, con personal civil, a una zona de alto riesgo? Solo ellos conocían la situación real del camino".  

Avanzaron en la ruta y más adelante se encontraron con otro retén de supuestos campesinos que hicieron desviar el carro. “Se les estalló una bomba. Sangre, gritos, pánico, guerrilleros fuertemente armados, se subieron al carro y nos llevaron de camino al secuestro de seis años”. “Fueron seis años de aislamiento, de incomunicación, de tortura, de maltrato, de cadenas”.

Dijo que años después de su liberación se encontró con el abogado Ramiro Bejarano, quien le habló sobre la minuta que supuestamente los militares le hicieron firmar a la excandidata presidencial y en la cual se aseguraba que ella viajaba hacia San Vicente del Caguán bajo su propio riesgo. “Allí encontró la firma. Sería ideal que se indague sobre esas situaciones: la escolta asignada a la candidata, por qué suministraron una camioneta en ese momento sin seguridad y por el libro de la minuta”. 

Se preguntó por qué otros candidatos presidenciales (Rafael Pardo y Antonio Navarro) que viajaron a la zona sí recibieron la seguridad del Estado. “A ellos no les pasó nada; siguieron sus vidas normales hasta el sol de hoy”.

El nacimiento de Emmanuel

Relató que tuvo que padecer situaciones extremadamente precarias que le hacen preguntarse cómo pudo sobrevivir al embarazo y al parto para dar a luz a su hijo, Emmanuel. Reconoció que algunos integrantes de esa guerrilla se solidarizaron con ella durante el parto y los primeros 41 días del nacimiento. “Durante esas extenuantes caminatas era apenas obvio que hubiéramos perecido, pero no nos dejaron a nuestra suerte”.

Sin embargo, uno de los momentos más difíciles del secuestro lo vivió cuando Emmanuel sufrió leishmaniasis (una enfermedad infecciosa que se transmite por la picadura de un mosquito) y que no había medicina para suministrarle.

Aseguró que la engañaron cuando sacaron a su hijo del campamento con la excusa de que le iban a prestar atención médica y que se lo devolverían al cabo de 15 días. “Pasaron tres años y medio antes de que volviera a verlo. Fue en libertad. Los guerrilleros nunca me lo devolvieron; se lo entregaron a un campesino y él lo llevó a un instituto médico, en donde el ICBF se lo quitó porque tenía quemaduras, estaba completamente desnutrido, más la fractura del brazo como consecuencia del difícil parto que nos tocó afrontar”.

Una vez en libertad, cuando se reencontró con él, tuvieron que afrontar terapias físicas, nutricionales y psicológicas. Además, denunció que han sido víctimas de ataques y maltratos a través de redes sociales.

Sin reparación

Rojas cuenta que bajo todas las circunstancias les imploró a las Farc que la liberaran y que se le acabaron las lágrimas. Pero solo tuvo respuesta seis años después.

Aseguró que el partido ni la campaña para la que trabajaba no le respondió durante ese tiempo por sueldo, prestaciones sociales y cerró sus libros. “Ni siquiera (me dieron) las gracias por haber estado acompañando ese día a la candidata en su gira política”.

Recuerda que, una vez en libertad, Íngrid Betancourt presentó una demanda de indemnización contra el Estado en razón a su secuestro. “Le cayó el país encima”, dijo. Rojas prefirió abstenerse de presentar cualquier acción legal con esos fines.