Fiscalía dice haber incautado más de 7.000 bienes

En riesgo la reparación a las víctimas de las Farc

La Unidad de Investigación y Acusación de la JEP solicitó la imposición de medidas cautelares a los bienes entregados por las Farc para la reparación de las víctimas del conflicto. Aseguran que la Fiscalía no ha entregado información para la debida identificación de estos recursos.

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La Fiscalía anunció recientemente que se han incautado 7.369 bienes de las Farc avaluados en más de $2 billones. / Mauricio Alvarado

El debate que se ha dado en torno a los bienes entregados por las Farc tras la firma del Acuerdo de Paz no cesa. Esta vez por cuenta de una solicitud de imposición de medidas cautelares elevada por la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz sobre los bienes entregados por la extinta guerrilla. Según esta unidad, la Fiscalía no ha suministrado la información necesaria a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para que se identifiquen los bienes del grupo guerrillero y se pueda dar la debida administración a los mismos. Así las cosas, y de darse un proceso de extinción de dominio, estos recursos irían a manos del Estado y no de las víctimas, como estaba planteado desde un inicio.

En un documento enviado al magistrado Alejandro Ramelli, de la Sección de Primera Instancia de la JEP, y conocido por El Espectador, se detalla punto a punto esta solicitud. En principio, el texto explica que el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición fue creado con un objetivo claro: “la satisfacción de los derechos de las víctimas”. Para tal propósito se acordó inventariar todo tipo de bienes y activos pertenecientes a la exguerrilla. El presidente Juan Manuel Santos expidió en ese entonces el Decreto Ley 903 de 2017, en el cual se dictan disposiciones sobre estos recursos y para que “los bienes que entregue las Farc EP puedan destinarse a la reparación de las víctimas”.

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En el artículo 3º de este decreto se estableció la creación del Fondo de Víctimas, que estará adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia y en donde se recibirán “todos los bienes y recursos patrimoniales monetizados y no monetizados inventariados” de las extintas Farc, según explica el texto. Posterior a ello, también se expidió el Decreto 1407 de agosto de 2017, mediante el cual se le entregó a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) la administración de los bienes que se recauden y se creó la Comisión Transitoria de Verificación y Apoyo, que tiene como misión determinar si estos bienes se encuentran en el Fondo de Reparación a Víctimas de Restitución de Tierras o si están en algún proceso de extinción de dominio de la Fiscalía.

Pero es en este punto donde empieza la discusión de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. Según se establece en la Ley 1708 de 2014, más conocida como Código de Extinción de Dominio, los bienes sobre los cuales la Fiscalía General de la Nación haga efectiva una extinción pasarán a manos del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), “cuyo fin es sufragar gastos de funcionamiento de algunos entes del Estado y no la reparación a las víctimas del conflicto armado”. Según explica el documento, esto iría totalmente en contravía con lo establecido en el Acuerdo de Paz y los mayores y únicos perjudicados serían los damnificados del conflicto armado.

Otro de los alegatos hechos por el fiscal 5 ante el Tribunal Especial para la Paz es que “a la fecha, la Fiscalía General de la Nación no ha suministrado información a la SAE para efectos de la identificación de los bienes y la adopción de las medidas necesarias para su administración y custodia”, según señala el documento. Es por tal razón, que según esta unidad, tampoco se ha podido determinar cuáles de los bienes relacionados en el inventario de las extintas Farc se entregarán de manera voluntaria, por lo que se hace necesario pedir las medidas cautelares sobre estos recursos “con miras a garantizar su ingreso al fondo creado por el Decreto Ley 903 de 2017 y así velar por la destinación de la que fueron dotados”, agrega el texto.

Para sustentar tal petición, la Unidad de Investigación y Acusación, también conocida como Fiscalía de la JEP, expone dos fundamentos básicos: en cuanto a reparación integral y sobre las medidas cautelares. En el primero de ellos explican que, de acuerdo con lo expuesto por la Corte Constitucional en varias de sus sentencias, toda persona tiene derecho a acceder a la justicia, que para este caso se basa en el acceso a una reparación integral y a la equidad. “Tanto la Corte Suprema de Justicia como el Consejo de Estado han acogido también la reparación integral, ya no como un principio, sino como un derecho fundamental que se reconoce a la víctima”, se lee en la petición.

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Del mismo modo se resalta que, conforme a lo que se estableció en el Acuerdo de Paz, la exguerrilla de las Farc procedería a la reparación material de las víctimas con los bienes y activos mencionados anteriormente. También señalan que en la aprobación del Acto Legislativo 001 de 2017 por parte de la Corte Constitucional se estableció que los esquemas de atención que se escogieran para la implementación de la paz debían garantizar los componentes de reparación “incluyendo los relativos a la restitución, a la compensación, a la rehabilitación, a la satisfacción y a las garantías de no repetición”. Para la Fiscalía de la JEP, los bienes de las Farc tienen una destinación específica, la cual no se estaría cumpliendo.

Sobre las medidas cautelares, el fiscal encargado explica que, aunque la ley de procedimiento de la JEP (Ley 1922 de 2018) no habla de imposición de medidas cautelares como tal, sí establece la aplicación de otra normatividad para lo que no está en su regulación. Es así como el funcionario detalla que en este caso dará aplicación al Código General del Proceso “en aras de garantizar la efectividad de las pretensiones”, que en este caso es que los bienes entregados por la exguerrilla de las Farc sean destinados a la reparación de las víctimas del conflicto. Asimismo aclara que las medidas cautelares solicitadas son las innominadas, que según la Corte Constitucional no están previstas en la ley debido a la variedad de circunstancias que pueden girar en torno a los procesos en que se solicitan.

Toda esta explicación por parte del fiscal 5 ante el Tribunal de Paz fue con el único propósito de hacer dos solicitudes fundamentales: la primera es que “se imponga medida cautelar sobre las sumas de dinero provenientes de la monetización que se haya hecho o se haga por la SAE, de los bienes —muebles e inmuebles— cuyo derecho de dominio haya sido extinguido por su relación con las Farc EP”, para que estos pasen al patrimonio autónomo y no sean trasladados al Frisco. La segunda petición es que “se imponga medida cautelar sobre todos los frutos —civiles y naturales— que produzcan los bienes muebles e inmuebles, entregados para su administración a la SAE” por parte de la Fiscalía o de cualquier entidad del Estado.

También señala que, en virtud de esas medidas que se impongan, se expidan ocho solicitudes, entre las que se destaca el ordenamiento para que la Fiscalía haga entrega de la información de todos los bienes de que haya tenido conocimiento que tienen alguna presunta relación con las Farc. Esto debido a que, de acuerdo con lo planteado por la Unidad de Acusación, el ente investigador, a la fecha, no ha hecho entrega de dicho informe, ni ha habido pronunciamiento jurídico alguno que impida tal solicitud. “Este aspecto ha hecho imposible determinar los bienes de los que se trata, establecer la posible cuantía a la que ascienden, el estado en que se encuentran y los frutos —civiles y naturales— que producen”, añade el texto.

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Por su parte la Fiscalía señaló que siempre han tenido un trabajo articulado con la Jurisdicción Especial para la Paz a través de la Unidad de Políticas Públicas. Según el ente investigador, toda solicitud que ha el Tribunal de Paz es tramitada de manera inmediata por esta unidad. Es así como se ha podido adelantar la entrega de varios informes por parte de la Fiscalía a la JEP sobre los casos que tienen relación con el conflicto armado.

Otra de las aclaraciones que hace el funcionario de la JEP frente a esta pretensión es que con esto no se busca asumir competencia alguna en el proceso, ni alterar el curso de las investigaciones, sino, por el contrario, que se cumpla el ordenamiento jurídico frente a la reparación efectiva de las víctimas. En caso de que estos bienes llegasen a pasar a manos del Frisco, entrarían a las arcas del Estado de la siguiente manera: el 25 % para la Rama Judicial, el 25 % para la Fiscalía, el 10 % para la Policía Judicial, el 5 % para la infraestructura penitenciaria y tan sólo el 15 % para “sufragar los gastos requeridos para la recepción, administración, saneamiento, alistamiento, sostenimiento y disposición de los bienes inventariados por las Farc”.

Así las cosas, existe un grave riesgo de que los bienes que fueron entregados por las extintas Farc en agosto del año pasado sirvan para solventar las necesidades presupuestales del Estado y no para la reparación efectiva de las víctimas del conflicto armado, quienes por varios años han esperado alguna clase de compensación por todos los horrores sufridos en una guerra de 50 años. Finalmente, si se llega a cumplir la extinción de dominio de 7.369 bienes anunciados recientemente por el fiscal Martínez, más de $2 billones llegarían a manos del Estado y no a las 8’375.858 personas que van registradas en la Unidad de Víctimas.