El laberinto de la JEP: una batalla política, jurídica y judicial

Una vez más, la Jurisdicción Especial para la Paz sigue en el centro de la polémica nacional, sin haber empezado a tomar decisiones de fondo: objeciones presidenciales, investigaciones judiciales y el debate jurídico, pues en la Corte Constitucional ya hay ponencia sobre la Ley de procedimiento de la JEP. Y la implementación de la paz, en veremos.

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La Ley Estatutaria de la JEP sería objetada por el presidente Iván Duque, lo que la devolvería al Congreso para hacer modificaciones. / Óscar Pérez

Con amplia resonancia mediática, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está en el ojo del huracán. Es un secreto a voces que, por motivos de inconveniencia, el gobierno Duque va a objetar la ley estatutaria que la creó. Pero, más allá de los efectos que esta decisión tenga en la implementación del proceso de paz, no cabe duda de que la suerte de la JEP, piedra angular de la negociación entre el gobierno Santos y las Farc, tiene hoy a los políticos exhibiendo su artillería verbal para defenderla o atacarla, a la Fiscalía rastreando y al país de los abogados buscando fórmulas para salir del atolladero.

En el fondo, así las partes se escuden en sus deberes, persiste la división que se advirtió en el plebiscito de octubre de 2016, que dominó las discusiones en el debate presidencial de 2018 y que representa hoy el nudo de discordia entre el gobierno Duque y la oposición. Por eso, es improbable que la tempestad amaine a corto plazo o que el asunto se salde en tablas. Para unos y otros hay mucho en juego, y ese pulso se empezará a resolver cuando el Ejecutivo destape sus cartas sobre lo que considera debe ser la JEP, sin la postura extrema de derogarla, como sugirió el senador Álvaro Uribe.

De antemano, el criterio de la representante Juanita Goebertus, de la Alianza Verde, que además hizo parte del equipo técnico del gobierno Santos en las negociaciones de La Habana, resume bien lo que muchos juristas comparten: lo único que va a suceder es que se retrase más la misión encomendada a la JEP. La explicación es sencilla. Por trámite legislativo, las objeciones del Gobierno deben ir al Congreso para un debate de ocho meses. De ahí tendrían que ir a la Corte Constitucional, que ya avaló esa ley estatutaria. El camino más remoto sería una reforma constitucional.

En cualquier caso, el escenario perfecto para el país de los abogados. Con un ingrediente que ratifica que, a pesar de la insistencia del Gobierno en hacer modificaciones de fondo a la JEP, el país jurídico no parece marchar por la misma ruta. La prueba es el proyecto de fallo de la Corte Constitucional respecto de una demanda contra la Ley 1922 de 2018, que definió las reglas de funcionamiento de la JEP, el cual plantea echar abajo el procedimiento diferencial para que la justicia transicional defina la situación de los miembros de las Fuerzas Armadas, uno de los reclamos del Centro Democrático.

El Espectador conoció ese proyecto de fallo y el planteamiento del magistrado José Fernando Reyes es que se declare la inconstitucionalidad de esa iniciativa por errores de forma. En concreto, porque en los primeros debates en el Congreso no se hizo siquiera una mención del tema, ni se incluyó en los informes de ponencia para segundo debate y apenas fue agregado en la plenaria del Senado, por insistencia del Centro Democrático. Es decir, ese régimen diferencial para las Fuerzas Militares no fue debidamente estudiado o discutido y por eso debe ser, según la Corte, inexequible.

De igual manera, respecto a otro de los temas críticos de la JEP, el de la extradición, en la citada Ley 1922 de 2018 se determinó que la Sala de Revisión no puede practicar pruebas ni pronunciarse sobre el fondo del asunto ni sobre la responsabilidad de quienes fueren solicitados en extradición. No obstante, el proyecto de fallo apunta a que se declare la inconstitucionalidad de estas prohibiciones y que, por el contrario, se le dé a la JEP la posibilidad de desarrollar una actividad probatoria, abriendo además la opción de que este organismo evalúe los hechos de la solicitud.

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El asunto no es de poca monta si se tiene en cuenta que uno de los hechos que mayor controversia han causado en el país desde que se firmó la paz con las Farc fue la captura con fines de extradición del jefe guerrillero conocido como Jesús Santrich. El mencionado proyecto de fallo recalca que todos los trámites que se adelanten en el interior de la JEP deberán estar animados en el debido proceso y que, en esa perspectiva, “la posibilidad de extradición no puede ser una excepción”. Y agrega la ponencia: “No es un asunto baladí, se funda en uno de los puntos contenidos en el Acuerdo Final”.

En síntesis, de conformidad con el proyecto de fallo del magistrado José Fernando Reyes, si la Corte Constitucional respalda la caída de la expresión “no podrá practicar pruebas” en el caso de la extradición, y si se sustituye el agregado “verificará” por la palabra “evaluará” los hechos, el efecto es claro: la JEP tendría argumentos para meterse en este espinoso asunto. La razón, según la ponencia, es que limitar a la JEP es desconocer la garantía del debido proceso, contradecir lo dispuesto en la ley estatutaria que la conformó y negar lo pactado en el acuerdo entre el Gobierno y las Farc.

El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez y la presidenta de la JEP, Patricia Linares.

En otras palabras, por ningún lado la tiene fácil el Gobierno para concretar sus objetivos, ni tampoco el fiscal Martínez para coronar sus reparos. Lo demás son los escenarios políticos y jurídicos de siempre, que en la última semana han visto desfilar a todas las vertientes. Como el Partido de la U, que le ha pedido al Gobierno que no meta en la nevera a la JEP porque va a terminar afectando a muchos militares que ya se acogieron, o la opinión del exjefe negociador en Cuba, Humberto de la Calle, quien ha dicho que, en el fondo, todo es una perdedera de tiempo.

Sin embargo, la pelotera política y jurídica respecto a la JEP no es el único factor que afecta su misión. También esta semana, la captura del fiscal de ese organismo Carlos Julián Bermeo, así como de su pareja, Ana Cristina Solarte, el exsenador Luis Alberto Gil y los particulares Luis Orlando Villamizar y Yamit Prieto, tiene a los dignatarios de la JEP dando explicaciones, pone en evidencia que las relaciones entre los magistrados y el fiscal de la institución no son tan buenas, y deja muchas dudas sobre el caso, no solo por el procedimiento en sí, sino por la mano de la DEA en este complejo asunto.

Más allá de todo lo que ha trascendido en la audiencia de imputación de cargos contra los implicados, se debate sobre el origen del proceso. El Espectador conoció que, desde la última semana de febrero, a través de una carta reservada, la DEA le advirtió a la Fiscalía que había una organización ilegal dispuesta a recibir dinero para alterar procesos de la justicia. Y que todo partió de una fuente humana. Después apareció un agente infiltrado, y ahora se discute si fue un agente encubierto ante una entrega controlada de dinero o un agente provocador para estructurar el caso.

Ninguno de los detenidos aceptó los cargos de la Fiscalía y hasta el momento lo único que se ha probado es que el jefe guerrillero Jesús Santrich, hoy recluido en la cárcel de La Picota, nada tuvo que ver con el asunto. La hipótesis de la Fiscalía es que el fiscal Bermeo y demás detenidos buscaban retardar el caso Santrich y por eso cobraban una alta suma de dinero. Para la Fiscalía, hubo cohecho, tráfico de influencias y concierto para delinquir. El caso sigue tan enredado que todavía no se resuelve en el plano judicial. Pero en entredicho, una vez más, ha quedado la JEP.

En un ejercicio de futurismo, este viernes 8 de marzo, el exjefe negociador Humberto de la Calle se situó en el día 30 de noviembre de 2019, para relatar que ese día, “tras un largo periplo”, el presidente sancionó la Ley Estatuaria de la JEP. En el texto recuerda que esa ley fue largamente discutida todo el año 2018, pero que el Gobierno terminó objetándola por inconveniencia. Entonces se armó el debate con alegatos ya resueltos por la Corte Constitucional. El Congreso aceptó unas objeciones, negó otras y el asunto terminó de nuevo en el alto tribunal, que reafirmó sus decisiones de 2018.

Esta ficción estatal concluyó en la afirmación de que las organizaciones de víctimas solo saludaron la decisión, pero lamentaron la inusitada demora para implementar la paz, y en que algunos periodistas recordaron que muchos habían dicho que, a pesar de las objeciones, la JEP podía seguir adelante sin obstáculos, aunque un caricaturista se preguntó: “¿Entonces por qué la objetaron?”. El ejercicio de De la Calle terminó con una pregunta: “¿No debió el presidente Duque evitar el desgaste de este largo y estéril periplo?”. El parecido con la realidad es pura coincidencia.

En resumen, más allá de la fábrica de abogados, como decía el Libertador Bolívar, la realidad es que la JEP sigue bajo la lupa del país, pero sometida a los sesgos de una sociedad que todavía no pasa la página de la guerra. Se desactivó la máquina de confrontación armada de las Farc, pero en el colectivo político y jurídico de la nación, la artillería sigue viva. Las nuevas generaciones exigen un país en paz y es el que quieren construir para sus hijos. La JEP, entre defensores y detractores, es la columna vertebral de esa opción. ¿Podrá salir del atolladero? La sociedad tiene la respuesta.