Desmovilizados de Farc piden garantías a la JEP

Salieron de forma individual de las cárceles por el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc, pero no han podido conseguir trabajo ni hacer una reincorporación efectiva porque siguen con antecedentes penales.

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Luis Eduardo Montero, exguerrillero de las Farc, desmovilizado en la cárcel. / Natalia Herrera Durán.

Luis Eduardo Montero lleva en su billetera el acuerdo de sometimiento a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) que firmó antes de salir de la cárcel. Lo lleva plastificado y del tamaño de una cédula, porque cada vez que cae en un retén de la Policía le toca esperar dos o tres horas hasta que verifican que, aunque siga teniendo antecedentes penales, salió en libertad condicionada, producto del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, y no tiene, por lo pronto, más deudas con la justicia.

Como él hay varios guerrilleros de base desmovilizados de las Farc que están en un preocupante limbo jurídico porque salieron en libertad de las cárceles, por su acreditada pertenencia a la exguerrilla, pero no han podido resolver su situación jurídica con la JEP.

Están en el peor de los mundos. Para las Farc son traidores, porque se desmovilizaron de forma individual con la Ley de Justicia y Paz, estando en la cárcel, y por lo mismo han sido rechazados del proceso colectivo de reinserción del partido FARC. Tampoco han podido adelantar un proceso de reincorporación individual con garantías mínimas, como conseguir un trabajo legal, porque siguen teniendo antecedentes penales y órdenes de captura vigentes. Mientras esto ocurre, en el devenir complejo de estos días, las disidencias de las Farc les mandan razones para volver a la guerra. Esta es su historia.

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El “desertor”

Ingresó a las Farc cuando tenía 16 años. Luis Eduardo Montero hoy tiene 37 años y lleva dos fuera de la cárcel. “Salí de pagar 14 años por delitos cometidos por mi pertenencia a las Farc. Yo fui del frente 21 del Comando Conjunto Central durante cinco años. Participé en operaciones militares y financieras en el Tolima. Y me capturaron cuando ya había renunciado a la guerra por el sufrimiento que les causaba a mi mamá y papá. Me detuvieron en un viaje que hice a Ibagué para ver a mi familia. Pero yo no fui sapo, yo no me presenté a las autoridades, solo deserté por mi familia”, dice, y de los tres desmovilizados de las Farc en las cárceles que conocí esa tarde es el único que se atreve a dar su identidad, porque asegura que está desesperado y ya no tiene qué perder. Los otros dos prefieren no dar sus nombres porque no quieren ser un blanco más de persecución.

A Luis Eduardo Montero la justicia ordinaria le imputó cargos de homicidio agravado por combates entre las Farc y el Ejército en Tolima y Quindío. Él recuerda con claridad un enfrentamiento con tropas de la Sexta Brigada del Ejército de Ibagué, el 25 de octubre del año 2000, donde perdió la vida un militar. Luego, como resultado de operaciones del Ejército, un guerrillero fue capturado y obligado a identificar a los guerrilleros que participaron en esos combates.

“Cuando soy capturado me llevan a la cárcel de Picaleña, en Ibagué. Y, claro, ya tenía el estigma de haber desertado de las Farc. No porque yo hubiera dicho que me quedó grande o me cansó, sino porque mi mamá decía que cualquier día iba a caer en un bombardeo y ya no quería verla sufrir. Siempre he sentido mi solidaridad con los compañeros que cayeron en combate, porque quienes ingresamos a las Farc lo hacemos conscientes de que hay una problemática social en el país”, comenta Luis Eduardo y señala que entonces empezó el largo calvario de 14 años en prisión.

Cuando llevaba cinco años preso, Luis Eduardo decidió vincularse a la Ley de Justicia y Paz (975 de 2005), que nació como una respuesta estatal para desmontar el paramilitarismo en Colombia. En la ley había un artículo que permitía a los guerrilleros de las Farc desmovilizarse dentro de las cárceles y como consecuencia de ello el Ministerio de Defensa les otorgaba una certificación a través del Comité Operativo para la Dejación de Armas (Coda).

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“Hice esto en el 2007, después de cinco años en prisión, cansado. La vida en la cárcel es tremenda y difícil. Hay delincuencia y violencia, hay tortura y presión de parte de las autoridades penitenciarias”, señala. “Pensé que iba a salir en libertad muy rápido por esta ley, porque en ese momento se decía que solo se pagarían cinco años y yo ya tenía ese tiempo. Pero la ley cambió a ocho años que solo contaban cuando uno era aceptado como postulado en Justicia y Paz. Es decir, si a mí desde el comienzo me hubieran dicho que iba a pagar 14 años de cárcel y por eso ser tildado por la misma organización de traidor jamás lo hubiera hecho. Yo solo quería buscar mi libertad y el canje humanitario en esos años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez iba a ser imposible, como sucedió”.

Los años pasaron y el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc se firmó en diciembre de 2016. Y fue en ese nuevo marco jurídico que Luis Eduardo acreditó su pertenencia a las Farc, a través de sentencias en su contra, y se sometió al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. “A partir de ahí he seguido pagando una condena. Ya estoy en libertad, pero paso hojas de vida en cualquier empresa y todas me cierran las puertas porque sigo teniendo órdenes de captura vigentes y antecedentes penales y disciplinarios por hechos relacionados con mi pertenencia a las Farc, como la toma de Roncesvalles, Tolima, entre el 14 y 15 de junio del año 2000”, menciona.

Hechos por los que pidió perdón en una audiencia con víctimas de ese municipio.“Me dirigí, junto con otros compañeros, con todo respeto a las víctimas. Reconocimos en ese momento una secuencia de más de 150 homicidios que se dieron en toda la región del Tolima, no porque uno los hubiera cometido solo, sino porque los cometió la organización a la que pertenecíamos. Hablamos con las víctimas y pudimos sentir de corazón que ellos aceptaron nuestro perdón”.

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Actualmente, Luis Eduardo malvive con sus dos hijos y esposa con menos de un salario mínimo que le da la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), antes la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR). Esa es la razón para que este exguerrillero crea que los desmovilizados de las Farc que se acogieron a Justicia y Paz, que son cerca de 150, estén “recibiendo un tratamiento discriminatorio”. Porque mientras a cientos de exguerrilleros que se desmovilizaron colectivamente, a propósito del Acuerdo de Paz, se les resolvió su situación jurídica, decenas de desmovilizados individuales no han podido tener la misma suerte.

A esto se suma el sentimiento de frustración que les produce ser considerados traidores por su antigua organización. Luis Eduardo cuenta que tanto él como sus otros compañeros han buscado contactarse con dirigentes y comandantes del partido FARC para explicarles su situación. Explicarles, según él, que nunca le quisieron hacer daño a la organización, que no fueron como Karina o Martín Sombra, y que renunciaron al canje humanitario porque ansiaban volver a la libertad.

“La rabia que nos tienen es grande, pero yo no les tengo rencor. Por ejemplo, yo hice el curso de Faca 3 para la formación de escoltas, de la Unidad Nacional de Protección, y cuando el partido se dio cuenta de que yo era desmovilizado y certificado por el Coda, fui rechazado. Recuerdo muy bien cuando Jaime Barragán, excombatiente de las Farc, me trató mal y me dijo que yo no debía estar en el curso de escoltas sino en un consejo de guerra por ser desertor, y por eso no pude realizar los exámenes para vincularme como escolta ante la Unidad Nacional de Protección”, comenta Luis Eduardo, y termina diciendo que le “indigna un poco” que en las Farc no hayan sido capaces de “perdonar a sus propios excombatientes”. “No han sido conscientes de que hemos pagado 15 años y más de cárcel, y por fin afuera ellos nos han dado la espalda”.

Inseguridad jurídica

Sebastián entró a la guerrilla de las Farc con 20 años. Vivía en una vereda muy pobre del Valle del Cauca, con presencia histórica de la exguerrilla, y solo pudo estudiar en la cárcel, tras su captura en Cali en 2006. Lo condenaron a 40 años de prisión por los delitos de secuestro y extorsión. Pertenecía al bloque Occidental, a la columna móvil Arturo Ruiz, que en ese entonces estaba bajo el mando de Franco Juvenal y Wálter.

En la cárcel decidió acogerse a la Ley de Justicia y Paz, y reconoce que, como postulado, “colaboró mucho”. “Entregué información sobre víctimas que fueron asesinadas por ser supuestos colaboradores del Ejército y otros por ser infiltrados”, sostiene. Sin embargo, solo salió en libertad con el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc, al acogerse a la Ley 1820 de 2016. Recuerda cuando funcionarios de la JEP, de acuerdo con lo dispuesto en esa ley, llegaron a la cárcel y les llevaron el acta de sometimiento a esta jurisdicción especial.

“Nosotros también firmamos el Acuerdo de Paz. Firmamos un acta de compromiso para someternos a la JEP. Si no estuviéramos con esa acta no estuviéramos en libertad, primero que todo”, dice, y cuenta el laberinto jurídico que ha atravesado, sin dinero para pagar una asesoría jurídica, en busca de resolver su situación y trabajar legalmente.

“Ahora que estamos en libertad, la JEP nos dijo que el acta de sometimiento queda sin efectos”, dice, y se refiere a una curiosa comunicación que recibió por parte del entonces secretario ejecutivo de la JEP, Néstor Raúl Correa, del 29 de abril de 2018, un mes después de que la jurisdicción abrió sus puertas, en la que señala que dejó “sin efectos” el acta de compromiso a la JEP, argumentando que no está en los listados de las Farc, que acreditó el Gobierno (ver facsímil 1). Esto cuando la Ley 1820 es clara en decir que estar en esta lista no es la única opción para acreditar su pertenencia a las Farc. Así como otro documento, firmado por María del Pilar Bahamón, de la Secretaría Ejecutiva, que desinforma sobre el proceso que deben seguir los desmovilizados individuales de las Farc para aclarar su situación jurídica, pues vuelve a remitir esta responsabilidad a la Agencia de Reincorporación del Gobierno, aunque por ley es una responsabilidad de la JEP (ver facsímil 3), tal y como aclaró la Procuraduría General en un derecho de petición, firmado por Ómar Triviño Correa, coordinador del Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SIRI).

La respuesta de la JEP

Un magistrado de la Sala de Amnistía e Indulto de la JEP, que pidió reserva de su identidad por razones jurídicas, explicó, en diálogo con este diario, que esta sala es la encargada de tramitar las amnistías, el proceso que sanea las cuentas pendientes que tengan con la justicia quienes se sometieron a este sistema de justicia transicional.

Sin embargo, también reconoció que “puede haber un bache en esas solicitudes”, correspondientes a la época en que las salas de este joven tribunal transicional no habían entrado a operar. En ese sentido, sin querer referirse al caso particular de la comunicación firmada por el entonces secretario ejecutivo Néstor Raúl Correa, sí fue enfático en que la Ley 1820 de amnistía es muy clara en decir que ser parte de los listados de las Farc es solo una condición para obtener el beneficio de sometimiento a la JEP y no excluye a las otras dos que menciona la ley: que los delitos tengan relación con el conflicto armado y hayan sido cometidos antes de la firma del Acuerdo de Paz, o que haya sentencias judiciales que acrediten su pertenencia a las Farc.

Explicó que la libertad condicionada y la amnistía son procesos que se tramitan de forma independiente, aunque debe acreditarse al menos una de las tres condiciones mencionadas en cada caso. El excombatiente puede salir de la cárcel en libertad condicionada, con su acta de sometimiento a la JEP, pero debe tramitar su amnistía en la Sala de Amnistías e Indultos de la JEP, que deberá verificar que cumpla los requisitos y, de ser así, solicitar a todas las entidades del Estado que borre los antecedentes penales y disciplinarios amnistiados. Esta misma sala es la encargada de quitar los beneficios de libertad condicionada si los excombatientes no cumplen la ley.

De igual forma, el magistrado reconoció que este trámite puede ser un poco lento porque deben pedir los expedientes a la justicia ordinaria para tomar estas decisiones y las cargas de trabajo de estos despachos es enorme. Pero manifestó su preocupación con relación a que estas situaciones generen un mensaje de inseguridad jurídica entre los excombatientes y se comprometió a revisar caso por caso para determinar qué sucedió, porque si los delitos que se les endilgan a estas personas tienen que ver con su pertenencia a las Farc esta situación debe ser esclarecida lo antes posible.

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Asimismo, ante la enorme desinformación e incertidumbre que hay entre estos excombatientes, el subsecretario ejecutivo, Harvey Suárez, dio un mensaje de tranquilidad y aseguró que estos exguerrilleros, como otros que cumplan los requisitos, pueden acercarse a las instalaciones de la JEP y pedir a la Secretaría Jurídica apoyo jurídico para tramitar su amnistía.

Por lo pronto, Sebastián pide que la historia de estos desmovilizados individuales se conozca, porque no quieren volver a las armas. Quieren apostarle a la reincorporación: “En la JEP espero seguir colaborándoles a las víctimas. La mayoría de nosotros tenemos más información que podemos aportar al sistema. Información concreta, no estamos mintiendo. Fíjese, nosotros sí pagamos cárcel, pero no nos quieren quitar los antecedentes. Entonces no entiendo”.