Crímenes de Farc y Fuerza pública en norte del Cauca, el Caso 005 de la JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz se concentrará en las graves violaciones a los DD. HH. en ocho municipios del departamento por hechos ocurridos entre el primero de enero de 1993 y el primero de diciembre de 2016.

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Belkis Izquierdo y Julieta Lemaitre, magistradas de la Sala de Reconocimiento, Verdad y Responsabilidad de la JEP.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió el Caso 005 con el cual busca investigar y sancionar a los máximos responsables por las graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas, al parecer por miembros de Farc y Fuerza Pública, en el norte del Cauca, en el marco del conflicto armado.

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Esto significa que la JEP, a través de la Sala de Reconocimiento, Verdad y Responsabilidad, se enfocará en estudiar los hechos victimizantes cometidos entre el 1° de enero de 1993 y el 1° de diciembre de 2016. En ese sentido, acopiará información y llamará a versiones voluntarias a los presuntos autores de hechos cometidos Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío y Caldono. En ese momento, ellos podrán aceptar o no su responsabilidad y se someterán a las sanciones previstas en la ley.

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La sala priorizó al Cauca al considerar que su caso es representativo en el conflicto armado, “ya que en él han confluido todos los actores armados que han cometido violaciones representativas a los derechos humanos y que afectaron a grupos sociales, especialmente vulnerables (pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas)”.

Según explicó en su auto, esos municipios del departamento fueron el centro de las acciones delictivas del Bloque Occidental o Bloque Alfonso Cano de las Farc, y además se replegaron numerosos frentes que buscaban aprovechar sus características geoestratégicas para ocultarse de la fuerza pública. La población civil quedó en medio del fuego cruzado de estas acciones.

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Para abrir este caso, la Sala de Reconocimiento de Verdad revisó los hechos ocurridos el Cauca, teniendo como base los informes presentados ante la JEP por la Fiscalía, la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) y el Centro Nacional de Memoria Histórica. Entre estos hechos se incluyen casos de desplazamiento forzado, secuestros, tortura, violencia sexual, muertes producto del conflicto armado, confinamiento, siembra de minas antipersonal, reclutamiento forzado, entre otras.

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Y es que en Cauca fueron desplazadas alrededor de 100.000 personas, según el Registro Único de Víctimas, a 31 de diciembre de 2014. Asimismo, entre 2000 y 2013, en la zona conformada por el sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca, se presentaron 7.582 muertes producto del conflicto armado. En 2001, en municipios como Santander de Quilichao y Corinto la tasa de homicidios fue de 100 muertes por cada 100.000 habitantes.

En contexto

La Jurisdicción Especial para la Paz ya abrió cinco casos: el 001, sobre secuestros a manos de las Farc; el 002, que prioriza la situación de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas (Nariño); el Caso 003, sobre los denominados falsos positivos; y el caso 004 que prioriza la región del Urabá.