Justicia para la Paz

Así funcionará la Fiscalía de la JEP

Giovanni Álvarez, director de la Unidad de Investigación y Acusación, comenzará a elegir en febrero el grupo de 214 funcionarios que adelantarán las pesquisas contra los principales responsables de los crímenes cometidos durante el conflicto. Los casos de violencia de género serán prioridad.

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Giovanni Álvarez se posesionó como director de la Unidad de Investigación y Acusación. / Óscar Pérez - El Espectador

La Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ya cuenta con presupuesto para contratar a 214 personas, entre fiscales, asistentes e investigadores. Su director, Giovanni Álvarez, quien se posesionó el pasado 15 de enero, tiene una experiencia de más de 22 años en la Fiscalía General de la Nación y será el encargado de elegir a los 15 fiscales que lo acompañarán en el desafío de llevar ante la justicia a los principales responsables de los crímenes más atroces que se cometieron en medio siglo de conflicto.

La Unidad, que también es conocida como la Fiscalía de la JEP, tendrá 16 despachos. “Estos estarán divididos entre 12 fiscales delegados ante el Tribunal para la Paz, que tendrán la misma categoría de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Y cuatro fiscales delegados ante las Salas de Justicia, que serán semejantes a lo que se entiende como un fiscal delegado ante tribunal”, explicó Álvarez. Es decir, tendrán las mismas características de los funcionarios de más alto nivel en el ente investigador.

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El director de la Unidad de Investigación y Acusación sostuvo que hará la elección de los fiscales de la JEP bajo unos parámetros muy específicos. “Quiero mantener la igualdad en el número de hombres y mujeres y la representación de grupos étnicos que existe en el sistema de justicia transicional. Además se escogerá un equipo técnico jurídico que sea sensible ante las víctimas del conflicto. Son muy importantes las características de las personas que vamos a escoger, que deben estar alejadas de los intereses políticos y partidistas. La lógica de la administración de justicia exige que nos mantengamos al margen de las elecciones”.

Los doce despachos de los fiscales delegados ante el Tribunal para la Paz estarán conformados por un fiscal titular, un asistente, un fiscal asistente, que tendrá la categoría de fiscal especializado, y tres investigadores. La única diferencia de los cuatro despachos delegados ante las Salas de Justicia es que sólo contarán con dos investigadores. En total, en despachos habrá 92 funcionarios, quienes además estarán apoyados por grupos especializados de investigadores y asesores.

Giovanni Álvarez explicó que la selección de este personal se realizará de forma progresiva, pues aún hay trámites que surtir, como la creación de las normas de procedimiento y los reglamentos internos de la JEP. Sin embargo, dio a conocer que en febrero comenzará a contratar a los primeros asesores que le ayudarán a conformar el equipo de 214 personas que tendrán que encontrar la verdad judicial en los casos más representativos dentro del conflicto armado.

En diálogo con Colombia 2020, Giovanni Álvarez dijo que la labor de la Unidad de Investigación y Acusación estará enfocada en construir puentes para la reconciliación y que en su plan de trabajo tiene pensado dividir en tres grupos a los fiscales para hacer más eficaz la gestión. El primero se centrará en adelantar las pesquisas contra los excombatientes de las Farc, el segundo estará a cargo de las investigaciones contra los miembros de la Fuerza Pública y el tercero procesará a terceros civiles o agentes de Estado que voluntariamente se sometan a la JEP.

“Cómo actuar frente a los terceros responsables es un tema que se definirá en el Código de Procedimiento. Lo que creo conveniente es que, luego de recibir esa información, deberíamos comunicársela en un principio a la persona involucrada para que decida si se acoge a la JEP o a la justicia ordinaria, y ahí compulsar las copias a la Fiscalía”, señaló Álvarez. El fiscal de la JEP indicó también que la Unidad podrá abrir casos por dos vías: por orden de los magistrados o de oficio.

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“En caso de que los procesos ya estén bien documentados, las Salas de la JEP serán las encargadas de decidir sobre esas investigaciones. Sin embargo, ante la falta de información en un proceso, que los excombatientes no acepten su responsabilidad o que los magistrados consideren que aún falta verdad en alguna de las declaraciones, será la Unidad de Investigación y Acusación la que enriquezca esos procesos. Luego de ese trabajo, los fiscales de la JEP escogerían entre dos caminos: devolver los expedientes a las Salas de Justicia o acusar ante el Tribunal para la Paz a quienes no dijeron toda la verdad o no asumieron su responsabilidad”, puntualizó Álvarez.

Violencia sexual, una prioridad

Giovanni Álvarez aseguró que dentro de la Unidad creará grupos técnicos de investigación especializado. Por ejemplo, dijo que tendrá un equipo de profesiones diversas (antropólogos, sociólogos, periodistas, politólogos, entre otros) que le ayudarán a armar los contextos en los que se produjeron los fenómenos criminales. Asimismo, buscará fortalecer su labor con ingenieros ambientales que permitan entender los impactos de los crímenes ecológicos. Sin embargo, sostuvo que su principal esfuerzo estará direccionado a atender los casos de violencia de género, labor para la que designará exclusivamente a dos fiscales de la JEP, uno delegado ante las Salas y otro ante el Tribunal.

Para el director de la Unidad, es de vital importancia tener un grupo especializado en la investigación de casos de violencia de género en el conflicto y que esté capacitado para practicar dictámenes y pruebas de los hechos. En el caso de “una mujer que violaron hace 20 años es difícil encontrar pruebas físicas de lo que le sucedió. Por eso es importante hacer un trabajo técnico muy juicioso, porque las secuelas psicológicas son muy grandes y es lo que demuestra la verdad de cómo fueron afectadas las mujeres en el conflicto”, agregó Álvarez.

Si bien el Congreso dejó sin competencia a la JEP para investigar y sancionar violaciones sexuales contra menores de edad, existe una gran deuda en el país por la impunidad que ronda los casos de violencia contra la mujer dentro del conflicto. Nada más en las investigaciones por abusos sexuales contra mujeres en el marco del conflicto armado, la impunidad supera el 90 %. Es por estas cifras que entre los principales retos de la JEP está evidenciar que los cuerpos femeninos fueron utilizados como objetos de guerra para infundir terror y destruir comunidades enteras.

Álvarez insistió en que no habrá ningún choque de trenes con los procesos que actualmente adelanta la Fiscalía General de la Nación, porque, si ya existen expedientes muy documentados y avanzados, la unidad no desgastará su tiempo y se apoyará en esa gestión. “No vamos a rehacer lo que ya está hecho. Suscribiremos convenios para trabajar de forma coordinada con la Fiscalía, la Procuraduría, Medicina Legal, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas o cualquier ente del Estado, porque la ley nos lo ordena. Nosotros debemos garantizar que las investigaciones de la JEP sean robustas, pero también guardando las competencias que tenemos”, concluyó Álvarez.