Tierra y paz: inclusión social para una paz sostenible

Uno de los temas de fondo del llamado posconflicto es el agrario. Una experta lo analiza a partir de lo discutido entre Gobierno y guerrilla en la mesa de negociación de La Habana.

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Panorámica de los llanos Orientales, una de las despensas agrarias que serán trascendentales en un escenario de posconflicto.
Panorámica de los llanos Orientales, una de las despensas agrarias que serán trascendentales en un escenario de posconflicto.
Gabriel Aponte

El punto número uno de la agenda en los diálogos de paz entre la guerrilla de las Farc y el Gobierno de Colombia constata que el asunto agrario es la piedra angular para las dos partes en aras de alcanzar una paz sostenible y duradera. No atenderlo, significa perpetuar las raíces más profundas que dieron origen al conflicto armado. Sin embargo, a partir de lo acordado se abren muchas preguntas por resolver: ¿Cómo implementar estos acuerdos? ¿Qué reglas de juego deben crearse para llevarlos a cabo? ¿Cuáles de los diseños existentes no funcionan y deben transformarse?

Un primer paso para abordar estas preguntas no resueltas es realizar un diagnóstico serio de aquellas reglas de juego que permiten la concentración de las tierras o de su uso, que promueven la asignación política de los derechos de propiedad rural y que han incentivado la privatización de la seguridad. Sin duda alguna, en un país como el nuestro, que tiene un Gini rural de 0,86, que lo hace el segundo más desigual en América Latina, y un despojo de tierras que supera los ocho (8) millones de hectáreas, son varios los diseños institucionales que generan problemas y que agudizan la inestabilidad e inseguridad de los derechos en el campo.

En este sentido son muchas las “cajas negras” que aún están por develarse. Aunque existen aportes de académicos y tomadores de decisiones que analizan los mecanismos que llevan a esta asignación tan inequitativa e ineficiente, permanecen invariables en el tiempo varias de las fórmulas a través de las cuales el Estado ha planeado promover la inclusión y el desarrollo agrario, sin desenlaces favorables. Temas como el papel de los notarios, las reglas de asignación de baldíos, el papel de las autoridades locales en la acumulación y uso de las tierras para grandes terratenientes, la brecha que impone altos costos a los campesinos para lograr sus derechos sobre la tierra, son aspectos álgidos que deben revisarse en esta coyuntura. Si bien algunos podrían argumentar que no están directamente relacionados con transición hacia la paz, sí constituyen reglas de juego que han sido utilizadas en tiempos de paz y tiempos de guerra para acumular tierras, con efectos nefastos sobre la equidad y el desarrollo agrario.

 

Además de esta revisión profunda de los diseños institucionales que ya tenemos y que no están generando los efectos deseados, el siguiente paso es preguntarnos por aquello que no tenemos aún y que es fundamental para generar la inclusión social y el crecimiento agrario. Y esa es otra gran guaca que debemos desenterrar. Aquí ya existen varios consensos, tales como: la necesidad de fortalecer la institucionalidad agraria, de actualizar el catastro rural, aumentar la inyección de recursos del campo, promover una política agraria para la paz. Pero todos estos aspectos deben llenarse de contenido y aún no están resueltos los “cómo” de esa implementación. He aquí el reto, si como Estado y sociedad seguimos llenando el vino nuevo en cueros viejos para que los cueros se rompan y el vino se derrame, repitiendo otra vez los esquemas que ya implementamos y en los que hemos fracasado, o inventamos cueros nuevos, es decir, medidas que respondan a la altura de las exigencias actuales.

Algunos osados ya están haciendo propuestas que califican como “novedosas” para desarrollar las zonas rurales apartadas de Colombia (estos osados, por cierto, no han ocultado su afán para que sean aprobadas antes de la firma de la paz), me refiero al proyecto de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (Zidres). Esta iniciativa, que cursa ante el Senado, no provee una planeación a futuro de la adquisición y uso de las tierras en el país de acuerdo con sus características y potencialidades, ni promueve la inclusión y la equidad de los diversos sectores, sino que propone repetir viejos esquemas de dominio indirecto donde el Estado entrega la tarea de “desarrollar” las zonas marginales a los privados, perdiendo su papel protagónico y quedándose rezagado. En este tipo de esquemas las ventajas comparativas quedan para los “grandes” socios privados, mientras que para los pequeños campesinos quedan pequeñas ganancias a cambio de asumir todos los riesgos. Aquí el Estado ya no es garante, sino que se convierte en un Estado al margen, prestamista, subsidiador de créditos, un estado impotente ante las lógicas del mercado.

La historia de este país está llena de experiencias de dominio indirecto en las que el Estado se retira para que los privados asuman su misión. Conviene echar un vistazo a la privatización de la seguridad en manos de las Convivir; o los pobres resultados alcanzados con la reforma agraria basada en el mercado que se propuso a partir de 1994. En ambas, el Estado se volvió pequeño y perdió protagonismo, delegando en el mercado o en privados lo que no quiso proveer. ¿Por qué seguir empecinados en este tipo de proyectos y no en la creación de una política nacional del campo en la que se planee el uso y acceso de la tierra a largo plazo y en la que el Estado juegue un papel activo al promover equidad y desarrollo?

Pensar las respuestas no sólo es tarea de los actores implicados de manera directa en la negociaciones en La Habana. Por el contrario, la sociedad civil y la academia están en la obligación de aportar al debate y pueden hacerlo al comparar experiencias internacionales, al promover el análisis sobre la problemática rural en el país y al proponer posibles alternativas para la implementación de los acuerdos.

* Investigadora Asociada del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria.