Reforma al campo va por la descentralización: Aurelio Iragorri

El ministro de Agricultura explica los cambios que se introdujeron al sector con la expedición de nueve decretos.

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Aurelio Iragorri, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural.
Aurelio Iragorri, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural.
Archivo El Espectador

Hace una semana, el Gobierno expidió nueve decretos para transformar la institucionalidad del sector rural. Entre los cambios, se encuentran la liquidación del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) y la creación de la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural. (Vea: Abecé de la reforma rural).

En diálogo con este diario, el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, explica cuáles son los propósitos de esos cambios, cuándo se llevarán a cabo y si hay presupuesto para hacerlos.

¿Por qué una reforma como la que se hizo?

 

Desde 1994 hasta 2014 sólo se han sembrado 640.000 hectáreas nuevas, y hemos ido en reversa en el sector agropecuario con respecto a antes de la apertura. En los 60 la participación del sector en el PIB era casi 60%, después de la apertura pasamos a por debajo del 15% y hoy estamos con una participación del 6%. Necesitamos un plan de acción, que requería, entre otras cosas, un plan real de siembra para el país y una institucionalidad moderna, ágil, que se ajuste a los requerimientos del mercado. Los cambios se resumen en Colombia Siembra, que es la meta de sembrar un millón de nuevas hectáreas en los próximos tres años, motivados por la soberanía alimentaria del país, por la necesidad de sustituir importaciones y aumentar la exportación de los productos no tradicionales, y por el otro lado, el ajuste a la institucionalidad. El ministerio tiene que dedicarse a dictar las políticas para el sector agropecuario y transferir las funciones de ejecución (a sus instituciones adscritas).

La Ley 160 de 1994 también tenía la intención de reformar el sector. ¿Qué falló?

Es una pregunta buena para quienes estuvieron en el Gobierno antes de que llegara este. Creo que muchas cosas se quedaron en buenas intenciones, que se alejó la institucionalidad del sector en el campo. El conflicto armado afectó este proceso, al igual que la apertura, y había una necesidad de una especie de acuerdo nacional. Esperamos que se logre y en virtud de éste (acuerdo) vamos a producir alimentos, y ver quién los va a comprar. Hay que involucrar a los 48 millones de colombianos, que prefieran un menú lleno de productos colombianos. Si las buenas intenciones de las reformas hubieran funcionado los datos estadísticos que muestra el censo agropecuario habrían sido diferentes.

Habla de alcanzar un acuerdo nacional. ¿Se refiere a un acuerdo simbólico o tangible, por ejemplo, con la industria?

Tiene que ser tangible. Un acuerdo como el que logramos este semestre con el sector arrocero: definimos una tabla de precios del arroz que se les iba a comprar a los productores, que los beneficiara no solo a ellos sino a la industria molinera y a la que comercializa el arroz, y que no perjudicara a los 48 millones de colombianos cuando van a los centros de abasto. Corregimos inflación de 80%, se bajó el incremento en el costo al consumidor final al 25%, y eso se logró gracias a un acuerdo nacional. Sobre el maíz amarillo que necesita la industria de concentrados, necesitamos producir 3,4 millones toneladas. Las vamos a producir con el compromiso de que sean de buena calidad, que seamos competitivos. Necesitamos que, cuando sembremos ese maíz, resulte al precio justo, que las cantidades sean las que ellos (industria de concentrados) requieren, en la cantidad que requieren, y que así no prefieran el maíz extranjero.

La Misión Rural habló de un Confis y un Conpes para la transformación del campo. ¿Hay plata para todos estos cambios?

La asignación presupuestal ha sido la más grande que ha tenido el sector agropecuario, en promedio han sido $3 billones. El más alto había sido $1,6 billones. La Misión ha señalado que se requieren $13 billones por año no sólo del sector agropecuario sino de todos los sectores: salud, educación, vías, para poder corregir la inequidad en el campo. La Misión no era un documento de engavetar, el presidente dio la orden de ejecutarlo, además hay que complementarlo con el posconflicto. Si se firma el acuerdo de paz, tenemos que cumplir con un proceso. La paz no se siembra sólo con los 9.000 o 10.000 combatientes que tengan los grupos guerrilleros, sino con los 12 millones de personas que viven en el campo.

Otra de las recomendaciones de la Misión es un programa de cero analfabetismo en el campo, pero para eso se necesita, por ejemplo, una articulación con la cartera de Educación. ¿Se está llevando a cabo ese tipo de diálogo entre ministerios?

La obligación de articulación ya nació en el Plan de Desarrollo con la aprobación de una intervención integral en el territorio, que involucra al Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Transporte. Esa integralidad quedó concebida en la nueva Agencia de Desarrollo Rural, en donde habrá un funcionario encargado de articular las funciones del Ministerio de Agricultura con los otros ministerios. La Misión Rural habla de $13 billones, no solo del sector agropecuario, y de actuar articuladamente. Ejemplo de eso es la intervención en las vías terciarias, alrededor de las cuales están siendo sembrados los productos que necesitamos. Si las vías que se intervienen son las cercanas a esas zonas, vamos a tener mejores resultados. En definitiva, la integralidad nace en la Presidencia, se concreta normativamente en el Plan de Desarrollo, tiene la recomendación de la Misión, e institucionalmente en el Ministerio de la Presidencia y en la Agencia de Desarrollo Rural quedan establecidos funcionarios para que esa integralidad sea real.

Se creará la Dirección de Mujer Rural. ¿Qué apoyos concretos y diferenciados habrá para ellas?

Lo primero era crear la Dirección. Me reuní con la Comisión de Seguimiento del Congreso. Hay una serie de senadoras y representantes que vienen liderando la bancada de la mujer y tienen propuestas, así como también las tenemos nosotros, sobre lo que debe hacer y ser la política de mujer rural. No será solo una política de cuotas, de participación de los programas. Cuando llegué tomamos la decisión de que mínimo de 30% de las inversiones en vivienda rural debe quedar a nombre de la mujer, tituladas a su nombre. Pero no se trata solo cuotas sino una política para el sector agropecuario teniendo en cuenta las ventajas de la mujer: la agricultura familiar campesina se basa en gran medida en el trabajo de la mujer en su casa. Se trata de reconocer las labores de campo que hace la mujer, que tienen que ver con temas culturales o ancestrales, trabajos artesanales. Aunque no estén necesariamente vinculados al pensamiento tradicional de lo que es el sector agropecuario, ese complemento de ingresos ayuda a que mejore la actividad agropecuaria del país. Las apoyaremos. No me quiero adelantar pero estamos esperando la reunión en los próximos días con la bancada de mujer y de ahí saldrá, sumado a lo que tenemos en el Ministerio, el plan de acción para posicionar esa dirección de la mujer rural.

Están impulsando la siembra, pero la Misión dice que la frontera agraria tiene que parar en algún punto para frenar la deforestación. ¿Cuál será ese punto?

Uno de los (nuevos) decretos crea un órgano consultivo para el ordenamiento de la propiedad rural. Allí se definirá hasta dónde llega la frontera agrícola, la pecuaria, la de reforestación, la de minería, hidrocarburos y otras actividades. La discusión de la vocación del suelo es muy técnica y dependiendo de los niveles que necesitemos sembrar para la seguridad alimentaria del país se irá definiendo.

La Misión insiste en la necesidad de que el sector agropecuario se vuelva ambientalmente sostenible. ¿Hay un componente al respecto en esta reforma?

En la Agencia Nacional de Tierras está incluido, y en la reforma del Ministerio lo vamos a incluir. Lo que pasaba es que la agricultura y la ganadería eran enemigos del medio ambiente. Venimos trabajando con gremios y asociaciones sobre el manejo de cuencas, por ejemplo con la Federación de Cafeteros, con Fedecacao. En esto tiene un papel trascendental la juventud. De pronto ya no quieren ser agricultores pero sí les gusta ser ambientalistas, y podemos generar una nueva generación de personas del campo que nos ayuden a cuidar esas cuencas, ríos y bosques.

Una de las dudas de los campesinos con esta reforma es si realmente llegará a las regiones.

Las oficinas de Incoder eran unos tramitadores de papeles de las regiones hacia Bogotá. La Agencia de Desarrollo quedó estructurada de manera que las políticas salen del Ministerio y su desarrollo se hace en las regiones. Se formula en las regiones y por eso la agencia tiene una vicepresidencia dedicada al diálogo social, para formular proyectos. Las anteriores reformas tendieron al centralismo, pero el censo muestra que fracasó. Esta reforma se va por la descentralización.

Se crea una entidad para determinar el uso del suelo y se le da peso como entidad técnica a la UPRA. ¿Este ordenamiento, sin embargo, no podría dar la sensación de que es una camisa de fuerza para la producción? ¿Qué va a pasar con alguien que hoy tiene ganadería en un sitio que según el ordenamiento debería ser para algún cultivo?

No podemos seguir dando subsidios cada vez que hay una quiebra de un sector. El ejemplo más claro es que no puede ser que en un departamento como La Guajira, donde la gente se muere de sed, en la parte de abajo de la represa de Ranchería, se siembren tres cosechas de arroz al año. Allí no se puede sembrar arroz porque no hay el volumen de agua necesario, y el agua de la represa tendrá que darles agua a muchos municipios no solo para resolver el problema de los seres humanos que no tienen acueducto sino también de poder regar a lo largo y ancho del departamento. Como esos hay 1,5 millones de hectáreas mal sembradas. Ese orden, o camisa de fuerza si así lo quiere llamar, es una especie de camisa de orientación. Ofrecemos una serie de beneficios a las personas que quieran participar de manera voluntaria (en la reconversión). Los que quieran seguir sembrando sandías en la sabana de Bogotá que lo hagan, no nos podemos oponer porque es propiedad privada pero que cuando les vaya mal no busquen al Ministerio de Agricultura para que les atienda el desastre.

¿Hay garantías de dotación de herramientas para las personas que se quieran pasar a otro cultivo?

Si quiere sembrar esto o lo otro le decimos qué producto se le puede dar bien. En asistencia técnica ayudamos con la entrega de algunos abonos, de semillas certificadas, las cinco herramientas que contempla el plan Colombia Siembra: primero, el ordenamiento del uso del suelo. Segundo, la administración del riesgo agropecuario, con el seguro, el fondo de garantías, la cobertura de precios, en tipos de cambio. Lo tercero es la asistencia técnica. Volveremos al esquema de que no puede haber crédito sin que haya asistencia técnica. El acceso a crédito debe ser oportuno, y con tasas subsidiadas. Necesitamos comercialización, que no es sólo quién va a comprar, es solucionar el problema logístico que se tiene, promocionar la creación de empresas privadas de transporte, apoyar a las empresas para que tengan acceso a maquinaria, a tecnología y, finalmente, la educación especializada: tenemos campesinos pero no agricultores graduados, que sepan de buenas prácticas, sostenibilidad, entre otros.

¿La reforma se hizo pensando en que las Zidres van a existir?

Me encantaría responder, pero el ministro (Juan Fernando) Cristo es el encargado porque yo estoy impedido.

¿Qué ha conseguido en término concretos el plan Colombia Siembra?

El dinero lo tenemos todo, ya está en el presupuesto. Lo concreto que entregaremos en el mes de diciembre es el número de hectáreas que hemos ido acordando con los gremios. Son 100.000 hectáreas de maíz y fríjol que desde ya ofrecieron los cafeteros. Necesito que me den el plazo: hay que conseguir la tierra, acondicionarla, sembrar, con la semilla que toca, con las condiciones del clima. Esperamos a diciembre de 2016 tener sembradas, solo de maíz, soya, arroz, palma, cacao, caucho, forestales y frutales 2’493.000 hectáreas (en total, no nuevas). En 2015 tenemos 2’268.000.