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Reanudar diálogo con Eln, el clamor de los líderes sociales

Desde Catatumbo, Chocó y Arauca le piden al Gobierno Nacional no cerrar las puertas del proceso de paz porque, con seguridad, aumentará la violencia en sus territorios.

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Hacarí, Catatumbo, Norte de Santander, una de las zonas más afectadas por la presencia del Eln.
Nelson Sierra G.

En los territorios más afectados por el conflicto con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln), como Arauca, Chocó y Norte de Santander, el anuncio del presidente Iván Duque del levantamiento de la mesa de diálogo, a raíz del atentado en la Escuela de Policía General Santander en Bogotá, causó estrés y tensión entre sus habitantes. Aunque la violencia no ha cesado en estos departamentos, desde que se iniciaron las negociaciones en el gobierno de Juan Manuel Santos, tuvieron algunos días de calma y la esperanza de acabar con la guerra se coló en su cotidianidad. Luego de las declaraciones del presidente Duque, el clamor de los líderes de estas comunidades es el mismo: reanudar el diálogo con el Eln.

Sin embargo, continuar con unas negociaciones después del atentando en Bogotá, atribuido al Eln por las autoridades, en el que murieron 21 cadetes, tampoco era sencillo. Es usual que haya acciones violentas en medio de las negociaciones de paz y que, como consecuencia de ello, alguna de las partes decida levantarse de la mesa. En varias ocasiones sucedió lo mismo con la guerrilla desmovilizada de las Farc.

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No es fácil para un gobierno continuar los diálogos ante la barbarie de un ataque como el que sufrió la Policía el 17 de enero. Pero levantarse de la mesa implica la continuación de las acciones violentas, a veces hasta con mayores baños de sangre, y eso es lo que temen líderes desde las zonas más apartadas del país, las mismas contra las que la violencia suele ser más dura.

Una lideresa de Chocó, quien prefirió no revelar su nombre por seguridad, asegura que cuando estaba en marcha la mesa de paz con el Eln, las tensiones en los municipios vecinos al río San Juan aflojaron. Por eso califica de desalentadora la ruptura de los diálogos, pues las comunidades se estaban preparando para definir escenarios que fueran propicios para esos encuentros. Está tan convencida de que este es el único camino que, advierte, su comunidad reanudará las conversaciones en su territorio, pues no están dispuestos a soportar una vez más los golpes de la guerra.

En Chocó también preocupa que esta decisión del Gobierno repercuta en el incremento de los hostigamientos y asesinatos contra líderes sociales. Glady Rosa Mena, lideresa de la Fundación Comunal del Chocó, cuenta que actualmente todos los líderes comunales, sin excepción, están amenazados.

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Con este panorama y la decisión de frenar el diálogo con el Eln, en estos lugares se gesta rápidamente la incertidumbre y la zozobra. Sin contar el miedo a que empiecen los combates que habían cesado con las negociaciones. “Si el atentado ocurrió con un diálogo en pausa y en Bogotá, ¡imagínese lo que nos espera en las regiones”, agrega Mena.

Por eso le insisten al Gobierno Nacional para que evalúe la situación y tome decisiones con la cabeza más tranquila, pues, aunque no desconocen la gravedad del atentado, consideran que una ruptura les traerá más muertes y más hechos violentos, sobre todo en aquellas zonas donde la presencia del Estado es lánguida.

Esta misma angustia la comparte la zona del Catatumbo, Norte de Santander. Desde hace más de cuatro semanas, los líderes sociales le piden al Gobierno que reactive la mesa de negociación, pues han aumentado las confrontaciones entre el Eln, el Ejército Popular de Liberación (Epl) y las Fuerzas Militares.

Según Juan Carlos Quintero, líder de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), cuando la posibilidad de diálogo tambalea, la principal consecuencia es el recrudecimiento del conflicto armado, que la mayoría de las veces deriva en la violación de los derechos humanos de las comunidades indígenas y campesinas que habitan la región.

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Quintero cuenta que desde la inauguración de la Fuerza de Despliegue Rápido para el Catatumbo, en octubre del año pasado, se han incrementado considerablemente los combates. “Desde entonces hay una operación militar de cerca de 15.000 hombres en la región. No cabe duda de que empezarán las confrontaciones y que, como siempre sucede, todos estaremos en riesgo. Eso implica que también habrá mayor desplazamiento de los civiles, secuestros y víctimas por las minas antipersonal”, agrega el líder social. El año pasado, de acuerdo con las cifras de su organización, 15 personas fueron víctimas de estos artefactos y en lo corrido de 2019 han muerto dos campesinos por la misma razón.

A Quintero también le preocupa la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc. Si hay un pico de confrontaciones entre el Eln y las Fuerzas Militares, habrá dificultades para ejecutar los puntos pactados en La Habana (Cuba), como la sustitución de los cultivos ilícitos y la búsqueda de desaparecidos.

“Nadie va a poder buscar cementerios o ubicar fosas comunes. Incluso, las operaciones de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz deberán aplazarse. Nadie puede garantizarles la seguridad en estas condiciones”, explica el miembro de Ascamcat.

En la zona del Catatumbo la gente no ha podido vivir la paz, según Quintero. Por eso hoy exigen la salida negociada, pues las comunidades no quieren volver a la espiral de la desesperanza y distanciamiento con el Estado. En los últimos años, después del proceso de paz, se tejieron lazos que, aunque débiles, les permitieron volver a confiar en el aparato estatal. Para él, retomar el discurso guerrerista es desdibujar lo construido.

Otro líder de Arauca, quien también prefirió no revelar su nombre, agrega que esta decisión perjudica los lugares donde la paz empezó a consolidarse. Si bien el Eln ha estado siempre en este departamento, desde que comenzó la implementación del acuerdo y arrancó el diálogo con el Eln, se redujeron las acciones violentas: “En las estadísticas somos uno de los departamentos con bajo índice de asesinatos de líderes. También somos el que mejor adelanta la sustitución de cultivos ilícitos”. Teme que estos procesos se trunquen y por eso les pide a las dos partes conciliar unos requisitos inquebrantables que permitan continuar con las conversaciones sin percances a futuro.

Lo cierto es que buscar la paz en medio del conflicto es una quimera, dice Luis Eduardo Celis, asesor de la Red Prodepaz. Después de este quiebre, según el analista, el Estado deberá garantizar su presencia en las zonas más alejadas y afectadas por la guerra, más allá de instalar Fuerza Pública, así como la protección de los líderes y población civil, tarea que hasta hoy continúa sin cumplir en su totalidad.

El 10 de octubre de 2016, en Caracas (Venezuela) y en presencia de delegados  de los países garantes: Ecuador, Brasil, Chile, Cuba, Noruega y Venezuela, el Gobierno y el Eln anunciaron la fase pública de las negociaciones. Luego, el 7 de febrero de 2017, en Quito (Ecuador) y tras la liberación del excongresista Odín Sánchez, iniciaron los diálogos, en cabeza de Juan Camilo Restrepo, jefe de la delegación del Gobierno, y Pablo Beltrán, de la guerrilla. De ahí en adelante las partes alcanzarían a dialogar en cinco rondas sobre una agenda de seis puntos, que fue la que recibió el gobierno de Duque. 

 

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Cuando las negociaciones estaban avanzando, Guacho, disidente de las Farc, secuestró y asesinó al equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador, y el presidente de ese país, Lenín Moreno, decidió no seguir prestando su territorio para los diálogos. Las partes trasladaron la mesa a La Habana (Cuba), en donde quedó, finalmente, una delegación de la guerrilla liderada por Pablo Beltrán, Aureliano Carbonel y otros 14 integrantes a la espera de los delegados del gobierno Duque que no se sentaron a la mesa.