EL INFORME SE PRESENTA HOY EN BARRANQUILLA

Campesinos sin tierra ni agua, relatos de despojo en el Caribe

Una radiografía del campesinado en la región Caribe: cómo se organizaron y resistieron a la persecución entre 1968 y 2015 y cómo buscan hoy ser reparados colectivamente.

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Partida de las delegaciones de Magangué a Tonalá a un congreso de la ANUC. / Richard May

El miedo es el sentimiento común de muchos campesinos de la región Caribe, que comprende los departamentos de Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar, Atlántico, Cesar y La Guajira. Tierras bajas, fértiles y en su mayoría planas que no sólo han sido definidas por la violencia que las atravesó —y atraviesa— sino por el trabajo y la lucha política y social de sus gentes, que ven una razón de vida digna en la posibilidad de tener un pedacito de tierra. Es por eso que, pese al miedo, más de 350 campesinos hablaron después de años de silencio e intimidación sobre lo que vivió el movimiento campesino en la región Caribe entre 1968 y 2015.

“Aquí contamos lo que vivimos, la persecución que sufrimos, cómo diezmaron a nuestros compañeros”, dice Jairo de la Haya, campesino de Bolívar con 77 años. Uno de los integrantes del “equipo base” que lideró en las regiones la recolección de datos, memorias y documentos de Campesinos de tierra y agua, la publicación coordinada por Andrea Becerra y John Jairo Rincón que hoy presenta el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Se hará pública en un auditorio de la Universidad del Atlántico, en Barranquilla.

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“Yo vengo del campo, de ahí vienen mis padres y mis abuelos y de ahí fuimos despojados, pero la tierra es el querer, la sangre, lo que nos une”. Eso cree Jesús Barrios, de 17 años, integrante también del equipo de esta investigación. Sus palabras tienen un significado especial porque simbolizan que este asunto no es sólo de hombres y mujeres mayores sino de jóvenes que conocen su historia y esperan ver en el campo un futuro posible.

Las condiciones en las que han vivido —y viven— los campesinos de esta región dan cuenta de los motivos que los llevaron a organizarse. Una de ellos, identificados en este documento del CNMH, es que desde comienzos del siglo XX hasta la actualidad han sido campesinos sin tierra y sin agua. Esto a pesar de que han vivido y trabajado la siembra al lado de ríos, ciénagas, playones y costas.

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Sin mencionar la falta de vías, acueducto, electrificación y acceso a la salud, educación y vivienda que ha tenido —y tiene— el campo. “Lo anterior llevó a los campesinos a unirse”, señala el informe, y destaca que eso explica su enérgica vinculación a sociedades obreras, comités cívicos, juntas de acción comunal, sindicatos agrarios y de jornaleros, ligas campesinas y organizaciones de colonos.

Con la conformación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC), la lucha por la tierra se extendió por toda la región Caribe en la década de 1970. A las tomas de tierra empezaron a llamarlas “recuperaciones”, aunque la propiedad formal de estas estuviera en cabeza de otros o fueran terrenos baldíos abarcados por grandes propietarios.

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Pero desde finales de los setenta y durante los ochenta, la ANUC, que alcanzó a tener un peso político y social grande en la región, se debilitó. En algunos municipios, como Baranoa (Atlántico), Plato (Magdalena), Villanueva (La Guajira) y San Onofre (Sucre), la organización “prácticamente desapareció”. En departamentos como Magdalena, Sucre, Cesar y Córdoba se afirma que “fue arrasada debido a la persecución y la estigmatización de las luchas campesinas”.

El florecimiento de la ANUC se vio truncado por la persecución y por la división entre las líneas Armenia y Sincelejo, que, según algunos testimonios recogidos en este informe, fue promovida por el Gobierno. De acuerdo con algunos relatos, de un lado estaban quienes continuaron apoyando la autonomía de la organización campesina y la reforma agraria por las vías de hecho y del otro, los líderes que esperaban que el Gobierno aplicara la legislación agraria vigente, para entregarles las tierras. La división terminó en la persecución y estigmatización de la línea Sincelejo, y en general de los sectores campesinos distantes del Gobierno.

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En los años ochenta y noventa, en el Magdalena, Córdoba, Cesar, Sucre, La Guajira, Bolívar y Atlántico “entró a intervenir el Ejército y también se empezó a organizar el paramilitarismo en sus formas contemporáneas”, dice el informe, citando los relatos campesinos, y asegura que “la participación de estos actores en hechos violentos contra los líderes campesinos y miembros de organizaciones campesinas (como asesinatos selectivos, capturas masivas, detenciones arbitrarias, amenazas, confinamiento, masacres y desplazamiento forzado) generó daños y afectaciones como el temor, la desconfianza y la ruptura del tejido social”.

En esos años, la vida fue regulada por paramilitares, quienes, “a instancias de políticos y terratenientes, configuraron nuevos órdenes locales, a través del desplazamiento, el despojo y el abandono forzado de tierras, generando cambios en la relación con la tierra y en el uso del suelo”, señala.

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Es por estos relatos que el informe concluye que el reconocimiento de los campesinos como sujetos colectivos y de derechos sería una de las bases para su reparación y dignificación.

El valor de este tipo de publicaciones es enorme para reconstruir las verdades de quienes se quedaron, despojaron o desplazaron del campo, donde se vivieron los años más crudos y violentos del conflicto armado. Sobre todo de cara a la entrada en vigencia de la Comisión de la Verdad en el país. “Qué bueno sería poder vivir tranquilos y bien en nuestro pedacito de tierra. Por ese anhelo seguimos unidos y trabajando”, concluye Rosa Ruiz, otra líder que aportó a este trabajo y reivindica el legado de su padre campesino.

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