Víctimas de Tumaco reclaman una vida digna

Las calles del barrio Familias en Acción, de Tumaco, están hechas con madera y basura.

Cuando el nivel del océano Pacífico sube más de lo normal, los pozos sépticos del barrio Familias en Acción, en el municipio de Tumaco (Nariño), se desbordan. Los desechos se esparcen y se mezclan con el oscuro fango donde los niños juegan descalzos al fútbol. Allí, en medio del olor a heces y las enfermedades que viajan junto con la brisa marina, conviven al menos 200 familias desplazadas por la violencia de la zona rural del municipio.

Al ver las casas construidas sobre montañas de basura, cuesta creer que hasta hace diez años la zona era un manglar. Pero el ecosistema se convirtió en una víctima más de la guerra y a la Alcaldía Municipal se le desbordó el problema. La Dirección General Marítima (Dimar) ha contabilizado 33 barrios construidos en terrenos robados al mar en Tumaco. Muy pocos están parcialmente legalizados. Mientras tanto, el Gobierno Nacional ignora la magnitud de la crisis humanitaria, que engloba pobreza extrema y una creciente presencia de grupos armados.

Aun con todas esas dificultades, los habitantes del barrio Familias en Acción, en la Comuna Cinco, no se resignaron a la invisibilidad. Han ideado un microsistema político basado en la Junta de Acción Comunal y apoyado por subcomités. De esta manera impulsan proyectos productivos y buscan espacios de diálogo con la Alcaldía Municipal.

Así lo explica Lilia Martínez*, quien llegó al barrio después de que un actor armado –no se atreve a decir cuál– secuestrara a su esposo y a sus a dos hermanos. Salió de la vereda Las Brisas, al lado del río Chagüí, en Nariño, y llegó a Tumaco con sus dos hijos y otros familiares. “A los tres meses mi esposo se puso en contacto conmigo. ¡Había logrado escaparse del lugar donde estaba retenido! La alegría que sentí al escucharlo otra vez se desvaneció cuando le conté que no podíamos volver. Algunos familiares escucharon que en Familias en Acción vendían lotes baratos y aquí llegamos”.

El terreno está en bajamar, es vulnerable a tsunamis, hundimientos, no tiene servicios públicos y se inunda cada vez que sube la marea, pero era la única opción asequible para Liliana y su familia. Algo parecido pensaron otras personas que desde 2006 empezaron a tumbar el manglar y conformar el asentamiento. Hoy, nadie conoce con certeza la población del barrio, porque es un espacio informal y, debido a los conflictos entre actores armados, algunas personas se ven obligadas a huir, una vez más. La Defensoría del Pueblo de Tumaco reconoce este problema, lo llama “desplazamiento intraurbano”, pero tampoco tiene cifras específicas para dimensionarlo.

Y mientras la Alcaldía sigue buscando una solución, nuevas familias llegan a la zona huyendo de la guerra o buscando una mejor calidad de vida. “Muchos deben abandonar su tierra por la desatención del Estado, porque en sus municipios no tienen hospitales, escuelas de secundaria u oportunidades laborales”, explica el padre José Luis Mancilla, que lleva años en la zona como miembro de la Pastoral Social de Tumaco.

Otro problema del que casi nadie se atreve a hablar es la presencia de grupos armados que ejercen control en los barrios. La policía niega rotundamente la presencia de otros grupos aparte de las Farc. Así lo dice Edwin Palma, secretario de Gobierno del municipio. Pero informes de Pastoral Social afirman que en varias comunas también hay presencia del clan Úsuga y los Rastrojos. Además, en lo que va corrido del año la Secretaría de Gobierno ha registrado 42 homicidios, cinco más que en el mismo período del año pasado. “Esto podría sugerir que un nuevo actor armado está entrando al territorio”, agrega el padre Mancilla.

Y así, la violencia se mezcla con la pobreza extrema y tiene como resultado una alarmante situación humanitaria. Eso fue lo que encontró Lilia cuando llegó. El barrio no tenía vías de acceso ni una Junta de Acción Comunal. Ahora, aunque algunas cosas han cambiado, la situación sigue siendo precaria. Las familias viven en casas de tabla que se balancean sobre pilares de madera clavados en el barro y la basura. Están interconectadas por unos caminos hechos con capas de barro, madera, arena, aserrín y desechos. Algunos cuentan que, en época de elecciones, regalan basura para rellenar los caminos. “Cuando recién llegué, no había letrinas y los habitantes arrojaban sus excrementos al mar, pero la corriente los volvía a traer. Los desechos se mezclaban con el fango y causaban enfermedades y malos olores”. Ahora, aunque hay dos baños comunitarios, no parecen suficientes para todos los habitantes. Las enfermedades cutáneas y las infecciones estomacales se reproducen con facilidad.

A esos problemas se le sumaba la falta de oportunidades laborales. Conseguir trabajo en Tumaco es difícil por la falta de industria, pero además el barrio estaba geográficamente aislado del casco urbano y los oficios que agricultores como Lilia y su familia conocían, como pescar, cultivar y tejer, parecían irrelevantes en su nueva situación. “Imagínese lo desesperante que es para los jóvenes ver las necesidades de su casa y salir a buscar algo, lo que sea, para trabajar y lo máximo que encuentran es trabajo de albañil, que se paga por días”, explica Julio Rosero con enfáticos ademanes. Él es un hombre corpulento de tez oscura y manos llenas de callos por su trabajo como carpintero. Su recio temperamento e inquebrantable iniciativa lo han convertido en uno de los líderes del barrio.

Para mejorar su calidad de vida, Julio y otros líderes crearon subcomités para impulsar las metas de la Junta de Acción Comunal (JAC). Unos están encargados de dinamizar el comercio, otros la cultura, el deporte, los derechos humanos y, lo más importante pero menos avanzado: la legalización de los terrenos.

Hoy, los logros que más los enorgullecen son las microempresas que han legalizado y dinamizado durante los últimos cuatro años. Analistas del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina de Desarrollo Económico del municipio tomaron las iniciativas productivas más prometedoras y las apoyaron con recursos y talleres.

Entre los proyectos priorizados están varias asociaciones pesqueras en las que trabajan más de 200 familias. Así tienen ingresos mensuales más estables. Estas asociaciones le dieron esperanza a la comunidad. Se vieron capaces de hacerles frente a los aterradores índices de desempleo del municipio que, según cifras de la Universidad Nacional, ascienden al 72 %.

“Nos unimos para construir el embarcadero, donde podemos guardar las redes y distribuir el pescado. Nos organizamos por cuadras y designamos a un líder para cada una. Cada grupo colaboró con una jornada de trabajo y en un par de días lo tuvimos listo”, explica orgulloso Luis Alberto Grueso, presidente de la Asociación Con Dios Al Mar.

La comunidad también ha impulsado asociaciones de recolección de moluscos, la creación de peluquerías móviles, una chocolatería artesanal, un grupo de tejedoras, una ebanistería y varias tiendas de barrio. Están buscando alianzas con empresas locales para expandirse hacia el caso urbano de Tumaco.

Los proyectos productivos sirvieron como excusa para que la comunidad se uniera en pos de un objetivo común. Los líderes de cada asociación, además de impulsar los proyectos productivos, tomaron talleres sobre derechos humanos y cómo presentar proyectos a la Alcaldía Municipal. Algo muy necesario para los retos a los que se enfrentarán en el futuro: la regularización del asentamiento, todas las obras de infraestructura que ello conllevaría y la educación de los jóvenes para que no entren a los grupos armados.

La Alcaldía no ha determinado si es mejor reubicar el barrio en zona continental o acondicionar y legalizar el lote donde está. Estas decisiones son urgentes y además sentarían un precedente para la legalización de otros barrios en bajamar, que en el municipio suman 33. Sin embargo, dependen de estudios ambientales y geográficos para saber qué tan riesgoso es que las familias se queden en zona de bajamar. Todo esto es responsabilidad directa de la Dirección General Marítima (Dimar). Para eso se necesitaría la incidencia directa del Gobierno Nacional. Así lo explica Luisa Cremonese, coordinadora territorial del PNUD en Nariño. “En caso de que se decida reubicar a todas las familias, tendrían que asegurarles que puedan continuar con sus actividades productivas en el mar”, dice Cremonese.

Pero mientras eso se define, la comunidad está decidida a mejorar su situación tanto como sea posible. Algunos líderes están organizando talleres para enseñarle a la comunidad todo lo que han aprendido sobre la Ley de Víctimas, las rutas para hacer valer sus derechos y cómo influir en el gobierno municipal. Para mejorar el acceso de los jóvenes y adultos al trabajo, los presidentes de las asociaciones están ahorrando y gestionando recursos para comprar las máquinas necesarias para procesar los productos de mar. Así los venderían a un mejor precio y contratarían más mano de obra.

Otra de las metas a corto plazo es empoderar los subcomités de cultura y deporte para hacer campeonatos de fútbol con otros barrios de la comuna y dinamizar dos grupos de danzas y cantos folclóricos. De esta manera los jóvenes se alejarían de la violencia y la ilegalidad.

Este es uno de los ejemplos más crudos de lo que pasa cuando se desatienden las necesidades de los desplazados que no retornan a su territorio. Sin embargo, cuando se le pregunta a la comunidad cómo se visualizan en el año 2020, sus respuestas están llenas de esperanza. A Lilia se le iluminan los ojos y exclama: “Este barrio será hermoso. Con la paz llegarían las vías nuevas y no tendríamos que seguir rellenando los caminos cada semana. También podrían instalar el alcantarillado y el acueducto y así disminuirían las enfermedades. Nosotros seguiremos trabajando para que este sea un gran lugar para vivir. Vuelva en cuatro años y verá”.