Tres agencias para desarrollar el campo en el posconflicto

La presentación de estas tres instituciones se hizo de forma conjunta. Formalización de tierras y discusión con las comunidades, el punto de partida.

El revolcón para el sector rural y agropecuario que el Gobierno ha estado anunciando por lo menos desde hace dos años parece que finalmente empezará a sentirse este 2017 y en 2018. El próximo año, por ejemplo, el país tendría listos los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), cuya construcción quedó contemplada en los acuerdos de paz con las Farc y que estarán dirigidos a más de 160 municipios históricamente impactados por el conflicto armado.

La idea es que, por otro lado, unos 400.000 predios rurales estén intervenidos por la autoridad de tierras en regiones como La Mojana y departamentos como Antioquia y Cundinamarca, y que, por lo menos, el Gobierno empiece a rehabilitar distritos de riego que no funcionan, de los 776 que existen en el país. Esas son algunas de las tareas que se han trazado las nuevas agencias, que fueron creadas por decreto a finales de 2015 en parte para reemplazar las funciones del extinto Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) y, en parte, con la expectativa de un posconflicto.

La Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Agencia para la Renovación del Territorio (ART) y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) anunciaron algunas de sus metas a corto, mediano y largo plazo, ahora que esta nueva institucionalidad se puso en marcha, con equipo y presupuesto, justo cuando, con precisión de cronómetro, el Gobierno suprimió el Incoder. Esta última entidad fue creada en 2003, durante el gobierno de Álvaro Uribe. Su liquidación, que se ordenó el 7 de diciembre de 2015 y concluyó el 6 del mismo mes de 2016, fue una de las recomendaciones que el grupo de expertos de la Misión Rural entregó hace más de un año.

“En solo seis meses de ejecución y con $90.000 millones logramos dar acceso a tierra a 15.000 familias. Es una cifra histórica que no se había visto en un año de funciones del Incoder”, expresó Miguel Samper Strouss, director de la ANT. Para este año, los recursos disponibles rondan los $166.000 millones, y con el fin de llegar a la meta de 400.000 predios intervenidos, en marzo se iniciará el barrido, es decir, ir predio por predio estableciendo cuál es la situación de cada uno, consultando a las comunidades y formalizando.

De acuerdo con Samper, el trabajo de la entidad que lidera es esencial, no sólo porque el 60 % de la tierra rural en Colombia está en la informalidad, sino porque es indispensable para que las otras dos agencias puedan entrar en acción: si un predio no está formalizado, la oferta de la ADR y la ART no podrá llegar. La ADR tendrá un presupuesto de $290.000 millones para este año. Según su presidente, Carlos Eduardo Géchem, las prioridades serán la adecuación de tierras, que requiere cerca de la mitad de ese presupuesto, y la terminación de los distritos de riego Tesalia-Paicol, Ranchería y el Triángulo del Tolima, proyectos en ejecución desde el cuatrienio 2006-2010.

La ART, por su parte, apenas empezó a operar este año y tendrá un presupuesto de inversión de $87.000 millones, que es según su directora, Mariana Escobar, “insuficiente a todas luces para todo lo que hay que hacer. Sin embargo, el Gobierno está revisando otras fuentes de presupuesto y están también los fondos multidonantes de la cooperación que vienen a apoyar el desarrollo rural”.

El objetivo es que los PDET que la ART liderará se empiecen a formular desde las veredas, unas 8.000 aproximadamente, por lo que, para Escobar, las condiciones logísticas son uno de los principales retos, sumado al de seguridad, teniendo en cuenta los asesinatos de líderes sociales que se han presentado en los últimos meses: 111 en 2016, según Indepaz, y 11 durante lo corrido de 2017.

La meta que se ha trazado la ART es que a 2030 esté ejecutado el 100 % de los programas de desarrollo, que apuntan, por un lado, a proveer soluciones inmediatas, pero también, y sobre todo, definitivas, para el déficit de bienes y servicios públicos en las zonas que han sido afectados por el conflicto armado; a generar desarrollo económico, ambiental y productivo, teniendo en cuenta que el 70 % de los municipios priorizados para el posconflicto tiene aptitud ambiental y forestal y, finalmente, a fortalecer la institucionalidad local.

Una de las tareas pendientes y que será vital también para el desarrollo agropecuario y rural es el catastro rural multipropósito, para el cual se han llevado a cabo pruebas piloto, pero cuya fecha formal de iniciación aún no es clara. El 28 % del territorio colombiano no tiene formación catastral y el 63,9 % de lo que ya está formado, unos 722 municipios, tiene catastros desactualizados, de acuerdo con el Conpes 3859 de 2016.

Además, el destino de una figura como las zonas de interés de desarrollo rural, económico y social, cuya constitucionalidad está a punto de resolverse en la Corte, tendrá incidencia sobre la acción de las tres nuevas agencias. Las zidres, por ejemplo, ponen otras reglas de juego a la hora de acceder a baldíos de la Nación. Según Escobar, pese a que esas zonas no pasan por ningún filtro legal o administrativo de la ART, “habría que ver cómo se da la discusión de una zidres en el marco de la visión de territorio. Eso podría generar escenarios de conflicto o de aceptación de que es una de las formas en que se organiza el territorio”.