Soacha: la lucha por la tierra prometida

Hace 30 años, la montaña que está frente a la casa de Doris Libernal era verde. / Gustavo Torrijos

No hay que ir demasiado lejos de Bogotá para encontrar un problema clave en la construcción de paz después del conflicto armado: la tenencia de la tierra. Esta es la lucha diaria en Altos de la Florida, en la Comuna Seis del municipio de Soacha, fronterizo con la capital. Los habitantes impulsan un largo proceso para legalizar los predios a los que un día muchos de ellos llegaron desplazados por la violencia o la pobreza.

Huyendo de la guerra en el municipio de El Bagre (Antioquia), Doris Libernal llegó hace más de 30 años al lugar donde hoy se ubica Altos de la Florida. Le dijeron que en esa loma estaban vendiendo lotes muy baratos, casi regalados. “Yo creí que era mentira”, dice. “¿Quién iba a estar regalando lotes en la montaña?... Pero me vine a ver, con mis cuatro hijos. Unos señores me vendieron este predio, mis amigas de Soacha me regalaron pedazos de tríplex y construí este rancho. Yo era muy ágil y me puse a trabajar en lo que fuera. Saqué adelante a mis hijos. Hasta hace muy poco subía y bajaba tres veces al día”.

Cuando Doris llegó a la loma había apenas cuatro viviendas improvisadas y la colina de enfrente aún era verde. Hoy es muy distinto. Las casas se multiplicaron con varios procesos de invasión. Están casi todas hechas de lámina, madera, ladrillo y teja de Eternit, y hoy llegan casi hasta la cima del cerro. En los cuatro sectores de Altos de la Florida viven hoy alrededor de 2.500 habitantes, aunque la cifra exacta nadie la sabe, por tratarse de un espacio informal y porque siguen llegando personas desplazadas.

Las actividades industriales y extractivas también transformaron el territorio. Debido a la actividad de las ladrilleras, carboneras, polvoreras y hueseras, la montaña que se ve desde la casa de Doris parece cada vez más un desierto. No es una exageración. Lo que se ve es casi todo canteras, humo, polvo y caminos áridos por donde suben y bajan camiones y volquetas. Hay un intenso olor a hueso quemado. La afectación ambiental y los riesgos que implica (deforestación, deslizamientos, degradación de los suelos) se han vuelto una preocupación seria para la comunidad en los últimos años.

Observando este sombrío panorama, Doris dice que, en medio de todas las calamidades, la prioridad para los habitantes ha sido la legalización y titulación de sus predios. “De eso depende que lleguen aquí los servicios y todo lo que necesitamos para vivir como ciudadanos, pero en realidad... no sabemos si se va a lograr. Aquí aprendimos a callar y a esperar”.

A finales de los 80, Altos de la Florida empezó a crecer de manera descontrolada con la llegada de grupos de personas desplazadas de todas las regiones del país y del mismo municipio de Soacha. Los grandes picos de desplazamiento vinieron en los años 2001-2002 y 2007-2008, con un promedio de 4.891 personas desplazadas.

Los llamados “tierreros”, por lo general vinculados a grupos armados no estatales que controlaban —y aún controlan— partes del territorio, aprovecharon la nula presencia institucional para vender las tierras de manera ilegal a los desplazados. Con falsas promesas de compraventa engañaban a las familias de limitadas capacidades económicas. Los habitantes dicen que no era difícil conseguir un predio: lo vendían desde $200.000 y se podía pagar en cuotas o incluso se cambiaba por electrodomésticos.

La venta ilegal de tierras sigue vigente hoy, aunque los precios han subido, y por eso el barrio se ha expandido hacia espacios urbanos y rurales sin acceso a servicios públicos ni presencia institucional.

En septiembre de 2009 estaba planeado el desalojo de una parte de Altos de la Florida. A quienes vivían allí los iban a desplazar sin un plan de reasentamiento. Alexánder Torres, presidente de la Junta de Acción Comunal del tercer sector, recuerda que los líderes se enteraron del desalojo 24 horas antes de que sucediera. “La comunidad tomó la decisión de quedarse y enfrentar a las autoridades por medios violentos, si era necesario. Aquí estábamos listos para la guerra, para no dejarnos quitar lo poco que teníamos. Pero intervinieron organizaciones humanitarias y defensoras de los derechos humanos y buscamos mecanismos pacíficos para solucionar el problema. El desalojo se postergó, aunque seguimos con el miedo de que vuelvan a intentarlo”.

Esa experiencia sirvió para que la comunidad se uniera y avanzara por las vías legales para normalizar su situación. Se creó una mesa de negociación con participación de los líderes comunales y acompañamiento de agencias como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y con la Secretaría de Planeación del Municipio. Esto permitió que se aplazaran otros procesos de desalojo y que, ante la falta de servicios como acueducto y alcantarillado, se instaurara una tutela en 2010 contra la Alcaldía Municipal de Soacha. En la sentencia final, de abril de ese año, el Consejo de Estado ordenó a la Alcaldía proveer un servicio de acueducto que debía ser sostenido, con agua potable y económicamente razonable para quienes vivían en la zona, y que en cuatro meses realizara los procedimientos para definir la legalización del asentamiento.

Fue una sentencia muy esperanzadora. Alexánder y sus vecinos sabían que en cuatro meses no se iba a lograr, pero pensaron que el proceso de legalización que abriría la puerta al acueducto y el alcantarillado se aceleraría. Creyeron que con esto también llegaría infraestructura vial, un asunto muy importante para una población que en su mayoría trabaja en Bogotá en reciclaje, celaduría, cargando abastos o en el servicio doméstico en zonas del norte de la capital. En suma, esperaban que la sentencia mejorara su proceso de integración al espacio urbano.

No fue así. Seis años después, muy poco se ha cumplido. Las soluciones impulsadas por la Alcaldía Municipal no abordaron el problema estructural. Como “solución temporal”, el agua empezó a llegar en carrotanques y los habitantes a pagar por el transporte, cuando las empinadas trochas permiten que llegue. Eso hace que el valor del agua que pagan sea en muchos casos superior al valor promedio que pagan los bogotanos en estratos 1, 2 y 3. Y el agua no es potable. La “solución temporal” es la que hoy se sigue implementando. Los estudios para la construcción de una red de acueducto están retrasados. El alcantarillado tampoco llegó de manera oficial, sino que los pobladores han improvisado tubos y mangueras para evacuar aguas negras.

Apenas en diciembre del año pasado se legalizó el 49 % del segundo de los cuatro sectores de Altos de la Florida. De ese modo se beneficiaron 605 personas, aunque todavía no tienen una certificación oficial sobre su propiedad de la tierra. Las agencias humanitarias que presionan por la legalización tienen un debate técnico con la Alcaldía Municipal para que tenga en cuenta estudios más detallados de la zona y legalice áreas de riesgo medio y de riesgo alto mitigable. Mientras tanto, la mayor parte de Altos de la Florida se sigue considerando un asentamiento informal, arrojado a condiciones de marginalidad, inseguridad y pobreza.

La eventual firma e implementación de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc abre nuevas perspectivas para Altos de la Florida. El impacto de los diálogos se ha sentido con una reducción en la cantidad de personas desplazadas que llegan al asentamiento. En 2015, el número se redujo a 803, la cifra más baja en los últimos cinco años. Sin embargo, la histórica ausencia estatal sigue abriendo paso al control social y territorial por parte de grupos posdesmovilización y otros actores armados no estatales, que utilizan la zona como un corredor estratégico para el tráfico de drogas, armas y otros bienes entre Bogotá y el Sumapaz.

Aunque muy pocos se atreven a hablar de ellos, informes de la Defensoría del Pueblo indican que en las comunas Uno, Tres, Cuatro, Cinco y Seis de Soacha, el escenario de riesgo está determinado por la presencia de organizaciones que se autodenominan Águilas Negras, Bloque Capital y Rastrojos Comandos Urbanos, así como de integrantes de posibles milicias de las Farc. Los homicidios, la extorsión, el reclutamiento y la drogadicción de los jóvenes son problemas cotidianos en estas zonas, vinculados a la presencia de actores ilegales.

Con la eventual desmovilización de grupos armados como las Farc o el Eln, y la llegada del Estado a zonas que antes no controlaba, se podría acelerar el avance hacia la formalización de predios para garantizar una vida digna a los desplazados que no quieren regresar a sus tierras. Pero para personas como Doris puede ser demasiado tarde. Sus hijos ya crecieron y se fueron; a ella ya le cuesta caminar y se quiere ir, aunque sus amigos le dicen que espere, que el lote algún día se valoriza. “Y es cierto, puede pasar. Además, si usted mira bien, esta es la loma más linda que tiene Soacha”.