Radiografía de la concentración de las Farc

Aunque el Gobierno asegura que todo estará listo para que este jueves el total de las tropas guerrilleras puedan agruparse en las zonas veredales, un documento revela que son grandes los atrasos en las construcciones y en la infraestructura que requieren los puntos.

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En el municipio de Caldono, Cauca, se concentrarán la columna móvil Jacobo Arenas y el Sexto Frente de las Farc.
Archivo.

Las dificultades para el acceso a las zonas, los retrasos en la construcción de los dormitorios y la falta de infraestructura en términos de agua potable, electricidad y servicios sanitarios. Fueron varias las razones por las cuales se decidió ampliar hasta mañana el plazo para la concentración total de las tropas de las Farc en las 19 zonas veredales y siete puntos transitorios que, según lo establecido por Gobierno y guerrilla, debía darse ayer. Se trata de una operación compleja a la que además se suma el tiempo que necesitan las unidades subversivas para desplazarse en planchones, botes, lanchas, camiones, buses, mulas y a pie, desde los puntos de preagrupamiento hacia las zonas establecidas.

Según los cálculos del alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, de los 6.300 hombres de las Farc –en armas– que se espera ingresen a las zonas de concentración, 4.329 se desplazaron ayer hacia los puntos acordados, mientras que los otros 2.000 se movilizarán entre hoy y mañana. La operación logística ha sido de tal envergadura que hasta el momento ha requerido 450 camionetas, 200 camperos, 120 camiones, 30 volquetas, 100 buses, 60 chivas, 80 lanchas, 35 mulas de carga, 10 tractores y más de 15 mil raciones de alimentos.

En muchos casos, sin embargo, los trabajos en las zonas que ocuparán las estructuras guerrilleras están muy atrasados. De acuerdo con un informe elaborado por la Fundación Paz y Reconciliación, existen zonas veredales como la de Tumaco o la de Charras, en San José del Guaviare, en las que los guerrilleros no tendrían a donde llegar. El documento, presentado ayer, hace una radiografía del estado actual de cada una de las zonas y de cómo va la construcción de dormitorios, espacios comunes e infraestructura. Por ejemplo, mientras en puntos como la vereda La Plancha del municipio de Anorí (Antioquia) las zonas comunes van en un 95 % y está 100 % del material para los alojamientos, en otros, como Playa Rica (Meta) la infraestructura es inexistente y todavía no hay sistema de acueducto ni de cañería (ver gráfico).

Pero según aseguró ayer el gerente de las zonas, Carlos Córdoba, hay avances por encima del 50 % en todos los puntos, en los que además están listos los servicios básicos para los guerrilleros. “Tenemos garantizada agua potable, suficiente para el número de personas que llegan; servicios sanitarios, una cocina que incluye una estufa industrial, de 50 a 100 carpas, que no es donde se van quedar a vivir, ellos construyen los alojamientos, y 100 kits que incluyen frazada y colchoneta”, explicó.

El trabajo de investigación realizado por la Fundación Paz y Reconciliación también puso la lupa sobre otros temas claves, como lo que está sucediendo en las zonas en las que las Farc históricamente había hecho presencia y de las que han estado saliendo en el marco del proceso de concentración. “Las Farc pasarán de operar en 242 municipios a agruparse en 26 veredas, quedando libre más del 90 % del territorio que antes ocupaban. Debe recordarse que desde el pasado mes de diciembre se preagruparon en cerca de 35 puntos, lo cual significó un repliegue de las zonas tradicionales en las que operaban”, explica el documento.

De acuerdo con los resultados de la investigación, en dichos territorios se han generado cinco tipos de escenarios: zonas con presencia de Eln, zonas con presencia de bandas criminales, aumento de la delincuencia común, zonas con expresiones de disidencias de las Farc y otras con esfuerzo de recuperación del Estado.

La mayor preocupación radica en las disputas territoriales que ya se presentan por el control de zonas específicas, un fenómeno sobre el cual varias organizaciones sociales han llamado la atención. “Los riesgos de que estos espacios fueran cooptados por otros grupos siempre ha estado latente y las consecuencias de estas nuevas disputas pondrían a estos territorios ante nuevos escenarios de violencia. En la región del sur de Córdoba, el Bajo Cauca antioqueño y el Pacífico colombiano, este ocupamiento ya se ha presentado y se ha expresado en asesinatos selectivos, desplazamientos forzados e intimidación de las estructuras armadas contra la población civil”, explica Paz y Reconciliación.

Para el caso de las bandas criminales, los hallazgos de la investigación dejan claro que se trata de expresiones que han comenzado a manifestarse a través de homicidios selectivos, amenazas y panfletos, que se han expandido por todo el país. El documento resalta el caso de Tumaco que, asegura, está “al borde de una guerra civil”, pues en la zona operan una disidencia de las Farc, una estructura criminal que se autodenomina Nuevo Orden y el Clan del Golfo.

En otras regiones, como en Antioquia, puntualmente en los municipios de Ituango y Briceño, han comenzado a llegar organizaciones criminales que durante años han hecho presencia en otras zonas, como el caso de Los Pachelly, una banda adscrita a la Oficina de Envigado que al parecer trabajaría en alianza con el Clan del Golfo en esta parte del país.

El fenómeno se suma a otro que también fue motivo de análisis en el informe: la situación de seguridad de los líderes sociales en Colombia. Las cifras recopiladas señalan que tan solo en los primeros 30 días del año fueron asesinados ocho líderes (que se suman a los 93 asesinados en 2016), mientras que otros 40 fueron amenazados. Las tendencias, en estos casos, están claras, pues hay grados importantes de sistematicidad en cuanto al modus operandi, la coordinación de los hechos y características comunes de los líderes asesinados.

Con un factor agravante en el caso de los líderes de procesos de restitución de tierras: “Estas acciones estarían siendo realizadas por estructuras criminales como el Clan del Golfo, pero que han sido contratadas por agentes que están en la legalidad”, revela Paz y Reconciliación.