LOS FACTORES QUE HACEN MÁS LENTO EL PROCESO

¿Qué hay detrás de la dejación de armas?

Gobierno y Farc siguen enredándose al poner fechas fatales que no han podido cumplir. Hay razones logísticas y legales que justifican aplazar la fecha final del desarme: trámites previstos en el Acuerdo Final y la presión que ejerce la guerrilla para que el Estado les brinde las garantías jurídicas.

18_col_2020_not_02ph01_1497676030.jpg

El almacenamiento de todas las armas de las Farc en los contenedores de la ONU se retrasó una semana.
/ Fotos: Cristian Garavito

Una foto. Pareciera que parte de las dudas que tienen algunos sectores acerca del proceso de paz con las Farc se despejarían si existiese una imagen en la que se vea a los guerrilleros “entregando” o “dejando” sus armas (la discusión semántica daría para escribir tratados) y más aún cuando se pospuso una semana más el fin del proceso de desarme de las Farc.

El Gobierno ha informado que el aplazamiento (del 20 al 27 de junio) de la fecha en la que la ONU debe tener en sus contenedores el 100 % del armamento individual de los guerrilleros obedece a que el presidente Juan Manuel Santos estará de visita en Francia y Portugal hasta el 23. Pero hay otras razones que impiden que el plazo se cumpla.

Y esas razones van más allá de que las partes no quieran cumplir sus compromisos. Hay un complejo engranaje de asuntos que resolver antes de que se pueda producir la foto que muchos anhelan -y que no veremos- de los últimos guerrilleros dejando sus fusiles.

Antes de que la ONU tenga en su poder las armas de la guerrilla deben cumplirse varios trámites. El primero es que las Farc entreguen al Gobierno un listado completo de sus integrantes (guerrilleros y milicianos), incluyendo los que están privados de la libertad en cárceles dentro y fuera del país.

La elaboración de esos listados ha sido uno de los temas más complejos para la guerrilla, que por su naturaleza ha sido clandestina y durante décadas dio instrucciones a sus miembros de negar cualquier vinculación con la organización. La dinámica del proceso de paz los llevó a un escenario impensable: ahora el secretariado tiene que demostrar que miles de combatientes, milicianos y civiles sí eran de las Farc o colaboraban con sus actividades ilegales.

El listado de hombres y mujeres que se ubicaron en las zonas veredales, algo más de 7.000, son, en teoría, la parte más fácil de este proceso. Los mayores inconvenientes se han presentado en los listados de los milicianos. Según el último comunicado de la misión de la ONU expedido el viernes pasado, “a la fecha se ha reportado la llegada de 1.613 milicianos de las Farc a las 26 zonas veredales y puntos transitorios” para cumplir con el trámite de dejar su arma y recibir la certificación de Naciones Unidas. Se espera que lleguen cerca de 2.800 milicianos en total.

El Gobierno, dice el Acuerdo en el punto 3, recibirá y aceptará los listados “de buena fe y, de conformidad con el principio de confianza legítima, sin perjuicio de las verificaciones correspondientes”. 

Y es la Oficina del Alto Comisionado para la Paz la encargada de revisar, contrastar y aceptar esas listas, labor que ha tomado un tiempo adicional. En primer lugar, porque en el Gobierno hay temor de que entren “embuchados” o personas que no pertenecieron a las Farc y que quieran aprovecharse de esta oportunidad para acogerse a los beneficios, como sucedió con varios narcos durante la desmovilización de los paramilitares.

Hay que recordar que al comienzo del proceso de desmovilización de esas estructuras, tanto los jefes paramilitares como el gobierno de Álvaro Uribe Vélez hablaron de 12.000 combatientes. Al final del proceso, la cifra terminó en casi 32.000 personas que se acogieron al programa estatal. Tiempo después se confirmaría que casi la mitad de esa cifra no era real y correspondía a delincuencia común, franquicias que compraron los narcos y hasta familiares de quienes sí pertenecieron a la organización. 

Y también, porque ronda todavía por esa oficina el fantasma de la desmovilización de un falso frente de las Farc que se hizo llamar Cacica la Gaitana, el 7 de mayo de 2006, caso por el cual sigue prófugo el ex alto comisionado del gobierno de Álvaro Uribe, Luis Carlos Restrepo. Todavía se recuerda la imagen de un supuesto jefe guerrillero, Biófilo, de pelo largo, uñas limpias y camuflado nuevo, entregando su arma al lado de 60 presuntos subversivos más.

Pero además de las precauciones y prevenciones legales que deben existir, hay otras situaciones propias de la forma como operaron las Farc que dificultan la elaboración de las listas. Una es que hay cientos de combatientes que no han tenido identificación, algunos ni siquiera registro civil. Y muchos otros que incluso tienen varias identidades.

Un par de casos como el de Gildardo Rodríguez Herrera, conocido como el Señor de la camisa roja, quien según las autoridades hizo parte de la organización del capo del norte del Valle Diego Montoya Sánchez, Don Diego, y según las Farc, hace parte de su organización, también han demorado el proceso de verificación de los listados. 

Al cierre de esta edición, las Farc habían pasado al Gobierno una lista de 3.200 de sus miembros presos para que recibieran los beneficios de la Ley 1820: amnistía, libertad condicionada o traslado a la zona veredal de Mesetas, a la espera de que entre en funcionamiento la Justicia Especial para la Paz. 

Ese listado, que empezó a elaborarse desde que la dirigencia de las Farc estaba en Cuba negociadndo el Acuerdo Final, no se ha cerrado aún, porque los jefes guerrilleros siguen depurando ese listado.

Más allá de estos trámites, hay temor en las Farc a que el Gobierno no cumpla con todas las medidas de seguridad jurídica para sus excombatientes y, de alguna manera, han utilizado el proceso de dejación total de armas en las zonas y puntos transitorios como una medida de presión para que el Estado brinde todas las garantías (incluido el trámite en el Congreso de todas las normas previstas en el Acuerdo) y termine la construcción de las sedes veredales.

Aunque la mirada del país se centre, casi que exclusivamente, en la entrega de las armas, no hay que olvidar que este es un proceso integral y de reciprocidad: las Farc dejan sus armas a cambio de seguridad jurídica, de poder participar en política y de contar con un programa de reintegración en lo social y económico.

Y en este caso, el Estado tiene varios temas pendientes. Del listado de los 3.200 guerrilleros presos que las Farc pasaron, 189 han obtenido amnistía, 250 gozan de libertad condicionada y 220 están en la zona veredal de Mesetas esperando que entre a operar la JEP. Es decir, apenas el 20 % de las personas privadas de la libertad han obtenido los beneficios jurídicos que están vigentes desde diciembre del año pasado. Este es uno de los principales reclamos de la dirigencia guerrillera.

Sobre los otros puntos, sigue el reproche porque no se ha terminado de construir la infraestructura de las ciudadelas en las zonas veredales y puntos transitorios, y la expectativa porque aún no existe el programa gubernamental de reincorporación a la vida civil. Hay unos esfuerzos importantes, pero aislados, del Sena, la Universidad Nacional, entre otros, pero no hay señales de un plan elaborado con metas y presupuesto claro.

De todas maneras, con el anuncio de la ONU de que ya tiene en su poder el 60 % del armamento individual, se hace inminente el final de este proceso de desarme. Ya no será el 20 de junio, como se anunció a finales de mayo, pero podría darse el martes 27, lo que implicaría un retraso de apenas una semana.

Lo que sí ha seguido avanzando es la extracción del armamento inestable de las caletas, labor que adelantan las Farc y la ONU con el acompañamiento de la Fuerza Pública. De estos operativos aún no se conocen cifras consolidadas, pero se mantiene la fecha límite del 1° de septiembre para destruir las municiones y los explosivos, y transportar las armas a los contenedores.

Aún quedan en los excombatientes interrogantes y reclamos frente al Gobierno en otro tema muy sensible: las medidas para combatir las bandas criminales y la captura y el juzgamiento de los responsables de los asesinatos de algunos de sus miembros y familiares, y de los líderes sociales en diferentes territorios.